La Moneda decidió bajar un cambio. En medio de una ofensiva legislativa que busca acelerar 23 proyectos vinculados a seguridad, el Gobierno optó por rebajar de suma a simple la urgencia de la reforma constitucional que fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública y modifica el régimen de estados de excepción.
No es un retiro ni, al menos en el discurso oficial, un retroceso. Es una pausa táctica.
La señal política detrás de la decisión es que el Ejecutivo entendió que insistir con la máxima velocidad sobre una reforma que no cuenta con los consensos necesarios podía terminar siendo contraproducente. En vez de forzar una votación, La Moneda decidió abrir una ventana de 30 días para conversar, negociar y tratar de acercar posiciones en el Senado.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue el encargado de explicar el giro. La urgencia simple, sostuvo, permite que el proyecto continúe en la agenda legislativa, pero considerando la “enorme carga de trabajo” que tienen las comisiones de Constitución de ambas cámaras.
En otras palabras, el Gobierno quiere que la reforma siga caminando, pero sin correr el riesgo de estrellarse contra un muro político.
La diferencia con el resto de la agenda es significativa. Mientras 10 proyectos tendrán discusión inmediata y otros fueron dotados de suma urgencia —entre ellos las Reglas del Uso de la Fuerza, infraestructura crítica y modificaciones a la responsabilidad penal adolescente—, la reforma constitucional quedó en el grupo de iniciativas con urgencia simple.
Y ahí aparece el principal problema político para La Moneda.
El estado de excepción como nudo de la negociación
El punto más complejo de la reforma sigue siendo la propuesta de un nuevo estado de excepción. Es precisamente en esa materia donde el Gobierno enfrenta reparos en el Congreso y donde las posibilidades de alcanzar un acuerdo parecen más estrechas.
El propio presidente José Antonio Kast había advertido que el Ejecutivo no estaba dispuesto a transar respecto de su propuesta. Sin embargo, García Ruminot evitó hablar de líneas rojas y optó por devolver la discusión a la Comisión de Constitución.
La fórmula es políticamente significativa: mientras el Presidente fija públicamente una posición, el ministro encargado de la relación con el Congreso deja abierta la puerta para que el proyecto sea modificado durante la negociación.
No es necesariamente una contradicción. Puede ser la manera que encontró La Moneda para sostener el objetivo político de la reforma sin cerrar anticipadamente el espacio para alcanzar un acuerdo parlamentario.
Porque el Gobierno enfrenta ahora una disyuntiva evidente: mantener intacta su propuesta y arriesgar que quede entrampada, o aceptar cambios para conseguir los votos que necesita.
De esta manera, la rebaja de urgencia permite postergar esa definición.
Reforma no se retira: se intenta salvar
La otra señal política relevante fue la confirmación de que el Ejecutivo descartó retirar la reforma para reingresarla posteriormente con modificaciones.
Ante esa posibilidad, García Ruminot fue categórico: “Nosotros mantenemos la reforma”.
La frase busca instalar una lectura precisa del movimiento: La Moneda no está dando pie atrás, sino intentando crear las condiciones políticas para que su iniciativa sobreviva a una discusión parlamentaria donde, hasta ahora, no existe consenso suficiente.
La estrategia tiene además otra ventaja. Permite separar la reforma constitucional del resto de la ofensiva de seguridad y concentrar la presión legislativa en proyectos donde el Gobierno considera que existen mejores condiciones para avanzar.
Es así como el Ejecutivo puede mostrar movimiento en seguridad —con discusión inmediata para una decena de iniciativas— sin convertir toda su agenda en un plebiscito sobre el controvertido nuevo estado de excepción.
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