Proyecto de Sala Cuna: el riesgo de que el Estado reemplace a los padres

Diversos actores, opinólogos, medios de comunicación y hasta el señor Defensor de la Niñez, han pretendido desmentir a la senadora Vanessa Kaiser respecto a sus afirmaciones sobre una indicación aprobada en la sala del Senado, en el marco de la discusión del proyecto de Sala Cuna, la cual pondría en serio riesgo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

Los argumentos hacia la senadora apuntan a que “la norma la contradice” porque el texto aprobado exige que el niño sea “hijo de persona trabajadora”. Seamos claros. Ese es un requisito de procedencia, no la titularidad del derecho. Kaiser no dijo que el Estado le quitará el hijo a cualquiera en la calle. Dijo -con razón- que el proyecto permitirá al Estado desplazar a los padres como titulares del derecho.

Y eso es exactamente lo que se votó. El cambio es copernicano y muchos medios y actores lo minimizan. Pasamos de un derecho del trabajador -hombre o mujer- que nace de su contrato de trabajo, y que se ejerce frente a su empleador para conciliar familia y trabajo, a un derecho del niño menor de dos años a acceder a sala cuna.

Parece un tema sutil, pero se trata de un giro radical. La reserva de constitucionalidad hecha por la senadora -y también por el Ejecutivo- es impecable, y paso a explicar por qué:

1. El niño no es sujeto del Código del Trabajo. El Código regula relaciones laborales entre empleador y trabajador. Un lactante de 6 meses no trabaja, no cotiza, no tiene empleador. Transformarlo en titular de un derecho del artículo 203 es sacarlo de su estatuto natural -que es la familia y el Código Civil, cuidado personal de los padres- e introducirlo como acreedor directo de una prestación pública, administrada por un Fondo con garantía estatal. Es una ficción jurídica.

2. Se invierte la Constitución. El artículo 1° dice que la familia es el núcleo fundamental. El artículo 19, N°10, inciso final, dice que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. El hijo tiene derecho a ser cuidado por sus padres. No al revés. Cuando el titular pasa a ser el niño, el obligado ya no es el empleador frente al trabajador, es el Estado frente al niño. Los padres dejan de ser los titulares del derecho a elegir cómo cuidan y pasan a ser meros intermediarios.

3. Abre la puerta que la senadora Kaiser denuncia. Hoy es “hijo de trabajadora”. Mañana, como ya propone el Boletín 18.472-04 que este mismo Senado conoce, es “todo niño tiene derecho a sala cuna”. Si el derecho ya está radicado en el niño y no en el contrato, nada impide a futuro ampliarlo universalmente y decir que el interés superior del niño es estar institucionalizado ocho horas, aunque sus padres quieran cuidarlo en casa, o con su abuela, o con otra cuidadora, tal como lo hace la inmensa mayoría de los chilenos. Eso sí es permitir que el Estado se meta en la relación familiar más íntima.

Por eso el ministro del Trabajo, Tomás Rau, también hizo reserva de constitucionalidad. Porque sabe que esto compromete administración financiera del Estado y las facultades exclusivas del Presidente. Pero no solo eso, está en juego la esencia de una sociedad libre que se funda en el núcleo más fundamental de ella, que es la familia, la cual se afecta cuando el Estado se pretende poner en reemplazo de las decisiones de los padres primeros custodios de sus hijos.

No se trata de estar contra la sala cuna. Todos queremos sala cuna voluntaria, bien financiada, que ayude a la madre que trabaja. Lo que hace la senadora es advertir correctamente que no confundamos ayuda con reemplazo. El Estado facilita, no se apropia. Financia, no titulariza al niño.