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El Gobierno quiere acelerar los proyectos para impedir nuevas rebajas de condena, pero enfrenta resistencia opositora a que Fernando Rabat encabece la solución. Aunque coinciden en eliminar los beneficios, sus críticos buscan evitar que la tramitación se convierta en un salvavidas político para el ministro, a días de la anunciada acusación constitucional.
La ofensiva del gobierno y las mesas de ambas cámaras del Congreso Nacional para acelerar los proyectos que eliminan las rebajas de condena para sentenciados por delitos sexuales contra menores van directo a colisionar con una estrategia opositora que podría dilatar las iniciativas ya en trámite.
La carrera por acelerar los proyectos por rebajas de condena
Fuentes de gobierno confirmaron que en el inicio del viaje presidencial, el presidente José Antonio Kast se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la cámara, Jorge Alessandri, para hacer frente común a la inminente acusación constitucional contra Fernando Rabat y para establecer una hoja de ruta para los proyectos de rebaja de pena.
Este miércoles se buscará un espacio para una sesión telemática de los comités parlamentarios, con Paulina Núñez desde Europa.
El objetivo es acordar una citación de la Comisión de Constitución del Senado para este viernes y así dinamizar el trámite de las iniciativas, que solo ha celebrado una sesión.
La apuesta del gobierno y el oficialismo tiene una doble lectura, porque también permitiría que un presionado Rabat aparezca como parte de la solución. Esto último ofrecería al Gobierno una salida política ante los cuestionamientos y también a la acusación constitucional.
El problema para Núñez y el gobierno es que se necesita unanimidad para ese entendimiento, y en el comité del socialismo democrático ya resolvieron oponerse.
¿La razón? En las oposiciones analizan que una tramitación acelerada termine favoreciendo al ministro. No hay un acuerdo explícito para bloquear los proyectos porque la diferencia no es de fondo, pero sí una coincidencia política: No sería aceptable que Rabat, a quien responsabilizan por la crisis y que está a punto de ser acusado, termine encabezando la respuesta legislativa y capitalizando su aprobación.
Una solución sin salvavidas para Rabat
El subjefe del comité del PS-PPD, Ricardo Célis, deja en claro que ningún parlamentario está en contra de eliminar estas rebajas de penas, pero señala que esto no puede servir como salvavidas para el ministro Rabat, apuntando coloquialmente, que no puede ‘hacerse el Larry’:
“Esta tramitación de ley tiene que ser pronta, pero eso no obsta que sea un salvavidas para el gobierno para hacerse el larri. Los ripios tienen que despejarse, pero que no sea este el motivo de excusa para una cuestión inexcusable que ha cometido el gobierno”.
La ambición del oficialismo es que el proyecto pueda votarse al menos en general en la sala del Senado el martes 10 de noviembre. Desde el Gobierno, incluso plantean que se podría buscar un acuerdo para que se vote tanto en general como en particular, escenario que se ve muy lejano a estas alturas.
El senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti, dijo que el deber del Congreso es poner como prioridad a las víctimas: Esto significa para él que la Comisión de Constitución tramite los proyectos con la mayor urgencia posible:
“Y la forma de poder resolverlo es que los distintos proyectos de ley que se han presentado sean tramitados con la mayor celeridad por parte de la Comisión de Constitución, que el gobierno le ponga urgencia a ellos”.
La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, mantiene que la fusión de proyectos o las diversas fórmulas que se están estudiando —que incluyen hasta derogar la ley actual— deben acelerarse sin ninguna distinción política:
“Junto a un grupo de senadores hemos presentado un proyecto de ley para ponerle un candado a los pedófilos. Espero que este proyecto avance y así evitar el dolor de las víctimas, que cada vez que sale libre un violador es un dolor adicional para que el violador se desvanece.”
Aquí aparece el rol clave del senador Vlado Mirosevic. El parlamentario liberal, que preside la Comisión de Constitución, se encuentra en Honduras hasta el viernes y su día de regreso permitiría una citación.
El senador por Arica reemplazó a Pedro Araya precisamente para trabajar colectivamente con el comité que integra y, si finalmente se rechaza el acuerdo, él respetará su resultado.
Sin embargo, Mirosevic prepara otra represalia política de mayor alcance: que cuando finalmente se reinicie la tramitación de los proyectos, se decida no citar al ministro Rabat, para que no forme parte activa de la tramitación de las iniciativas. Este sería un efecto concreto de la declaración opositora, que calificó este lunes al ministro como “interlocutor no válido”.
