Un nuevo revés judicial enfrenta La Moneda tras dos fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenaron al Ministerio de Energía y al de Deporte reincorporar a dos funcionarios desvinculados en marzo. Uno de los casos corresponde, además, a un trabajador con discapacidad.
Estos despidos se suman al de la jefa del Departamento de Repostería Presidencial y Casino General de la Presidencia, quien recientemente también logró que la misma Corte ordenara su reincorporación, luego de ser desvinculada por “falta de confianza” y austeridad fiscal.
De acuerdo con lo informado por The Clinic, el Gobierno no solo deberá reincorporar a los funcionarios afectados, sino también pagar las remuneraciones y cotizaciones del periodo en que estuvieron fuera de sus trabajos.
Deportes despidió a trabajador con discapacidad
Una nueva polémica se le sumó al Ministerio del Deporte el pasado 11 de septiembre, cuando se le ordenó reincorporar a un funcionario despedido cuando la cartera era encabezada por la ahora exministra Natalia Duco, quien actualmente se desempeña como funcionaria del Segundo Piso de La Moneda.
El caso se remonta al 24 de marzo, cuando fue desvinculado el administrador público Nicolás Gutiérrez, quien se desempeñaba como analista de planificación y control de gestión.
El trabajador había ingresado al ministerio el 1 de octubre, luego de adjudicarse un concurso público, bajo la modalidad de contrata.
El funcionario, además, presenta una discapacidad física leve, asociada a un 19% de movilidad reducida.
En diciembre pasado, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, su contrato fue renovado por lo que restaba de 2026. Sin embargo, con el cambio de administración, dicha renovación fue interrumpida y se determinó el cese anticipado de sus funciones.
La medida fue justificada en la austeridad fiscal mandatada por Hacienda, argumento similar al utilizado en el caso de la jefa de Repostería Presidencial.
Tras la presentación de un recurso de protección por parte de Gutiérrez, la Corte de Apelaciones desestimó los argumentos expuestos por la autoridad y acogió su acción judicial.
El tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes que justificaran la reestructuración interna invocada por la cartera y que tampoco se logró acreditar criterios objetivos —como antigüedad o desempeño— para sustentar la desvinculación.
De esta manera, dejó sin efecto el despido y ordenó su reincorporación, además del pago de las remuneraciones y cotizaciones desde que fue apartado del ministerio.
El caso de Energía: sus servicios “ya no eran necesarios”
En el caso de Energía, encabezado por la ministra Ximena Rincón, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el 10 de septiembre reincorporar a la ingeniera civil industrial Catalina Bravo, quien se desempeñaba desde diciembre de 2025 en la Unidad de Sectores Productivos.
Ella había ingresado a la repartición luego de adjudicarse un concurso público para el cargo de analista de iniciativas energéticas, bajo la modalidad de contrata.
En este contexto, el 30 de marzo de 2026 fue desvinculada, pese a que una semana antes de que el presidente José Antonio Kast asumiera el cargo había recibido una renovación de contrato para continuar, al menos, durante el resto del año. La decisión fue cuestionada por la funcionaria, quien recurrió a la justicia con un recurso de protección para revertir su salida.
Desde el ministerio argumentaron que la desvinculación respondía al cambio de autoridades y a un “nuevo enfoque de gestión”, agregando que sus servicios “ya no eran necesarios”, sin entregar mayores antecedentes.
Finalmente, se acogió su recurso y ordenó su reincorporación inmediata. Además, dispuso el pago de las remuneraciones y cotizaciones devengadas desde el 1 de abril y hasta su reintegro efectivo.
Para el tribunal, el cambio de autoridades políticas no es motivo para realizar desvinculaciones en cargos de mérito a los que se postula por concurso público.
Asimismo, la Corte estableció que el Gobierno o el Estado puede implementar planes de austeridad, pero que ello no exime a la autoridad de justificar las desvinculaciones con antecedentes claros y suficientes.
Con estos dos casos, ya son tres las resoluciones judiciales conocidas que han ordenado reincorporaciones de funcionarios desvinculados durante los primeros meses del gobierno de Kast.
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