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La controversia se desató al descubrirse que jóvenes recién egresados o estudiantes están siendo contratados como "expertos" en distintas reparticiones públicas con sueldos que superan los $2 millones. Casos como el de Camila Pérez, abogada ingresada al Servicio Nacional de Migraciones, y Trinidad Zegers, en el Ministerio de Justicia, han generado cuestionamientos. El Gobierno defendió las contrataciones, pero tras el caso de Cristóbal Soto en Interior, admitió errores.
Cuatro casos en menos de seis meses terminaron instalando una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿por qué jóvenes recién egresados e incluso estudiantes están siendo contratados como “expertos” en distintas reparticiones públicas, con remuneraciones que en algunos casos superan los $2 millones?
La polémica comenzó con Camila Pérez, abogada y militante RN, quien ingresó en abril al Servicio Nacional de Migraciones, apenas un mes después de jurar ante la Corte Suprema, con un sueldo cercano a $2,7 millones.
Luego apareció Trinidad Zegers, abogada de 27 años que llegó al Ministerio de Justicia el mismo mes en que obtuvo su título, con una remuneración cercana a $2 millones y vinculada a labores de coordinación de la reforma al Código Procesal Civil.
A ellas se sumaron dos casos en Interior. Cristóbal Soto, estudiante de Periodismo de 19 años, fue contratado para labores de redes sociales y apoyo comunicacional por $1,9 millones, aunque inicialmente recibió pagos que alcanzaron $3,23 millones considerando marzo y abril. El Gobierno reconoció un error y anunció un ajuste.
Y esta semana se conoció el caso de Sofía Pumpin, periodista titulada en julio de 2025, contratada por $2.350.000 para coordinar y sistematizar información de las delegaciones presidenciales y apoyar la agenda del subsecretario Máximo Pavez.
El Ejecutivo ha defendido la idoneidad de los contratados y, en el caso de Soto, Pavez sostuvo que todos los trabajadores de Interior desempeñan sus funciones con “el mayor nivel de profesionalismo”. Sin embargo, el biministro Claudio Alvarado reconoció que podían existir errores y anunció una revisión de los procesos.
Y mientras el Gobierno intentaba cerrar ese flanco, apareció un quinto nombre.
Emilio Court Bengolea, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile y vinculado anteriormente a la Oficina del Presidente Electo, realizó labores relacionadas con la avanzada presidencial.
Los registros muestran pagos por sus funciones durante 2026. En febrero recibió $1,7 millones como “experto en gestión administrativa”; en marzo, otros $333 mil por labores relacionadas con el traspaso de mando. Posteriormente, retomó funciones en junio como “Experto en producción general”, registrando ingresos por $3,7 millones, incluidos viáticos.
La Moneda precisó que esos $3,7 millones no correspondían a un sueldo mensual, sino a un pago acumulado, debido a que no había recibido pagos durante marzo, abril y mayo.
La discusión, así, dejó de ser solamente cuánto gana cada uno. La pregunta pasó a ser cómo el Gobierno determina quién es un “experto” y qué está privilegiando al momento de construir sus equipos.
El problema de la palabra “experto”
Para Sergio Huertas, académico de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, parte de la controversia está en una confusión: “experto” es, en estos casos, una categoría administrativa y no necesariamente una certificación profesional de experiencia.
Eso explica, por ejemplo, que un estudiante pueda aparecer contratado bajo esa denominación. Pero no resuelve el problema político.
A juicio de Huertas, detrás de estos episodios existe también un problema de cuadros políticos. Republicanos nunca había gobernado, el Partido Nacional Libertario se automarginó del Ejecutivo y Chile Vamos mantiene una relación de apoyo condicionado.
Por eso, sostiene, el Gobierno necesita poblar los cargos de confianza con personas de su propio ecosistema, que en este caso es particularmente joven.
“Es menos una conspiración que una limitación de oferta”, resume.
En otras palabras, una de las explicaciones para esta nueva generación de “expertos” estaría en la necesidad de un Gobierno recién instalado de construir sus propios equipos con una base de cuadros relativamente acotada. A eso se suma la búsqueda de personas de confianza política para ocupar cargos sensibles.
El problema es que esa explicación puede resultar insuficiente para un Gobierno que hizo de la austeridad, la eficiencia y la crítica a la contratación de personas sin experiencia una parte importante de su discurso.
Eduardo Navarro, académico de la Escuela de Administración Pública de la UDP, apunta precisamente a esa contradicción. Recuerda que las contrataciones a honorarios no son nuevas y que existen mecanismos que permiten incorporar personas para tareas específicas.
Pero advierte que el problema trasciende lo jurídico. “Detrás de esto está el ejercicio de la función pública y, quizás más delicado, la confianza pública de las personas en las instituciones”, plantea.
En otras palabras, una contratación puede ser administrativamente posible y, al mismo tiempo, políticamente difícil de explicar.
El flanco que también aparece en el Congreso
La discusión adquiere una dimensión adicional al observar el funcionamiento de los equipos de Gobierno en el Congreso.
Según fuentes de Radio Bío Bío, La Moneda ha enfrentado dificultades en la tramitación legislativa debido a la falta de experiencia de algunos asesores en materias parlamentarias.
Las críticas, además, no provendrían únicamente de la oposición. También existiría molestia dentro del propio oficialismo, particularmente por asesores vinculados a Republicanos.
Según trascendidos de pasillo, en algunos espacios se habría optado por dejar de lado a profesionales con mayor experiencia para abrir paso a nuevas figuras más alineadas con el partido del presidente José Antonio Kast.
De confirmarse como una tendencia, el asunto ya no sería simplemente una renovación generacional. Sería una discusión sobre experiencia versus confianza política.
Y ahí aparece el análisis de Marco Moreno, decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.
A su juicio, el problema no necesariamente puede reducirse a “amiguismo”. La pregunta central es cómo el Gobierno acredita la experticia de quienes incorpora.
“Un estudiante puede tener competencias valiosas”, plantea Moreno. El problema aparece cuando la condición de experto deja de depender de una trayectoria verificable y pasa a ser una calificación discrecional de la autoridad.
El riesgo, agrega, es que la acumulación de casos termine instalando la percepción de que las contrataciones obedecen no solamente a capacidades técnicas, sino también a relaciones políticas.
Y eso golpea especialmente a un sector que durante años cuestionó al Gobierno anterior por contratar a personas sin experiencia con remuneraciones elevadas.
Una generación joven, pero con un costo político
Los casos conocidos hasta ahora no permiten concluir por sí solos que exista una ilegalidad. Tampoco que los jóvenes contratados sean necesariamente incompetentes para las funciones que desempeñan. El problema está en otro lugar.
La sucesión de casos obliga al Gobierno a explicar qué criterios utiliza para determinar la idoneidad, cómo fija las remuneraciones y por qué esos perfiles fueron escogidos por sobre otros con mayor trayectoria.
Más todavía cuando el propio Ejecutivo ya reconoció errores en al menos uno de los episodios.
El Gobierno necesita construir sus propios equipos y es razonable que una nueva administración incorpore nuevas generaciones. Pero esa renovación pierde fuerza como argumento cuando ocurre en paralelo a cuestionamientos por falta de experiencia y a la eventual marginación de profesionales con mayor trayectoria.
Como advierte Moreno, “en política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen”.
Así, las contrataciones conocidas hasta ahora pueden explicarse por una combinación de factores: la necesidad de construir equipos propios, una oferta limitada de cuadros con experiencia dentro del nuevo oficialismo y la búsqueda de confianza política.
El costo aparece cuando esa apuesta se traduce en cargos denominados “expertos” para personas con escasa trayectoria y remuneraciones que resultan difíciles de justificar ante la opinión pública.
Más que una serie de casos aislados, el episodio abre una discusión sobre el modelo de equipos que Kast está construyendo: cuánto pesa la experiencia y cuánto la confianza política en el nuevo Gobierno.
