Los desafíos legislativos de la dupla Ruminot-Castillo: la agenda del gobierno que contempla 88 urgencias
La Moneda enfrenta una nueva prueba de negociación en el Congreso: con 88 urgencias legislativas vigentes y varios de sus principales proyectos de seguridad entrampados, el Gobierno de José Antonio Kast deberá escoger entre flexibilizar sus posiciones para conseguir acuerdos o arriesgar que el corazón de su agenda contra el crimen quede congelado en el Parlamento.
A partir del próximo lunes, el escenario para La Moneda será especialmente exigente para la estrategia legislativa de La Moneda. Con los parlamentarios de vuelta en Valparaíso, el Ejecutivo deberá administrar una agenda cargada de sus prioridades, algunas de ellas enfrentadas a diferencias políticas que amenazan con extender sus tiempos de tramitación.
Según la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Gobierno contabiliza 88 urgencias vigentes en el Congreso. De ellas, 56 corresponden a proyectos en el Senado y otras 32 a iniciativas que se tramitan en la Cámara de Diputados.
La cifra instala un particular cuello de botella para el Gobierno, ya que al parecer la capacidad de La Moneda para poner proyectos sobre la mesa parece ir más rápido que la posibilidad del Congreso de procesarlos. Y, en ese escenario, la definición de prioridades y la disposición a negociar aparecen como factores determinantes para evitar que las principales apuestas legislativas terminen acumulándose en las comisiones.
El nudo de la seguridad en la agenda del Gobierno
El principal foco de tensión está en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), donde varias de las iniciativas que el Ejecutivo considera estructurales continúan atrapadas en etapas de tramitación que requieren acuerdos entre ambas cámaras.
Tres proyectos aparecen particularmente expuestos a este escenario. Se trata de la regulación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas y policiales; la habilitación de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica; y la iniciativa que amplía el plazo de flagrancia y entrega mayores atribuciones y autonomía a las policías.
Las tres permanecen a la espera de acuerdos en comisión mixta, instancia que vuelve a transformarse en uno de los principales puntos clave para la agenda de seguridad del Ejecutivo.
El problema no termina allí. Al mismo tiempo, el Senado mantiene en primer trámite constitucional la polémica Reforma Constitucional de Seguridad Pública, ingresada el 17 de agosto, que contempla un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales y nuevas inhabilidades, y que, pese a los cuestionamientos transversales que anticipan un rechazo rotundo, el gobierno se ha resistido a retirar.
En segundo trámite constitucional, en tanto, avanzan en la Cámara Alta la denominada Ley Antiencapuchados, la Ley Corta de Seguridad Municipal y la reforma a la responsabilidad penal adolescente. A ello se suman iniciativas que siguen su discusión en comisiones, entre ellas las relativas a estados de excepción y control de identidad, la legítima defensa privilegiada para policías de franco y los juicios en ausencia.
La Cámara de Diputados también tiene sobre la mesa una de las propuestas sensibles para el Ejecutivo, que es el proyecto que busca ampliar a 180 días el plazo de detención de migrantes.
Así, mientras La Moneda busca instalar la seguridad como uno de los principales sellos de su administración, buena parte de las herramientas legislativas para concretar esa agenda continúa dependiendo de acuerdos políticos que el Gobierno todavía debe construir.
La otra batalla: exhibir productividad
El atasco legislativo convive, paradójicamente, con la necesidad política de La Moneda por demostrar que su administración está avanzando más rápido que la anterior.
La Segpres pone especial énfasis en ese contraste. Al corte del 25 de agosto, correspondiente a la semana 23 de gobierno, la administración de Kast había ingresado 42 mensajes presidenciales, frente a los 25 presentados por el gobierno de Gabriel Boric durante el mismo período.
En materia de leyes despachadas, el Ejecutivo contabiliza 13 iniciativas propias convertidas en ley, frente a las 11 que había logrado la administración anterior a igual fecha. Si se agregan mociones y mensajes heredados que fueron impulsados por el actual Gobierno, el total de proyectos despachados a ley asciende a 42.
A eso se suman 38 indicaciones presentadas por el Ejecutivo a distintos proyectos en tramitación.
El balance permite a La Moneda sostener una idea que ha buscado instalar desde el inicio de su gestión, que existe una mayor capacidad de producción legislativa respecto del gobierno anterior.
Entre las 13 leyes de iniciativa propia ya despachadas aparecen la megarreforma para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico; la autorización de mayor endeudamiento del Gobierno Central para 2026; la ley de protección tarifaria eléctrica; el reajuste del ingreso mínimo mensual y sus asignaciones; modificaciones a la Ley de Seguridad Privada; y medidas transitorias destinadas a contener el precio del kerosene doméstico, en medio del brutal alza del precio de los combustibles.
No obstante, es precisamente la comparación entre lo que La Moneda ingresa y lo que el Congreso efectivamente logra despachar la que anticipa el desafío político de las próximas semanas.
Así las cosas, con el retorno de la actividad legislativa, la discusión dejará de estar centrada únicamente en cuántos proyectos presenta La Moneda y comenzará a girar en torno a cuáles está dispuesta a priorizar, cuánto está dispuesta a ceder y qué iniciativas puede sacar adelante.
Para el Ejecutivo, el riesgo es que la acumulación de urgencias termine transformándose en algo más que una dificultad administrativa para su agenda de gobierno, sino que el “cuello de botella” legislativo termine condicionando su principal promesa política, la de avanzar con rapidez en seguridad.
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