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El debate sobre el Presupuesto 2027 continúa en el Congreso con la confirmación de algunas contradicciones preocupantes. El Gobierno afirma encontrarse en “modo empleo”, sin embargo, su propuesta presupuestaria no refleja esa prioridad: dice todo lo contrario.
Este Presupuesto debilita los derechos sociales y contempla reducciones reales en áreas sensibles; todo en nombre de la responsabilidad fiscal, pese a haber aprobado previamente una megarreforma tributaria que reduce de manera significativa y permanente los ingresos del Estado, beneficiando solo a los que ya más tienen. Con ello, rápidamente dejaron en evidencia su prioridad en los más ricos, en detrimento de las mayorías.
Peor aún, pese a los recortes en programas fundamentales, el Gobierno está cada vez más lejos de cumplir su propia meta de reducción del déficit. Según las proyecciones de la propia Dirección de Presupuestos, el déficit estructural alcanzaría el 2,8% del PIB en 2030, muy por encima del 1,5% que se comprometieron a alcanzar.
El presidente Kast y el ministro Quiroz insisten en hablar de estrechez fiscal, máxima responsabilidad y contención del gasto (en las personas). Atrás quedaron las metáforas de campaña “no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista”. Para muestra: los computadores de los niños y niñas. Lamentablemente es eso y mucho más. Por eso decimos con todas sus letras que este es el Presupuesto de los recortes.
Como si fuera poco, el ministro Quiroz solicita al Congreso aprobar la autorización del mayor endeudamiento de la historia del país, por 25.600 millones de dólares, acercándonos velozmente a una deuda sobre el límite prudencial de 45% del PIB, sin que siquiera se hayan destinado recursos a la inversión estratégica del país, que podría promover nuestro desarrollo de mediano y largo plazo. Si seguimos este camino, según el Consejo Fiscal Autónomo, la deuda prudente sería superada en 2029.
No estamos hablando de una discusión abstracta ni exclusivamente contable. Estamos hablando de las posibilidades de reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de las personas, particularmente, en un escenario laboral tan duro, con más de un millón de personas desempleadas, la mayor cifra desde la pandemia.
Si vamos a las partidas concretas, resulta especialmente preocupante que los subsidios a la contratación de empleo disminuyan un 30,7%, lo que equivale a más de 58 mil millones de pesos menos. Se trata de una reducción significativa en uno de los principales instrumentos de política pública orientados a facilitar la incorporación de trabajadores y trabajadoras al empleo formal. ¿Cómo espera el Gobierno fortalecer el empleo si reduce los instrumentos destinados precisamente a promover la contratación?
La misma incoherencia se observa en materia de desarrollo productivo. El presupuesto asociado a Economía y Ciencia cae un 6,9% real. Desaparece como programa presupuestario Desarrollo Productivo Sostenible, una herramienta que permite coordinar instrumentos públicos para impulsar la transformación productiva, la innovación y resultados concretos en las empresas. En CORFO, además, encontramos recortes importantes en programas de innovación y fomento, mientras sus reintegros al Fisco aumentan desde aproximadamente 298 mil millones a 1,24 billones de pesos.
No podemos hablar de diversificar y transformar nuestra matriz productiva mientras debilitamos justamente las instituciones y los instrumentos públicos encargados de impulsar ese cambio. El desarrollo económico requiere inversión, innovación y una estrategia de largo plazo; no creer que los beneficios tributarios para los grandes patrimonios son una varita mágica (como pareció pensar nuestro Presidente al elogiar el abruptamente fracasado modelo económico paraguayo).
También hay recortes en materia de autonomía económica de las mujeres. El presupuesto del programa Mujeres Jefas de Hogar disminuye un 9,6%; en el ámbito rural, INDAP reduce sus recursos en un 13%; pone fin al convenio con PRODEMU y elimina el programa de mujeres rurales.
Además recorta el financiamiento de programas como PRODESAL (Programa de Desarrollo Local) y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Estas decisiones afectan a mujeres que ya enfrentan barreras para acceder a un empleo remunerado, sostener sus emprendimientos y generar ingresos propios. Debilitar los programas que las acompañan limita sus oportunidades y profundiza las brechas existentes.
Existe, sin embargo, una alternativa responsable y concreta que estamos planteando como una medida urgente: postergar por un año la implementación de las rebajas tributarias permanentes de la megarreforma. Esa decisión permitiría liberar prácticamente un billón de pesos durante 2027, sin modificar la meta fiscal. De acuerdo con OPES y Rumbo Colectivo, si esos recursos se destinaran a inversión pública, esta podría crecer un 9,2%, en lugar del modesto 1,6% real contemplado actualmente. Además, tendría un efecto neto positivo sobre el crecimiento económico de 0,34 puntos porcentuales del PIB.
La responsabilidad fiscal debe estar al servicio del bienestar de las personas y del desarrollo del país, no usarse como excusa para justificar recortes sociales. Cuidar los recursos públicos significa garantizar el buen funcionamiento del Estado, proteger el empleo, impulsar el desarrollo productivo y fortalecer las políticas sociales. No se trata simplemente de reducir el gasto, sino de administrar los recursos con sentido de país, definiendo prioridades que permitan mejorar la vida de las personas y construir un desarrollo sostenible.
Con alto desempleo y una economía estancada, el Ejecutivo debe corregir el rumbo: postergar por un año las rebajas tributarias y destinar esos recursos a un shock de inversión pública, con un efecto positivo en actividad económica y empleo. Si realmente queremos entrar en “modo empleo” más allá del eslogan, que el Gobierno lo demuestre con hechos reales.
