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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Entre marzo y septiembre de 2026 se dictaron 56 decretos de rebaja, 27 por abuso sexual y 29 por violación. Diputados cuestionan la situación, destacando la gravedad y contradicción con la política gubernamental. Señalan que las rebajas no pasaron por la justicia y critican la falta de coherencia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos de rebaja de condena por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, según reveló un reportaje de Interferencia. De ellos, 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación.

La información consta en el oficio ORD. 7067, con el que la Subsecretaría de Justicia respondió una solicitud de acceso a la información del medio. En ese período, solo se rechazó una solicitud, correspondiente a un caso de abuso sexual de menor.

Ninguna de las 56 rebajas fue concedida por un recurso de amparo u otra vía judicial: las solicitudes ingresaron al ministerio y este las acogió, según el citado medio.

Otorgan rebaja de condena a sentenciados por delitos sexuales

Los antecedentes generaron cuestionamientos del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien calificó la situación como “extremadamente grave”.

“Todavía no lo puedo creer. Me parece extremadamente grave. Esto es un indulto parcial”, afirmó. El parlamentario condicionó sus críticas a la corroboración de la información y cuestionó la coherencia de estas decisiones con las señales públicas del Ejecutivo.

“Eso es extremadamente grave y va contra toda la lógica, incluso contra el discurso que ha exteriorizado públicamente el propio Gobierno, el propio ministro de Justicia, el Congreso, en fin”, agregó.

Mulet también cuestionó que las rebajas se hayan concedido sin intervención judicial.

“Rebajar condenas es indultar si se hace por el Ministerio de Justicia y no ha actuado ningún juez”, señaló.

La diputada Lorena Fries (FA) cuestionó que se promueva un endurecimiento de las condiciones para salir de prisión mientras en paralelo se conceden reducciones de condena.

“Y ahora sabemos que mientras se suben las penas para dar una señal a la ciudadanía, resulta que por otro lado, lo que están haciendo es dejándolos salir”, afirmó.

“Entonces, yo me pregunto cuál es el concepto de seguridad que tiene este gobierno si los violadores y los abusadores sexuales andan por la calle, mientras ponemos titulares de que no los vamos a dejar salir”, sostuvo.

“Yo hubiese esperado que pasen por la corte”

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) aseguró que el ministro de Justicia les explicó que la cartera ha considerado fallos anteriores para conceder las rebajas sin que los solicitantes deban recurrir previamente a tribunales.

“Lo que nos ha explicado el ministro es que hoy día, por economía procesal, en definitiva, han evitado el paso por la Corte de Apelaciones y han citado estos fallos para poder aplicar la rebaja de condena”, afirmó.

Según relató el parlamentario, antes las solicitudes eran rechazadas y luego los interesados recurrían a las cortes, que ordenaban al ministerio aplicar la reducción. Guzmán en todo caso, manifestó su desacuerdo con simplificar ese procedimiento en casos de delitos sexuales.

“Yo hubiese esperado que pasen por la corte y que sea la corte la que en razón de principios jurídicos ordenara aplicar la sanción o la rebaja de sanción sin evitar este paso”, indicó.

Consultado sobre la necesidad de legislar, el diputado sostuvo que “lo legislativo ya está resuelto” y volvió a cuestionar la decisión de acelerar las solicitudes.

“Pero entendemos que por principio de eficiencia tú quieras hacer las cosas más rápidas, pero hay situaciones como personas que han sido condenadas por violación o abuso sexual, donde creo que hacer más rápido finalmente es perjudicar a las víctimas”, concluyó.