El 1 de octubre, Chile incorporó por primera vez a las personas de 55 años o más al sistema permanente de subsidios a la contratación. El Subsidio Unificado al Empleo (SUE), administrado por SENCE, permite a las empresas recibir hasta un 20% de la remuneración bruta de quienes contraten en cuatro grupos prioritarios: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y, como novedad, personas desde los 55 años.
No es un detalle. Por primera vez, la política pública reconoce que la edad es una barrera de acceso al empleo comparable a las que enfrentan los jóvenes o las mujeres. La evidencia lo respalda: según el OCEC-UDP, entre junio y agosto los desocupados de 50 años o más llevaban en promedio 11,4 meses buscando empleo, frente a 7,8 meses del total. Pero el diseño del instrumento deja tres preguntas abiertas.
La primera es a quién llega. El SUE exige al menos seis meses de desempleo continuó, u ocho discontinuos, en el último año y medio, y durante su primer año, pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Es una herramienta de reinserción para personas vulnerables con desempleo prolongado. No está pensada para el profesional de 58 años que pierde su trabajo en una reestructuración, ni para retener a quienes ya están empleados.
La segunda es a quién deja fuera. El grupo de mujeres cubre hasta antes de los 55 y el de personas mayores parte justo a los 55. El resultado es una asimetría difícil de justificar: una mujer desempleada de 52 años puede acceder al subsidio; un hombre de la misma edad, no. ¿Son los 55 el umbral correcto? Los datos sugieren que no. Según cálculos del Observatorio de Longevidad Productiva con la Encuesta Nacional de Empleo del INE, entre junio y agosto los desocupados de 50 a 54 años llevaban en promedio 10,2 meses buscando empleo, frente a 7,2 meses en el tramo de 25 a 49 años. Es prácticamente la misma cifra que la del grupo de 55 a 64 (10,6 meses), que sí recibe el beneficio.
La tercera es qué puede resolver un subsidio. Abaratar la contratación ayuda cuando el obstáculo es el costo. Pero buena parte de la resistencia a contratar a personas mayores responde a supuestos sobre adaptabilidad, manejo tecnológico o proyección en el cargo, y ninguno cambia con un descuento sobre el sueldo. Si los procesos de selección siguen filtrando por edad antes de la entrevista, el subsidio puede quedar disponible y sin uso.
Hace pocos días estuvo en Chile el economista español Iñaki Ortega, autor de La revolución de las canas. En el seminario Chile 100, organizado por ILC, planteó que en Europa la preocupación por las personas mayores en el mercado laboral debería comenzar a los 45 años.
El SUE es la primera señal de que la política de empleo chilena toma nota del envejecimiento laboral. Para que sea el inicio de una agenda y no su techo, SENCE debería publicar datos de uso del beneficio por tramo de edad, las empresas revisar sus propios filtros de selección, y la discusión pública dejar de empezar a los 55 solo porque ahí empieza el subsidio. Los datos dicen que el problema llega cinco años antes.
Mariana Arellano Ogaz
Directora Observatorio de Longevidad Productiva.
Lorena Bustos Fuentes
Directora Observatorio de Longevidad Productiva.
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