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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió ante la Cámara las rebajas de condena otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Afirmó que su cartera solo formalizó decisiones de las comisiones evaluadoras y que revisarlas habría excedido sus atribuciones. Aunque reconoció que el procedimiento no escucha a las víctimas y que inicialmente rechazó solicitudes, no pidió disculpas ni calificó las aprobaciones como un error. También cuestionó al Congreso y al gobierno anterior por falencias en la aplicación de la ley.
—”Han sido días difíciles para este ministro de Estado”.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantuvo ante la Cámara de Diputadas y Diputados una férrea defensa de las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Pese a la evidencia en su contra, sostuvo que su cartera debía formalizar decisiones adoptadas por las comisiones evaluadoras y que volver a ponderar los antecedentes habría significado actuar fuera de sus atribuciones.
En su exposición no pidió disculpas ni reconoció como un error haber aprobado los beneficios. Sí admitió que el procedimiento tiene un vacío al no escuchar a las víctimas y reconoció que cambió su criterio inicial de rechazar solicitudes. Pero además, la autoridad reprochó al Congreso no haber resuelto los problemas de aplicación de la reforma de 2022, y aseguró —contrario a lo que señalan varios de los fallos— que su cartera estaba obligada a cumplir las resoluciones de la Corte Suprema.
También apuntó a las rebajas concedidas durante el gobierno anterior.
Ministro Fernando Rabat defendió rebajas de condena ante Sala del Congreso
El ministro Fernando Rabat comenzó respondiendo a los cuestionamientos sobre los informes de Gendarmería y la participación de las víctimas: “Durante 15 minutos hemos escuchado solamente dos reproches: ¿En qué quedó el informe de Gendarmería y qué hizo para escuchar a la víctima?”, señaló.
A continuación, enumeró reducciones otorgadas en enero, febrero y marzo de este año, antes del cambio de gobierno, a condenados por violación y abuso sexual contra menores: “¿Qué pasó durante 4 años con el informe de Gendarmería? ¿Qué pasó durante 4 años con no haber escuchado a las víctimas?”, preguntó.
El ministro también reivindicó su relación de trabajo con el Congreso pero reconoció que “Han sido días difíciles para este ministro de Estado”.
Aunque mantuvo su defensa de las decisiones que desataron la crisis más grande para el actual gobierno, Rabat admitió una falencia en el procedimiento: “No cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio al no escuchar a las víctimas”, sostuvo. Añadió que el Gobierno buscará corregirlo.
El reconocimiento estuvo referido al diseño del sistema, pero durante este pasaje de su intervención no ofreció disculpas ni calificó como un error la aprobación de las rebajas.
La tramitación de las solicitudes
Una parte central de la exposición del cuestionado ministro Rabat estuvo dedicada a explicar cómo se tramitan las solicitudes. Rabat sostuvo que el procedimiento tiene dos grandes etapas y cuatro instituciones involucradas: Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, la Seremi y el Ministerio de Justicia.
A su juicio, los cuestionamientos no estaban distinguiendo las responsabilidades de cada organismo. “Tengo claro que estamos en una instancia política”, dijo, pero añadió que “no se entiende el procedimiento de rebaja de condena”.
Según su explicación, primero Gendarmería entrega los antecedentes y la comisión tiene la competencia para evaluar el comportamiento del condenado y determinar si corresponde calificarlo como sobresaliente. Una vez emitido ese pronunciamiento, “se agota la instancia legal para ponderar el mérito de la solicitud”.
El ministro afirmó que, en la segunda etapa, la Seremi revisa los requisitos objetivos y Justicia emite el decreto: “El Ministerio de Justicia simplemente formaliza firmando el decreto respectivo para dar vida jurídica a la decisión que había adoptado con carácter de firme la Comisión Evaluadora respectiva”, sostuvo.
En simple, su defensa es que no le correspondía volver a evaluar el mérito de los antecedentes que ya había examinado la comisión. Rabat invocó los artículos 6 y 7 de la Constitución para sostener que hacerlo habría significado exceder sus atribuciones.
“Me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones, actuar fuera del ámbito de mis competencias y eso no es admisible”, afirmó.
El ejemplo de Puerto Montt
Para respaldar su explicación, leyó parte de una resolución que atribuyó a la Comisión de Puerto Montt, emitida en junio de 2026.
“Se hace presente que el postulante está condenado a delitos sexuales en contra de menor de edad. Sin embargo, la Comisión estimó no aplicar causal de exclusión debido a que la comisión del delito fue antes de la modificación de la norma”, citó.
Con ese ejemplo, Rabat sostuvo que las comisiones también se pronuncian sobre la aplicación de las exclusiones legales. El ministro no identificó al beneficiado ni entregó el número del expediente durante ese pasaje de su intervención.
Rabat cuestiona al Congreso
Rabat recordó que la reforma de febrero de 2022 incorporó una exclusión para determinados delitos sexuales contra menores, pero su reproche apuntó a que el Congreso no estableció una norma transitoria para aclarar cómo debía aplicarse a situaciones anteriores. Según afirmó, la entonces defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, había recomendado incorporar esa disposición.
“De manera unánime, en el mes de enero del año 2022 no escucha a la defensora de la niñez y no incorpora una norma transitoria que permita fijar el correcto sentido de esta disposición”, sostuvo sobre la actuación del Congreso.
También comparó la regulación de las rebajas con la libertad condicional. Cuestionó que los legisladores hubieran modificado las reglas de este último mecanismo sin efectuar cambios equivalentes en la Ley 19.856.
Entre las diferencias mencionó el momento en que deben evaluarse los requisitos y la participación de las víctimas: “Si has tenido una omisión consciente de tu deber, no puedes posteriormente reprochar que alguien haya actuado respecto de esa omisión”, afirmó.
Admite que cambió el criterio
El ministro Fernando Rabat reconoció expresamente que, al comenzar su gestión, rechazó solicitudes de reducción: “Efectivamente, una vez que llegamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, rechazamos las primeras solicitudes de rebaja de condena”, señaló.
Explicó que cambió su posición después de recibir un fallo adverso de la Suprema: “Recibo un primer recurso de amparo en donde el máximo tribunal del país me reprocha haber privado de libertad ilegalmente a un ciudadano de este país”, sostuvo.
Según su relato, el tribunal le formuló dos reproches: haber aplicado retroactivamente la exclusión incorporada en 2022 y haber vuelto a ponderar antecedentes cuyo análisis correspondía a la comisión. Rabat no identificó el rol ni la fecha de ese fallo durante la exposición.
El secretario de Estado aseguró que existen más de 430 sentencias hasta 2026 que respaldan el criterio de no aplicar retroactivamente la restricción. También cuestionó que, después de decisiones favorables de la Suprema, se hubieran dictado nuevas resoluciones que obligaron a los condenados a recurrir otra vez.
“Se desoyó una sentencia judicial del máximo tribunal”, afirmó. Añadió que “profesores de derecho administrativo, profesores de derecho constitucional no cumplieron con lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema”.
Criterio Rabat y los 36 amparos previos
Rabat afirmó que, entre mayo y octubre, se dictaron 54 decretos de reducción de condena bajo el nuevo criterio. De ellos, sostuvo, 36 contaban con recursos de amparo previos contra las comisiones evaluadoras. A partir de esos antecedentes, insistió en que debía respetar las decisiones judiciales:
“No es posible olvidar, desechar y dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema que me ordena otorgar el beneficio de rebaja de condena”, señaló.
“Si eso es incumplir la ley, señores diputados, espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué”, añadió.
Sin embargo, durante su exposición no precisó cuántos de esos 36 pronunciamientos ordenaban expresamente conceder la rebaja y cuántos exigían reconsiderar una exclusión, evaluar antecedentes o resolver una solicitud. La diferencia permite establecer qué debía cumplir Justicia en cada caso: haber recurrido previamente a tribunales no significa, por sí solo, que existiera una orden de aprobar el beneficio.
La salida que propone el ministro
El ministro cerró reivindicando la respuesta legislativa del Gobierno y contrastándola nuevamente con el período anterior: “No hemos dejado pasar 4 años”, sostuvo. Destacó que el Ejecutivo presentó un mensaje presidencial en una semana para abordar los problemas identificados.
Con ese argumento, llamó a ambas cámaras a concentrarse en la tramitación.
“Con todo respeto llamo a esta Cámara de Diputados y al Senado de la República a abocarse realmente a lo que es el problema, a abocarse a lo que es solucionar el problema”, concluyó.
