Duros cuestionamientos realizaron las autoridades por el traslado de Ronald Quiñones Quintero, imputado ecuatoriano vinculado a sicariatos en el Gran Concepción, desde el Complejo Penitenciario de Rancagua a la cárcel de Punta Arenas, en la región de Magallanes. El alcalde Claudio Radonich pidió al Ministerio de Justicia revertir la medida.
Fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien a través de X cuestionó la orden judicial que ordenó el traslado de penal del imputado que enfrenta cargos por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas.
Arrau advierte riesgo de seguridad penitenciaria
La autoridad de gobierno enfatizó que el sujeto permanece “bajo un régimen de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario de Rancagua. Sin embargo, una orden judicial obliga a trasladarlo a la cárcel de Punta Arenas, a solicitud de su defensa, pese a que Gendarmería informó que ese penal no cuenta con dependencias de máxima seguridad, apelando infructuosamente a la medida”.
Arrau dijo que “esta decisión de la justicia pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”.
“Cuando una decisión judicial hace oídos sordos a los informes técnicos de Gendarmería, debilita el orden y la segmentación que necesitamos en las cárceles, favoreciendo que los recintos penitenciarios sigan siendo escuelas del delito”, agregó.
Alcalde de Punta Arenas acusa contradicción de la justicia
El traslado también causó molestia en el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien ofició al Ministerio de Justicia para “no materializar el traslado de imputado de alta peligrosidad”.
“Como autoridad comunal y en representación de los habitantes de Punta Arenas, considero necesario solicitar que se adopten todas las medidas administrativas y jurídicas que correspondan para evitar que dicho traslado se concrete, mientras no existan las condiciones penitenciarias, de seguridad y de resguardo necesarias para recibir a una persona de estas características”, se lee en el oficio.
En el escrito se fundamenta que “Punta Arenas es una ciudad que ha experimentado un importante crecimiento y que requiere que las decisiones relativas al sistema penitenciario consideren de manera especial las capacidades reales de infraestructura, seguridad y dotación existentes en el territorio”. Por ello, estiman que “cualquier traslado de un imputado de alta peligrosidad sea precedido por una evaluación técnica integral y que esta determine que el recinto de destino cuenta efectivamente con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad penitenciaria y de la comunidad”.
Posteriormente, a través de un audio, el alcalde reconoció que el traslado de Ronald Quiñones “nos ha sorprendido”. “A este tema le decimos no. Bajo ningún punto de vista un criminal de estas características puede estar en nuestra cárcel”.
“Es totalmente contradictorio que, mientras se indica que hay que aislar a estas personas que son cabecillas o pertenecen al crimen organizado, se quiera pretender traer a una de estas personas como casi haciendo una sucursal de lo que pasa en muchas cárceles del norte del país”, subrayó.
El jefe comunal pidió y exigió que “esto sea reestudiado y que también seamos coherentes con lo que se dice y con lo que se hace. Tenemos que aislar a esta gente y no expandir finalmente su influencia, que es tan nefasta para todos los chilenos”.
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