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Una especie migratoria puede pasar parte de su vida en aguas chilenas y el resto en alta mar. Si protegemos su hábitat solo de este lado de la frontera marítima, el esfuerzo queda incompleto. Esa realidad explica el valor del Tratado de Alta Mar, conocido como BBNJ, y por qué Chile tiene tanto que aportar a su implementación.
El tratado, vigente desde el 17 de enero de 2026, establece reglas comunes para conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales. Permite establecer áreas marinas protegidas y fija reglas para evaluar el impacto ambiental de actividades que puedan afectar esos ecosistemas. También contempla el reparto de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y la cooperación para que más países puedan investigar, formar especialistas y acceder a tecnología.
Para Chile, que fue el segundo país en ratificarlo, el acuerdo tiene una importancia concreta. La salud de nuestros ecosistemas costeros está ligada a lo que ocurre en el Pacífico abierto. Desde la Región de Coquimbo sabemos cuánto dependen del mar la pesca artesanal y el trabajo de las familias costeras. Contar con mejores datos sobre las especies migratorias y sus hábitats, y con reglas para protegerlas a lo largo de sus recorridos, ayuda a cuidar la base natural de esas actividades.
La candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del tratado es una política de Estado que el gobierno del presidente José Antonio Kast ha impulsado al más alto nivel. La Cancillería movilizó a los embajadores chilenos para sumar respaldos y promovió la postulación ante el Foro de las Islas del Pacífico. En septiembre, el Presidente presentó la candidatura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y encabezó en Nueva York un encuentro internacional para promoverla. Esa continuidad le ha permitido a Chile sostener una propuesta propia y, al mismo tiempo, buscar socios para fortalecerla.
El paso más reciente se anunció el 6 de noviembre. Chile y Bélgica, que competían por albergar la Secretaría, unieron sus candidaturas. La propuesta sitúa la sede en Valparaíso, desde donde se ejercerían sus funciones principales, incluida la puesta en marcha del mecanismo financiero. Bruselas albergaría la infraestructura física y técnica del sistema de intercambio de información, que gestionaría la Secretaría. También podría acoger reuniones de los órganos subsidiarios, conforme a lo que resuelva la Conferencia de las Partes.
La fórmula convierte a un competidor en socio y combina la proyección de Chile en el Pacífico con la capacidad de Bruselas como centro diplomático. Para Valparaíso, acoger la Secretaría abriría una oportunidad de vincular a sus universidades y centros de investigación con el trabajo del tratado. Para América Latina, significaría contar en la región con una institución desde la cual se apoyarán decisiones que afectan a todos los océanos.
La decisión corresponde a los países parte, que se reunirán del 11 al 22 de enero de 2027 en Nueva York. Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, creo que nuestro compromiso debe sostenerse también después de esa conferencia. Chile puede aportar ciencia para identificar ecosistemas que requieren protección y trabajar con otros países del Pacífico para que las medidas acordadas se cumplan. Esa es la responsabilidad que debemos estar dispuestos a asumir cuando pedimos que Valparaíso albergue la Secretaría.
