El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría recibido tres advertencias sobre los costos políticos de conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales, antes de que el beneficio otorgado a 56 condenados desatara una crisis en el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
Según una investigación de Reportajes Teletrece, publicada este jueves, las alertas se produjeron entre febrero y mayo de 2026, e incluyeron reparos técnicos y políticos respecto del cambio de criterio que terminó permitiendo la aprobación de las reducciones de penas.
La primera advertencia se habría producido el 2 de febrero, durante una reunión de traspaso de mando entre Rabat y su antecesor, Jaime Gajardo. En esa instancia, el exministro le explicó que el criterio aplicado por la administración anterior era rechazar las solicitudes de rebaja de condena en casos de delitos sexuales contra menores de edad, salvo que la Corte acogiera los recursos presentados por los condenados.
De acuerdo con T13, durante ese encuentro también se revisaron documentos que establecían la necesidad de considerar la edad de las víctimas al analizar las sentencias. Según el medio, esta fue la primera alerta técnica que recibió Rabat sobre la materia.
Segunda alerta
Posteriormente, el 26 de marzo, el titular de Justicia comenzó a evaluar alternativas frente al aumento de los recursos judiciales presentados por condenados que buscaban acceder a este beneficio.
En abril, Rabat convocó a una reunión con su equipo y asesores técnicos para analizar las alternativas jurídicas disponibles. Sin embargo, en esa instancia también recibió advertencias políticas sobre las consecuencias de modificar el criterio utilizado hasta entonces.
En particular, se le habría planteado la necesidad de ponderar el aumento de los recursos judiciales frente al costo de conceder beneficios a condenados por delitos sexuales, especialmente en casos graves o de alta connotación pública. También se le habría recomendado establecer un criterio claro para fundamentar el rechazo de las solicitudes.
Pese a estas advertencias, el ministro habría priorizado los argumentos jurídicos por sobre las consideraciones políticas, manteniendo su postura respecto de la aplicación de la normativa vigente.
Advertencias no llegaron a Kast
Uno de los antecedentes que destaca la investigación es que las alertas políticas no habrían sido comunicadas al presidente José Antonio Kast.
Según T13, esto coincide con las declaraciones que el propio Rabat realizó el 22 de octubre, cuando sostuvo que el mandatario no estaba al tanto de la situación, debido a que las decisiones sobre las rebajas de condena correspondían al ministro de Justicia.
La última advertencia habría ocurrido en mayo, cuando un funcionario le planteó a Rabat que no debía avanzar en la concesión de los beneficios, considerando las consecuencias que podía generar la decisión.
No obstante, el secretario de Estado habría vuelto a invocar argumentos constitucionales para respaldar su postura.
El reportaje también señala que en La Moneda existe preocupación por el costo político que la controversia representa para el Ejecutivo, especialmente ante la posibilidad de que el ministro enfrente una acusación constitucional.
A ello se sumaría el costo económico de su defensa ante el Congreso. Según T13, el Gobierno tendría que desembolsar cerca de $17 millones para financiar un abogado que represente a Rabat frente a una eventual acusación constitucional.
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