El diputado Jaime Mulet emplazó a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en la aprobación de la ley que permite reducir condenas por buena conducta. En una carta dirigida a los timoneles de las colectividades, recordó que José Antonio Kast votó a favor de la normativa que hoy su Gobierno busca derogar. Además, cuestionó que la controversia se concentre en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sin revisar las responsabilidades políticas de quienes respaldaron la legislación.
La polémica por las rebajas de condenas sumó un nuevo capítulo, esta vez con un emplazamiento directo a los partidos políticos y una contradicción que involucra al Presidente José Antonio Kast.
El diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, envió una carta de 11 páginas a los timoneles de las colectividades, cuestionando las contradicciones del sistema político que han quedado en evidencia tras las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Su principal crítica apunta a que distintos sectores buscan hoy establecer responsabilidades, pese a que la Ley 19.856, que permite reducir condenas por comportamiento sobresaliente, fue aprobada en 2003 con un amplio respaldo transversal.
La normativa, impulsada durante el gobierno de Ricardo Lagos, buscaba incentivar la rehabilitación y reinserción social, pero originalmente no excluyó de sus beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores ni por violaciones a los derechos humanos.
Kast votó a favor de la ley que hoy busca derogar
Una de las contradicciones que expone Mulet involucra al Presidente José Antonio Kast, quien, cuando era diputado de la UDI, votó a favor de la legislación que hoy su Gobierno busca derogar.
De hecho, según los registros de la Cámara de Diputados, el 2 de julio de 2002 Kast respaldó la iniciativa, que fue aprobada en general por 84 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Mulet identifica tres momentos clave en la historia de la normativa: Ricardo Lagos impulsó su creación, Sebastián Piñera promovió restricciones para determinados delitos sexuales contra menores y José Antonio Kast busca ahora derogarla.
Para el parlamentario, el problema no está necesariamente en cambiar de opinión, sino en desconocer las decisiones adoptadas anteriormente.
“La responsabilidad individual cuando existe debe cobrarse, pero no puede convertirse en una excusa para eludir la responsabilidad institucional y política que nos corresponde a todos”, sostiene.
Rabat y el riesgo de “populismo”
La carta también aborda la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas.
Mulet plantea que tanto el secretario de Estado como los magistrados cuestionados deben ser investigados si existen antecedentes suficientes que justifiquen una investigación.
Sin embargo, advierte que una acusación constitucional debe sustentarse en infracciones concretas y no en consideraciones de conveniencia política.
El diputado también plantea reparos a la derogación total de la Ley 19.856, impulsada por el Ejecutivo, y advierte sobre las consecuencias de eliminar un mecanismo destinado a incentivar la rehabilitación y reinserción social.
Aunque reconoce que delitos especialmente graves requieren restricciones más estrictas, llama a revisar si el problema está en el beneficio, sus requisitos o la forma en que se aplica, antes de respaldar una derogación total por “simple populismo”.
Hacia el final de la carta, Mulet endurece sus críticas a los partidos, advirtiendo que desconocer las decisiones del pasado termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
“La política no necesita de dirigentes que se declaren permanentemente inocentes”, afirma.
Así, mientras el Gobierno busca derogar la ley y la oposición evalúa las responsabilidades de Rabat, Mulet instala otra pregunta en el debate: qué responsabilidad les corresponde a los partidos que aprobaron la normativa y que hoy cuestionan sus consecuencias.
Revisa la carta completa a continuación:
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