Anunció que suspendería las rebajas de condena pero volvió a firmar. En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno, Fernando Rabat estampó su rúbrica en un nuevo decreto que benefició a un homicida con una conocida carrera criminal en el interior de la región de Valparaíso.
El favorecido esta vez es Peter Andrés Rojas Gallardo (40). Su última condena fue por el asesinato de un adulto mayor de 83 años, quien —pese a darle techo y comida— fue golpeado y asfixiado en su propio dormitorio por quien supuestamente era su amigo.
Ahora, cuatro años después, el nombre del homicida vuelve a aparecer en el decreto firmado por Rabat el pasado 5 de noviembre: le redujo en diez meses su condena de cinco años de cárcel.
El documento -al que accedió Bío Bío- guarda otro detalle. También figura la firma de Josefina Soto, la flamante subsecretaria de Justicia, quien llevaba apenas seis días en el cargo tras reemplazar al primer caído tras el escándalo: Luis Silva.
El decreto que expone hoy este medio confirma que Justicia siguió concediendo rebajas de condena después de anunciar públicamente la suspensión de su tramitación.
El decreto
El documento está clasificado como reservado y en su encabezado se lee: “Otorga beneficio de reducción de condena”. Es un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, 13 días después de que anunciara públicamente la suspensión de la tramitación de las rebajas, en medio de presiones por su salida y una acusación constitucional en camino.
El beneficiado es Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado a cinco años de presidio por homicidio simple. Su condena debía terminar originalmente el 30 de agosto de 2027. Pero con la rebaja de 10 meses concedida por Justicia, la nueva fecha de cumplimiento quedó fijada para el 30 de octubre de 2026.
Para justificar la decisión, el ministerio recurrió a la misma legislación que ha estado en el centro de la crisis: la Ley 19.856, que permite reducir el tiempo de condena a quienes acreditan un comportamiento sobresaliente.
El decreto señala que la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso había acreditado que Rojas cumplía con los requisitos para acceder a la reducción.
“El ministerio no está habilitado para denegar el beneficio basándose en la gravedad del delito o en el bien jurídico protegido”, esgrimió la cartera.
El documento también lleva la firma de Josefina Soto Larreátegui, la nueva subsecretaria de Justicia, quien asumió el 30 de octubre en reemplazo de Luis Silva, en medio de la crisis por las rebajas de condena.
Soto figura firmando la transcripción del decreto, mientras Rabat lo suscribe “por orden del Presidente de la República”.
Ladrón de profesión
La carrera criminal de Peter Rojas Gallardo está registrada en un detallado informe de Gendarmería tenido a la vista por Bío Bío. Aunque no delinquió desde pequeño, su periplo delictual —desde su ingreso al bajo mundo a los 31 años— fue en franca alza.
En 2017, lo pillaron robando. Así que en mayo de ese mismo año el Juzgado de Garantía de San Felipe lo condenó por hurto simple. El castigo contemplaba, además de pena remitida por 21 días, el pago de un tercio de UTM, algo así como unos 20 mil pesos, además de pasar un año bajo libertad vigilada.
Sin embargo, no alcanzó a pasar ni seis meses cuando lo volvieron a atrapar. En noviembre de ese mismo año, el mismo tribunal lo sentenció por robo con violencia.
Los hechos se remontan a inicios de 2017, cuando Peter junto a un compañero de delitos interceptó a una mujer en medio de la noche en Catemu. Peter le tiró la cartera pero como la víctima no quiso soltarla, la atacó: le dio golpes por todo el cuerpo. Su amigo aprovechó para sacar un cuchillo. Le dio un corte en la mano y en el tirante de la cartera, con lo que lograron quitarle la especie. Al abrirla no encontraron más que documentos, una cigarrera y dinero en efectivo por 11 mil pesos.
Su escape duró poco: esa misma noche Peter y su acompañante fueron detenidos por Carabineros. Peter mantenía en su poder parte del botín y a su cómplice, entre sus vestimentas, los uniformados le encontraron el cuchillo.
Estando en la cárcel, Peter debió volver a comparecer ante la justicia por hechos anteriores a su detención. Se trata de una causa paralela por la que terminó condenado a cuatro años por un robo en lugar habitado o destinado a la habitación en calidad de frustrado.
Por el robo con violencia, Peter debía pasar seis años a la sombra de prisión, pero salió antes. Para mayo de 2022 ya estaba en la calle. O más bien, en la casa de Jorge del Carmen Frez Olivares.
El homicidio de don Jorge
La historia que hay detrás del decreto se remonta a 2022. Otra vez en la comuna de Catemu. Allí vivía Jorge del Carmen Frez Olivares, un adulto mayor de 83 años. Su muerte conmocionó a la localidad por las circunstancias en que fue descubierto su cuerpo.
Todo comenzó con un gesto de confianza. Según los antecedentes entregados entonces por la PDI, donde Jorge había conocido a Peter a través de amistades en común y algunos trabajos que hicieron juntos. Peter se encontraba en situación de calle y, por lo mismo, don Jorge le ofreció un lugar donde vivir: su propia casa.
Pero esa convivencia terminó de la peor manera. Según la investigación de la fiscalía, el adulto mayor fue atacado en su habitación. Recibió golpes y luego fue asfixiado con un cordón. Su muerte, sin embargo, no se descubrió de inmediato.
Durante semanas, los familiares de Jorge intentaron comunicarse con él. Como no tenían noticias fueron a su casa varias veces. Pero cada vez que llegaban se encontraban con Peter. Las explicaciones de él se repetían. Les decía que Jorge había salido a trabajar o que andaba en el cerro.
Mientras sus cercanos buscaban respuestas, el cuerpo de la víctima permanecía en su dormitorio, cubierto por ropa y en avanzado estado de descomposición. Fue recién el lunes 29 de agosto de 2022 cuando sus familiares decidieron ingresar a la casa a la fuerza. Allí encontraron el cadáver de Jorge.
Su cuerpo llevaba entre uno y dos meses sin vida y presentaba un elemento similar a un cordón alrededor del cuello, lo que llevó a los detectives a investigar la intervención de terceros.
Las diligencias policiales apuntaron rápidamente al hombre que había estado viviendo con la víctima: Peter. Cuando los detectives lo encontraron y llevaron hasta el cuartel de la PDI, confesó.
De acuerdo con la versión policial difundida entonces, sostuvo que había consumido sustancias que alteraron su comportamiento. El 30 de agosto de ese mismo año, Peter Rojas fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de San Felipe y quedó en prisión preventiva.
Finalmente, tres años después, el 6 de enero de 2025, fue sentenciado a cinco años de cárcel como autor de homicidio simple. Para el cumplimiento de esa pena se le reconocieron 860 días de abono, y su fecha original de término quedó fijada para agosto de 2027.
El nuevo decreto de Rabat adelantó ese plazo en diez meses, hasta octubre de 2026.
Los intentos fallidos
De acuerdo con documentos judiciales a los que accedió Bío Bío, Peter intentó obtener su libertad condicional en mayo de este año. Pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema declinaron concederle el beneficio. ¿La razón? El mismo informe de Gendarmería que revelaba los pormenores de su carrera delictual, exponía también que presentaba un riesgo medio de reincidencia. Fue la propia institución verde boldo la que estimó que era mejor dejarlo bajo los confines de su celda.
Los profesionales que lo auscultaron identificaron como factor central de sus delitos el consumo problemático de pasta base de cocaína. Si bien valoraron que estaba limpio, estimaron que su abstinencia en prisión estaba “mediada por un entorno estructurado”.
Según se desprende del peritaje, el temor era justamente que si sufría alguna recaída fuera de la cárcel podía volver a delinquir.
Peor aún: el alcaide del centro de Quillota donde estaba recluido estimó que “no era posible proyectar un cumplimiento de la pena en libertad que garantice la seguridad de la comunidad y la prevención de nuevos ilícitos”.
El portazo a la solicitud de Peter vino en dos frentes. Primero la Corte de Apelaciones de Valparaíso le negó la libertad condicional, al estimar que la comisión actuó correctamente al denegar el beneficio basado en los peritajes al interno. Y luego, la Corte Suprema ratificó la decisión con los votos de los ministros de la Segunda Sala, Manuel Valderrama Rebolledo, Leopoldo Llanos Sagristá, María Cristina Gajardo Harboe, Jorge Zepeda Arancibia y Dinko Franulic Cetinic.
Informe sin orden
Así, el 5 de noviembre recién pasado Peter volvió a la carga. Su defensor penal público ingresó un amparo ante el tribunal de alzada porteño para forzar que el Ministerio de Justicia le redujera la condena, puesto que el decreto no había sido firmado por Rabat en medio del escándalo que significó la liberación de pederastas con alto riesgo de reincidencia y de tres exagentes del Estado condenados por delitos de lesahumanidad.
Menos de 24 horas después y antes de que la corte fallara, la cartera informó que el ministro Rabat ya había concedido la reducción de condena en favor de Peter. Con esto, el condenado finalmente desistió de su ofensiva.
Según se desprende de los archivos judiciales, el responsable de un homicidio y robos varios, quedó libre.
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