Distintas autoridades de la región Metropolitana, acompañadas del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC)strong>, contra el Decreto Supremo Nº 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual introduce modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La acción, que señala la norma como inconstitucional, critica disposiciones que podrían alterar sustantivamente las condiciones de la planificación urbana. Esto mediante factores de conversión de densidad habitacional, reducciones en las exigencias de estacionamientos y mayores beneficios de constructibilidad y altura para determinados proyectos inmobiliarios.
Con la presentación del requerimiento, las recurrentes pretenden que el TC revise las disposiciones impugnadas y establezca si estas se ajustaron al marco constitucional que regula las atribuciones del Ejecutivo y las competencias municipales.
Autoridades y pobladores por requerimiento ante el TC contra decreto del Minvu
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que “un decreto no puede reemplazar la planificación de la ciudad ni el trabajo de técnicos, vecinos y autoridades locales y regionales”.
Además, señaló que apoyan el requerimiento ya que creen que la norma del Minvu es inconstitucional y que “la densificación tiene que ser planificada y equilibrada“.
A su vez, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, agregó que “en lugares donde antes se permitía cierta cantidad de departamentos, con estas modificaciones a la OGUC, se van a permitir más unidades, pasando por encima de lo que hemos planteado en los distintos planos reguladores comunales“.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri específicó que el requerimiento apunta a la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Constitución, como el número 6, 7, 32, 6 y la 118.
“Tienen que ver justamente con el principio de jurisdicción, con los límites de las competencias del Ejecutivo y las atribuciones de los municipios que aquí se han visto vulneradas con esta modificación que ha sido presentada por el Gobierno“, explicó.
La diputada Tatiana Urrutia cuestionó: “Si le quieren dar beneficios a las inmobiliarias, también tiene que darles certeza jurídica a los ciudadanos, que somos finalmente quienes habitamos la ciudad”.
Mientras que el diputado Marcos Barraza argumentó su apoyo al requerimiento afirmando que “no se puede modificar la norma general de vivienda y urbanismo vía reglamentaria sin pasar por el Congreso“, además de recalcar que en este caso “se vulnera la autonomía municipal”.
Pobladores y académicos por decreto del Minvu
Valeria Bustos, Vocera del movimiento nacional de pobladoras y pobladores, expresó que “es una medida que viene a perjudicar a las familias organizadas” y también crticó que “es un guiño, esto es un pase, este es un pase de costado que le están haciendo las inmobiliarias“.
Del mismo modo, Bustos remarcó: “La opinión de las poblaciones y los pobladores es tan válida como la de una autoridad y lo haremos saber hoy y siempre”.
Por su lado, el profesor de la Escuela de Arquitectura UC, Luis Eduardo Bresciani, planteó que con el decreto “no solamente modificando los planes reguladores en forma dramática, sino impactando en la calidad de vida“.
El premio nacional de arquitectura 2024, Cristian Castillo, cuestionó que las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) “nos va a llevar a la destrucción de la ciudad, no solo de Santiago, de cada ciudad, de cada pueblo a lo largo de nuestro territorio y eso tenemos que defenderlo”.
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