Tribunal rechaza demanda de exfuncionario de Santiago por presunto despido político en el municipio

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la demanda de un exfuncionario de la Municipalidad de Santiago tras ser despedido presuntamente por su estado de salud mental y razones políticas.

El extrabajador el municipio, quien prestó servicios desde el 2 de mayo de 2022 en la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria en calidad de funcionario a contrata y en marzo de 2023 asumió internamente la jefatura del Departamento de Administración y Planificación, fue desvinculado de que se extendiera un reposo médico por 30 días a raíz de una crisis ansiosa severa ocurrida el 2 de diciembre de 2024.

En ese contexto, tras renovarse su liencia por el mismo periodo el 1 de enero de 2025, el 3 de enero se parcató de que su remuneración de diciembre no había sido depositada y, tras consultar a la Directora de Control, esta le informó verbalmente que “su contrata no había sido renovada“.

Por ello, el demandante acusó que el municipio no le notificó formalmente esa decisión y que el cese de su contrata constituyó “un acto discriminatorio fundado en su estado de salud mental y en razones política“.

En la misma línea, pidió una indemnización especial de $51.733.682, equivalente a 11 remuneraciones; $20.000.000 por daño moral, y los haberes correspondientes a enero ($4.703.062) y febrero ($3.222.897)de 2025.

Tribunal rechaza demanda de exfuncionario de Santiago por presunto despido político

Por su parte, dicho tribunal civil rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, señalando que la “decisión de no renovar su contrata no vulneró su derecho a la integridad psíquica ni constituyó un acto discriminatorio fundado en motivos políticos o de salud“.

Asimismo, no se acogió la demanda subsidiaria de despido injustificado e improcedente, por lo que se desestimó al “encontrarse a derecho la terminación del contrato“.

Finalmente, también fue rechazada la demanda de indemnización por daño moral.

El tribunal concluyó que, respecto a la discriminación por salud reclamada, “no se configura indicio alguno de trato discriminatorio o lesivo a su integridad física o psíquica en razón de su enfermedad“.

Y en lo que respecta a la presunta discriminación por razones políticas, se estableció que “la no renovación se presenta como una decisión legítima que descansa en la transitoriedad propia de los empleos a contrata que no gozan de confianza legítima“.