El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, nos recita un mantra de contención fiscal: los ciudadanos deben apretarse el cinturón por el estancamiento económico. Lo hace desde la comodidad de los despachos de Teatinos 120, con una lógica corporativista que traspasa al consumidor final todo el costo de las alzas de la bencina, sin tocar un solo ápice de la rentabilidad del Estado.

El panorama de la bencina no se explica únicamente por la turbulencia internacional, también refleja un cobro que asfixia el bolsillo de la gente. Mientras la ciudadanía ve cómo el alza del combustible encarece el transporte y toda la canasta básica, y alimenta una espiral inflacionaria que golpea con más fuerza a las familias de menores ingresos, las arcas públicas sonríen. El Fisco recauda más IVA a medida que se dispara el precio en el surtidor, y la estatal ENAP reporta utilidades récord: más de 1.100 millones de dólares a septiembre, con saltos interanuales superiores al 110%.

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Pongámoslo en términos simples, mirando la realidad mensual de los González. Con dos hijos en edad escolar y un presupuesto muy justo, cada vez que pasan por el surtidor para ir a trabajar o llevar a los niños al colegio absorben un sobreprecio de más de $25.000 al mes. Pero el golpe no termina ahí; el diésel que mueve a los camiones que llevan verduras y frutas a Lo Valledor y a las panaderías de barrio encarece el flete de esos alimentos. Entre bencina, pan, verduras y cilindro de gas licuado, a los González se les van $86.000 adicionales al mes, fuera de presupuesto, simplemente por sobrevivir. Es un golpe silencioso de más de $1.000.000 al año.

Lo de los González no es una anécdota, sino el espejo de lo que ocurre en todo el país. En septiembre la inflación llegó a 4,1% a doce meses, y los combustibles están en el centro de esa alza, en lo que va del año la gasolina acumula un aumento de 20,8% y el diésel, de 36,8%. Solo en septiembre el diésel subió 10,2%, mientras las papas aumentaban 8,6% y las lechugas 10,5%. Es la cadena que describimos más arriba, del surtidor al flete y del flete a la mesa, convertida en cifras del INE.

Y todo esto ocurre en el peor momento posible. La tasa de desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, su nivel más alto desde 2021, con más de un millón de personas sin trabajo y 1,1% menos ocupados que hace un año. No estamos ante una inflación que nace de una economía recalentada, donde sobra plata y falta oferta, sino ante un sobreprecio que se instala en un país con menos gente trabajando y menos ingresos para pagarlo. Pedirle que se apriete el cinturón a quien perdió su empleo, o a la familia que depende de él, es pedirle que ajuste algo que ya no tiene holgura. Cada peso que se va al surtidor es un peso que no se gasta en el comercio de barrio, lo que puede terminar profundizando justamente el estancamiento que el ministro dice combatir.

¿Y adónde va a parar ese esfuerzo? Mientras los González recortan gastos en salud, en vestuario o en un simple momento de esparcimiento, el Estado recauda un IVA inflado y ENAP celebra las ganancias más abultadas de su historia, calculadas con los precios de refinación de la Costa del Golfo de Estados Unidos como referencia. Se cumple así, en pleno siglo XXI, la advertencia de Santiago 5:4: “Así que ¡escuchen! Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los Ejércitos Celestiales”. El trabajador cuyo esfuerzo cotidiano se retiene en beneficio de unos pocos clama, mientras en las alturas del poder apenas se lo escucha.

La respuesta oficial parece obedecer a una visión puramente tecnocrática, los costos se traspasan íntegramente a los ciudadanos, pero las utilidades de las empresas del Estado quedan blindadas. En buen chileno, le piden a la gente que cierre la boca y sufra la dieta, mientras el Fisco engorda al chancho.

Lo gracioso es que esta retórica de austeridad, puesta frente a la vida cotidiana, recuerda la frase de Lord Farquaad en Shrek: “Algunos de ustedes puede que mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a realizar”. Pronunciada con toda holgura desde un balcón lejos del peligro, la escena retrata a la perfección la postura del ministro Quiroz, que le exige resiliencia al camionero, al repartidor y a la dueña de casa mientras el aparato público se frota las manos con los excedentes de los combustibles y la recaudación impositiva.

No se puede pedir disciplina económica a la ciudadanía, con casi uno de cada diez chilenos que quiere trabajar y no encuentra empleo, cuando el propio Estado actúa con un afán recaudador encubierto, a costa del poder adquisitivo de las personas. Si el ministro Quiroz pretende que el esfuerzo de ajustar el presupuesto familiar sea legítimo, la austeridad debe partir por casa, las empresas estatales y el IVA sobre los insumos básicos no pueden seguir siendo un manotazo directo al bolsillo de quienes hoy apenas llegan a fin de mes.

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