El mea culpa de José Antonio Kast por las rebajas de penas a pederastas, sumado al compromiso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de impulsar soluciones legislativas, abrió nuevas expectativas desde el oficialismo sobre las medidas que adoptará el Gobierno para enfrentar la controversia.
En tanto, algunos parlamentarios de oposición se han mostrado disconformes con las cartas del asunto que se tomaron desde el Ejecutivo.
Todo ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando el mandatario admitió que el Estado les falló a las víctimas. En la misma instancia, ratificó en su cargo al ministro Rabat, pese a los cuestionamientos que han surgido por los beneficios concedidos.
Tras las declaraciones de Kast, Rabat se reunió en La Moneda con parlamentarios oficialistas, encuentro en el que confirmó que se pondrán en discusión inmediata proyectos con los que se busca responder a la controversia.
El secretario de Estado agradeció tanto las propuestas de mejoras legislativas planteadas durante la reunión como los aportes relacionados con el funcionamiento del sistema actual, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Asimismo, adelantó que se revisarán otros aspectos, entre ellos, la implementación de sistemas que permitan interconectar la información disponible sobre estos graves hechos.
Durante la cita, los legisladores exigieron conocer qué ocurrió con las personas que accedieron a estos beneficios y cuáles fueron los argumentos que justificaron su otorgamiento. Ante esto, Rabat aseguró que recopilarán los antecedentes.
Oficialistas reconocen un error político del Gobierno
Las reacciones tras el mea culpa y los anuncios realizados han sido diversas, aunque entre los parlamentarios oficialistas predominan las expectativas respecto de las medidas legislativas que se puedan impulsar para enfrentar la controversia.
El diputado Diego Schalper (RN) calificó lo ocurrido como un error político y valoró que el mandatario haya reconocido la responsabilidad del Gobierno.
“Aquí existió un error político. Nos parece que es la primera señal que había que dar y me alegra que el presidente haya dicho algo en esa dirección: es que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para dejar sin efecto estos actos administrativos”, dijo.
En esa línea, agregó: “Yo creo que es evidente que lo que el ministro despliegue esta semana va a ser definitivo”.
Schalper no fue el único que alzó su voz luego de las declaraciones del jefe de Estado. El senador del Partido Demócratas Matías Walker manifestó que espera que los decretos sean dejados sin efecto, argumentando que “hay que pensar en las víctimas” y que “hay decretos que nunca debieron firmarse”.
“Queremos que el Ministerio de Justicia no solo haga un examen de forma, sino que haga un examen de fondo y que el ministro deba denegarlos cada vez que se intente beneficiar a excluidos expresamente en la ley, que son los condenados por delitos sexuales contra menores”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que hay que trabajar “no en echarnos la culpa uno a otros ni sacar ventajas políticas”, sino que instó a pensar en los menores vulnerados.
Por su parte, el diputado Luis Sánchez (REP) consideró que los anuncios representan un paso relevante e instó al Gobierno a avanzar con rapidez en las propuestas legislativas.
“Es importante que nos hagamos cargo y que miremos hacia adelante medidas que deben tomarse para que, como le he dicho al ministro, las distintas expresiones que hoy día vemos de este garantismo extremo le vayamos poniendo fin”, dijo.
Oposición cuestiona medidas y exige responsabilidades políticas
Desde la oposición, en tanto, las medidas anunciadas por el Gobierno no lograron apagar del todo las críticas.
La senadora Fabiola Campillai emplazó al presidente Kast a pedir la renuncia del ministro Rabat y del subsecretario de Justicia, Silva, cuestionando que ambos continúen en sus cargos.
“Si de verdad creen que el camino difícil es hacerse cargo, el primer paso es pedirles la renuncia al ministro y al subsecretario de Justicia. Rabat y Silva deben renunciar. Su presencia en el Gobierno le hace un daño profundo a las víctimas y al país”, señaló.
En la misma línea, el diputado Gonzalo Winter (FA) sostuvo que las declaraciones del mandatario no aclaran por qué se adoptaron las decisiones cuestionadas y advirtió que, hasta ahora, no se han asumido costos políticos por lo ocurrido.
“De hecho, no establece ninguna responsabilidad política. Es más, nadie, ni siquiera, sale de su cargo. Ni siquiera explican si esto fue un error o no de parte de ellos, que sería lo más básico de asumir un costo”, alertó.
De esta manera, el caso mantiene fuerte presión política, donde algunos muestran expectativas sin bajar la guardia y sin descartar acciones contra el secretario de Estado de Justicia.
Otros, en definitiva, mantienen sus cuestionamientos y expresan insuficiencia por las medidas tomadas.
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