Ronald Quiñones Quintero, ciudadano ecuatoriano imputado por homicidio por encargo y vinculado a una organización de sicarios que operaba en el Gran Concepción, quedó en el centro de la controversia luego que se conociera una orden judicial para trasladarlo desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta la cárcel de Punta Arenas.
La medida fue cuestionada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, debido a que el recinto penitenciario de Magallanes no cuenta con dependencias de máxima seguridad.
Actualmente, Quiñones permanece bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua y cumple prisión preventiva desde julio de 2025.
Pero ¿quién es el imputado cuyo eventual traslado encendió las alertas de las autoridades?
Vinculado a los “Sicarios del Gran Concepción”
Según los antecedentes, Quiñones fue detenido en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH contra una organización dedicada al sicariato en el Gran Concepción.
La indagatoria permitió detener a cinco personas, tres de nacionalidad chilena y dos ecuatorianos, entre ellos Quiñones.
De acuerdo con la investigación, los ciudadanos chilenos habrían contratado a los ecuatorianos para cometer homicidios por encargo.
La organización, cuyos integrantes han sido denominados como los “Sicarios del Gran Concepción”, es investigada por delitos de homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas.
Entre los hechos que se les atribuyen se encuentra el asesinato de un hombre ocurrido el 1 de junio de 2025 en las afueras de una discoteca de Concepción.
A ello se suman dos homicidios frustrados registrados en julio de 2025 en el sector Palomares de la capital regional del Bío Bío.
Quiñones permanece en prisión preventiva desde ese mismo mes.
El traslado que desató la controversia
El caso volvió a cobrar notoriedad luego que una orden judicial dispusiera trasladar al imputado desde Rancagua hasta Punta Arenas, a solicitud de su defensa.
Arrau cuestionó la resolución, señalando que Gendarmería había advertido que el recinto de destino no dispone de dependencias de máxima seguridad.
“Esta decisión de la justicia pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”, afirmó el ministro.
A las críticas se sumó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien ofició al Ministerio de Justicia para solicitar que el traslado no se concrete mientras no existan las condiciones necesarias de infraestructura, seguridad y resguardo.
“Bajo ningún punto de vista un criminal de estas características puede estar en nuestra cárcel”, sostuvo el jefe comunal.
El alcalde pidió que la medida sea reestudiada y cuestionó que se pretenda trasladar hasta un recinto sin condiciones de máxima seguridad a una persona vinculada a una investigación por crimen organizado.
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