La agenda de Chile

Hoy se discute mucho sobre los estados de excepción, sobre si extenderlos es una medida extrema, sobre los límites que debiera tener el Estado para actuar. Es una discusión legítima. Pero mientras la damos, vale la pena preguntarse qué es, en los hechos, lo que ya viven miles de chilenos todos los días.

En La Legua, en La Pintana, en el Cerro Cuño y en tantos barrios y comunas tomados por el narcotráfico, no hace falta que un decreto declare un estado de excepción: esa decisión ya existe.

Existe un toque de queda no escrito, que impone el miedo y no la autoridad. Existe una restricción de facto a la libertad de tránsito, porque hay calles que las familias de esos barrios simplemente no cruzan después de cierta hora, no porque lo diga una ley, sino porque lo impone el terror de los grupos armados que las controlan.

Para esos chilenos, la pregunta de si debemos extender un estado de excepción por unos días más no es el problema. El problema es que llevan años viviendo bajo uno que nadie decretó.

Cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de cifras o de leyes, hablamos de algo más profundo. Hablamos de la condición habilitante para que los chilenos y sus familias puedan vivir mejor, para que puedan simplemente vivir bien. El crimen organizado hoy no solo roba dinero, le roba los sueños a las familias chilenas. No solo secuestra personas para extorsionar, secuestra la esperanza de un Chile mejor. Y no solo mata personas, está matando el futuro de Chile.

Y hay que tratarlos, precisamente, como lo que son, aquellos que le están robando el futuro a un país completo. Eso exige un Estado dispuesto a actuar con toda su fuerza, lo cual, creo, abre de forma natural la pregunta de cuáles deberían ser los límites de esta misma.

Nada de esto significa rehuir esa pregunta. Se puede, y se debe, discutir sobre los límites del Estado en materia de seguridad: esa es una conversación legítima, propia de toda democracia madura.

Pero hay una diferencia de fondo entre un debate de altura y una caricatura, y lo que hemos visto en las últimas semanas se parece más a lo segundo: instalar la idea de que este es un gobierno autoritario o “iliberal”, un intento que el progresismo viene ensayando desde antes incluso de que el Presidente asumiera, y que —con preocupación— vemos ganar eco incluso en sectores propios del oficialismo.

Vale la pena recordar que buena parte de quienes hoy agitan esa caricatura respaldó, no hace tanto, un texto que terminaba con la igualdad ante la ley y arrasaba con nuestra institucionalidad. Si vamos a dar ese debate, bienvenido sea, pero antes creo que el ejercicio de mirarse al espejo no estaría nada mal.

Es por todo esto que, más allá de las discusiones legislativas que legítimamente se puedan dar, más allá de la prioridad que se le pueda dar a la reforma o a los cerca de treinta proyectos de ley ya presentados por el ministro, y sin duda mucho más allá de esta discusión de los conceptos “iliberal” o “autoritario” —más propia de club de golf que de junta de vecinos—, lo importante a destacar aquí es que, tras una década de fracaso del Estado frente al crimen organizado, la agenda del ministro Arrau y del presidente Kast, cualquiera sean sus prioridades, será, sin duda, la agenda republicana. Porque ella es, al final del día, la agenda de Chile.