Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto que busca derogar íntegramente la Ley 19.856, normativa que establece la reducción de penas para personas condenadas por su buena conducta y crea un sistema de reinserción social basado en la observación de su comportamiento.
El proyecto fue presentado por Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi e Iván Flores (DC).
La iniciativa plantea eliminar este mecanismo al considerar que el comportamiento penitenciario, por sí solo, no permite acreditar que una persona haya superado los factores que incidieron en la comisión del delito ni que presente un bajo riesgo de reincidencia.
Según los antecedentes del proyecto, la normativa vigente permite descontar dos meses de condena por cada año de cumplimiento, beneficio que aumenta a tres meses anuales a partir de la mitad de la pena, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que, una vez otorgada la reducción, la condena se entiende íntegramente cumplida al descontar el tiempo correspondiente, sin que exista un periodo posterior de supervisión asociado a los meses rebajados.
En ese sentido, los autores de esta propuesta sostienen que una conducta favorable al interior de un recinto penitenciario no necesariamente equivale a una evaluación positiva del riesgo de reincidencia.
¿Qué contempla el proyecto para la reinserción social?
En concreto, el texto establece cuatro artículos. El primero deroga íntegramente la Ley 19.856, que crea un sistema de reinserción social sobre la base de la observación de buena conducta.
El segundo precisa que la derogación no modifica las penas impuestas por sentencia judicial ni afecta la libertad condicional, los permisos de salida u otros mecanismos de cumplimiento penitenciario establecidos en otras disposiciones.
El tercero impide que referencias a la normativa derogada permitan otorgar nuevas reducciones.
Finalmente, incorpora como circunstancia agravante cometer un nuevo delito durante el período de condena que había sido descontado mediante un beneficio concedido antes de la entrada en vigencia de la eventual ley. Esta disposición se aplicaría únicamente a delitos cometidos desde la entrada en vigor de la nueva normativa.