La organización Human Rights Watch (HRW) cuestionó la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que sus propuestas “no se ajustan a las obligaciones internacionales de Chile”.
Según consignó EFE, la organización criticó especialmente la amplia concesión de facultades al presidente para restringir derechos fundamentales mediante nuevos estados de excepción.
“Las reformas propuestas, con su amplia concesión de facultades para suspender o restringir los derechos humanos fundamentales, no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile”, sostuvo HRW en un comunicado.
El proyecto de reforma constitucional, ingresado a mediados de agosto, permitiría al mandatario decretar un Estado de Excepción por hasta ocho meses sin consulta previa al Congreso. Además, contempla facultades para intervenir comunicaciones y limitar la libre circulación, junto con los derechos de reunión y asociación.
“En lugar de proteger a los chilenos, esta propuesta, que crea un nuevo tipo de estado de emergencia y amplía las facultades presidenciales, pone en riesgo los derechos a la libertad de reunión y de asociación”, señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
La representante de la organización añadió que las modificaciones planteadas “amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones”.
Por ello, HRW llamó al Congreso a rechazar la reforma, argumentando que “pondría en peligro una amplia gama de derechos humanos”.
HRW critica nuevas facultades presidenciales en reforma de seguridad
Según la organización, la propuesta entregaría al presidente “una autoridad prácticamente ilimitada para declarar estados de emergencia en respuesta a cualquier situación que considere una amenaza inminente para la ‘seguridad pública"”.
El nuevo Estado de Excepción se sumaría a los cuatro tipos de estados de emergencia que ya contempla la Constitución chilena.
HRW también cuestionó una nueva facultad para que el jefe de Estado pueda declarar a determinados grupos como organizaciones terroristas o criminales, señalando que el proyecto “no especifica los efectos legales de dicha declaración”.
A ello se suma la creación de “regímenes penitenciarios diferenciados”, que contemplarían restricciones a las visitas y a beneficios para determinadas categorías de detenidos.
La organización recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los gobiernos suspender algunas obligaciones en esta materia durante una guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.
Sin embargo, precisó que estas medidas deben ser “estrictamente necesarias para hacer frente a las exigencias de la situación” y ser compatibles con las demás obligaciones establecidas por el derecho internacional.
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