Menos fiscales para investigar, más dificultades para llevar casos a juicio y hasta la posibilidad de tener que solicitar penas más bajas en delitos sexuales graves: ese es el escenario que advirtió el fiscal nacional, Ángel Valencia, al cuestionar los recursos contemplados para el Ministerio Público en el proyecto de Ley del Presupuesto 2027.
Valencia criticó este viernes los cambios planteados por el Ministerio de Hacienda para financiar la implementación de la Fiscalía Supraterritorial y el aumento gradual de fiscales. A su juicio, las modificaciones podrían retrasar la incorporación de nuevos persecutores, justo cuando la institución enfrenta una carga de trabajo que este año superó los dos millones de denuncias.
“Menos recursos es impunidad y tenemos autoridad hoy día para afirmarlo”, advirtió Valencia, quien sostuvo que la falta de personal no solo afecta los tiempos de investigación, sino también la capacidad de la Fiscalía para llevar a juicio los delitos más graves.
Fiscal Nacional cuestiona Presupuesto 2027 para Ministerio Público
La molestia del fiscal nacional surge luego de que, el pasado miércoles, la Subcomisión Mixta de Presupuestos aprobara por unanimidad la propuesta del Ejecutivo para el Ministerio Público.
Entre los cambios se contempla eliminar la partida presupuestaria específica de la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial e incorporar esos recursos al programa principal de la institución.
Sin embargo, el principal cuestionamiento de Valencia apunta a los plazos. Según explicó, Hacienda pretende postergar la incorporación de buena parte de los fiscales considerados para la nueva unidad, lo que terminaría extendiendo el proceso de implementación.
“Se pretende por parte de Hacienda que, en el caso por ejemplo de la Supraterritorial, estos fiscales en lugar de entrar en marzo, en enero o en abril, como le dijimos a Hacienda que podía ser, dos tercios de los fiscales entran en diciembre del próximo año”, señaló.
Para el jefe del Ministerio Público, esto significa que el aumento de personal aprobado por ley avanzaría a un ritmo más lento del previsto.
“En los hechos significa que una gradualidad de dos años que acabas de aprobar recién se transforma en una gradualidad de tres. En lugar de avanzar estamos pendientes de contener de nuevo otro retroceso”, cuestionó.
Valencia aseguró que han mantenido conversaciones con Hacienda para intentar resolver las diferencias y evitar que se retrase la incorporación de los nuevos persecutores.
Más de dos millones de denuncias y fiscales insuficientes
Otro de los problemas que planteó Valencia es que, incluso con el aumento de dotación previsto para los próximos cuatro años, el Ministerio Público seguiría enfrentando dificultades para responder al creciente número de causas.
Según explicó, durante 2026 la Fiscalía recibió más de dos millones de denuncias, una carga que considera difícil de abordar con los recursos humanos actuales. “El aumento de fiscales que está previsto en cuatro años no alcanza a cubrir, por supuesto, ese aumento de causas”, afirmó.
“Lo único que estamos haciendo es reduciendo el retroceso y esta gradualidad que estaba prevista, además, la dilatan en lugar de anticiparla”, insistió.
La advertencia por los delitos sexuales grave
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Pero la crítica más dura de Valencia estuvo relacionada con las consecuencias que, según advirtió, podría tener la falta de fiscales en la persecución de delitos graves.
El jefe del Ministerio Público explicó que una dotación insuficiente puede obligar a los persecutores a optar por procedimientos abreviados en casos que podrían llegar a juicio oral. Esto, sostuvo, también puede traducirse en solicitudes de penas inferiores a las que podrían perseguirse mediante un juicio oral, debido a las limitaciones de personal para tramitar las investigaciones.
“En términos sencillos, con menos fiscales, si quisiéramos ir con más causas por delitos sexuales graves a juicio oral, tengo que ir a abreviado, tengo que pedir penas más bajas porque no tengo suficientes fiscales”, afirmó.
Su advertencia apunta a que las restricciones presupuestarias no solo tienen efectos administrativos, sino que pueden terminar influyendo en la manera en que se investigan y persiguen penalmente determinados delitos.
“Es así, menos recursos es impunidad y tenemos autoridad hoy día para afirmarlo, porque en los últimos tres años hemos conseguido, con los recursos que contamos, reducir la brecha de impunidad”, concluyó.
Por ahora, el fiscal nacional espera que las conversaciones con Hacienda permitan corregir los plazos de implementación antes de que concluya la discusión del presupuesto.
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