Sus seres queridos siguen desaparecidos, pero uno de los condenados por secuestrarlos recibió una rebaja de 19 meses que permitió dar por cumplida su pena. Diez familiares de víctimas de “Los 5 del 87” recurrieron contra el Ministerio de Justicia para intentar anular el beneficio concedido al exagente de la CNI, César Luis Acuña Luengo.
Las familias denuncian que la decisión se tomó sin informarles ni escucharlas. También cuestionan que no se consideraron las exigencias que, según sus abogados, deben aplicarse a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Pero la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el amparo. Consideró que los hechos denunciados no “afectaban la libertad personal ni la seguridad individual protegidas por esa acción”. No examinó si la rebaja fue legal. Este jueves, los abogados pidieron reconsiderar la decisión y, en caso de rechazo, que la revise la Corte Suprema.
El recurso tiene como antecedente el reportaje publicado por BioBioChile el 22 de octubre, que reveló el decreto firmado por Pablo Mira como ministro de Justicia subrogante. Los familiares señalan que conocieron el beneficio a través de la prensa.
Familias buscan revertir rebaja de exagente CNI César Acuña
El amparo fue presentado el 26 de octubre en representación de familiares de Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez y Gonzalo Fuenzalida Navarrete, cuatro de las cinco víctimas del caso.
Entre los recurrentes hay hermanas, una madre, viudas y un hijo. Reclaman que el Estado redujo la pena de uno de los responsables sin avisarles de la postulación ni permitirles explicar cómo les afectaría su salida anticipada. “Sus familiares y seres queridos continúan desaparecidos”, recuerdan los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos en el escrito.
Para las familias, el cumplimiento de la condena forma parte de la reparación que todavía esperan. Por eso cuestionan que se haya reducido sin su participación.
La familia de Julio Muñoz Otárola, por ejemplo, expresó su malestar mediante una declaración: “Esta determinación nos genera dolor, indignación y una legítima preocupación respecto de la justicia, la proporcionalidad de las penas y el respeto que merecen las víctimas y sus familias”.
“La justicia no puede ser indiferente al dolor de las familias”, agregaron.
Los 5 del 87
La Corte Suprema condenó a Acuña en marzo de 2017 a diez años y un día por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
Como reconstruyó el reportaje de BioBioChile, agentes de la CNI los capturaron en septiembre de 1987 para un eventual canje por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Los mantuvieron clandestinamente en el cuartel Borgoño. El intercambio nunca ocurrió. Los cinco fueron trasladados en helicóptero desde Peldehue y arrojados al mar frente a Quintay, atados a durmientes. Sus restos siguen sin aparecer.
Acuña también había sido condenado por el homicidio de Recaredo Valenzuela Pohorecky, en la Operación Albania.
Los cuestionamientos a la rebaja de condena
Los abogados sostienen que una reducción de pena por crímenes de lesa humanidad debe considerar las obligaciones internacionales del Estado. Entre otros aspectos, mencionan la conciencia del delito y del daño causado, la conducta del condenado frente a sus crímenes y el impacto de una salida anticipada en las víctimas.
Su argumento es directo: esos efectos no podían evaluarse sin informar y escuchar a las familias.
También cuestionan que el decreto sostenga que el Ministerio de Justicia no estaba habilitado para rechazar la rebaja por la gravedad del delito y el bien jurídico protegido. Según los recurrentes, esa explicación deja fuera decisiones judiciales que han respaldado negativas a beneficios para condenados por crímenes contra la humanidad.
Como ejemplo, mencionan a Patricio González Cortez, Heraldo Velozo Gallegos y José Fuentes Pastene, condenados por los mismos cinco secuestros, quienes intentaron revertir el rechazo de sus rebajas, pero sus recursos fueron desestimados por la Suprema.
Qué resolvió la Corte y qué viene ahora
La Corte declaró inadmisible el amparo porque consideró que no era la vía para revisar los hechos denunciados. No resolvió si la rebaja fue legal ni si correspondía escuchar a las familias.
Este jueves, Caucoto y Bustos pidieron revertir esa decisión. Si la Corte mantiene el rechazo, solicitaron que la Suprema lo revise. Su objetivo sigue siendo dejar sin efecto la rebaja y que Justicia rechace el beneficio:
“La judicatura chilena tiene el deber de velar por que no se produzca impunidad y, por lo tanto, debe anularse, revertirse o dejarse sin efecto esta reducción de condena entregada de modo inmerecido al sentenciado por cinco desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló Bustos a este medio.
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