La "mano dura" de Keiko Fujimori no frena el crimen en su primer mes: las diferencias con Chile

El gobierno de Keiko Fujimori Higuchi llega a su primer mes en el Perú, pero todavía sin mostrar cambios drásticos respecto de las gestiones anteriores. El ejemplo más claro está en el manejo de la seguridad ciudadana, donde los homicidios continúan en niveles muy altos, pese a la expectativa generada entre la población por el ofrecimiento de “mano dura” de la presidenta durante la campaña electoral.

En esta nota consultamos con expertos peruanos sobre el primer mes de gestión de Fujimori y analizamos algunos factores que plantean escenarios distintos en Perú y Chile en la lucha contra la inseguridad, un problema urgente para ambos países.

En campaña

Fujimori Higuchi llegó al gobierno con la propuesta de “recuperar el orden” y “poner mano dura contra el crimen”, como sostuvo en el debate presidencial realizado en marzo, antes de la primera vuelta electoral. Para el balotaje utilizó frases como “le declaro la guerra a los extorsionadores” y “le declaro la guerra a los sicarios”.

En el Perú, uno de los delitos que demanda atención más urgente es la extorsión contra empresas, sus propietarios y trabajadores, especialmente en el sector transporte. Estas amenazas, en muchos casos, terminan en homicidios.

Fujimori no solo ofreció combatir frontalmente el crimen, sino además hacerlo apenas llegara a Palacio de Gobierno. “Te matan por un celular, ponen granadas en los colegios, ser chofer de un bus o abrir un pequeño negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza”, prometió en el debate presidencial de la segunda vuelta.

En el gobierno

Pasadas las primeras cuatro semanas de gestión, las cifras de homicidios se mantienen en niveles históricamente elevados. Desde el 28 de julio, día del cambio de mando, hasta el 24 de agosto se han registrado 151 homicidios en el país, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) difundidas por el analista de datos Juan Carbajal en la red social X. Lima y Callao concentran la mayor cantidad de asesinatos, con 48 y 18, respectivamente.

Días antes, el experto peruano, citado por medios locales, informó que el promedio se mantenía en seis homicidios diarios, una cifra que ha venido aumentando desde las gestiones de los presidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

Una de las primeras medidas del gobierno de Fujimori en materia de seguridad fue activar el Plan Escudo, una estrategia que contempla la vigilancia de agentes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en los paraderos iniciales de las empresas de transporte, uno de los sectores más afectados por las extorsiones. La propuesta ha sido cuestionada porque ya fue aplicada durante gestiones anteriores sin obtener resultados.

“Este primer mes lo que muestra es un fracaso muy notorio de las estrategias que han optado (en el gobierno). No han conseguido sus objetivos”, dijo Carlos Basombrío, sociólogo y exministro del Interior peruano, en declaraciones a BioBioChile.

Por su parte, Rubén Vargas Céspedes, abogado y también exministro del Interior, calificó el Plan Escudo como un “disparate”. “El gobierno de la señora Fujimori hasta este momento es básicamente la continuación de los yerros y desaciertos del gobierno de Dina Boluarte y de José Jerí, los gobiernos de transición. Es una continuidad de ese rosario de errores”, señaló en entrevista con BioBioChile.

Vargas reconoce que, en teoría, podría ser muy pronto para realizar una evaluación de la gestión. Sin embargo, advierte que las acciones iniciales ya han sido aplicadas anteriormente sin éxito. “Entonces, para saber cuál es el resultado final de eso, no necesitamos que pasen 100 días, porque ya fracasaron. Esa es la tragedia”, dijo.

Basombrío consideró que un plazo razonable para observar algún resultado del trabajo del gobierno podría ser de seis meses, aunque recordó que la población exige avances rápidos “porque ellos (en campaña) ofrecieron resultados en poco tiempo”.

La Policía Nacional en Perú y Chile

Uno de los temas de fondo en la lucha contra la inseguridad ciudadana pasa por el fortalecimiento de la Policía Nacional. Sin embargo, en el Perú esta institución no goza de un alto prestigio debido, entre otros factores, a acusaciones de corrupción y malas prácticas.

Una encuesta de la empresa CPI, publicada por el medio peruano RPP en marzo, reveló que el 57% de los consultados consideraba que la Policía peruana era “poco eficiente”, mientras que un 32% respondió que era “nada eficiente”. Solo un 9,3% calificó a la institución como eficiente.

El año pasado, un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que evaluó la confianza en la Policía entre enero y junio de 2025, mostró que solo el 14,2% confiaba en la institución, mientras que un 83,3% no lo hacía, según publicó el diario La República.

Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, ha sido cuestionado desde la oposición por los escasos resultados de su gestión. Pese a los pedidos para que sea destituido, el gobierno respondió que una norma aprobada por el Congreso anterior (Ley 31570) impide removerlo antes de cumplir dos años en el cargo.

En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros aparecen como las instituciones que generan mayor confianza entre la población, con un 63% y 58%, respectivamente, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública N.º 96, realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y publicada en junio de este año.

Aunque las instituciones policiales de ambos países no están exentas de críticas, la Policía peruana cuenta con un menor respaldo ciudadano y arrastra históricas limitaciones logísticas. En ese contexto, diversos expertos plantean la necesidad de una reforma policial, un tema que hasta ahora no ha sido abordado por el gobierno de Fujimori.

“(La reforma policial) es una de las acciones necesarias que tiene que realizarse si quieres enfrentar de manera sostenida al crimen organizado (…) Hasta este momento (en el gobierno) no he escuchado una sola palabra de lucha anticorrupción o de reforma policial”, comentó Rubén Vargas.

Tanto en Chile como en Perú, los respectivos gobiernos mantienen una postura de respaldo a sus policías, aunque con distintos matices. El gobierno de Kast busca fortalecer a Carabineros como parte de su propuesta de reforma, mientras que en Perú, en julio pasado, el fujimorismo impulsó desde su bancada en el Congreso una polémica ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria.

Las Fuerzas Armadas de Perú y Chile

En materia de seguridad ciudadana, el gobierno peruano apuesta por una mayor presencia militar en las calles, es decir, por utilizar personal de las Fuerzas Armadas para reforzar las labores de control. Sin embargo, diversos expertos han cuestionado esta decisión, pues los militares no están formados para cumplir estas funciones.

La administración de Keiko Fujimori designó como ministro del Interior a César Astudillo, un militar en retiro y excomandante del Ejército. Esta decisión “le hace mucho daño a la policía porque se siente desplazada, dominada por las Fuerzas Armadas, que le quita sus funciones”, opinó Carlos Basombrío.

El exministro agregó que existe un problema de idoneidad al recurrir a militares en lugar de agentes policiales, pues la lucha contra las bandas criminales requiere principalmente labores de investigación.

“Para empezar no hay tantos militares como ellos creen. Se han formado una imagen de que los militares son ilimitados. Nada más poniendo un soldado en un ómnibus en tres turnos triplicaría el número de soldados del Ejército. Eso es imposible”, explicó.

“Si tu problema es la criminalidad organizada que avanza y actúa de manera subterránea no vas a poder enfrentarla con tanquetas o con fuerzas especiales por más capacitadas que estén las Fuerzas Armadas. Su escenario de combate es otro. Lo que necesitamos son agentes de inteligencia que la Policía los tiene, pero necesitamos que se les dé el presupuesto”, dijo Vargas.

La militarización de las calles frente a la inseguridad es también un tema presente en Perú y Chile, aunque con respuestas distintas. En el caso chileno, el gobierno no ha apostado por esta medida pese a algunos pedidos para avanzar en esa dirección.

Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, comentó que la administración de José Antonio Kast mantiene una posición reacia a utilizar personal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, en parte porque los propios militares tampoco están de acuerdo.

“Los militares se han opuesto muy tenazmente, lo han manifestado por distintas vías e incluso institucionales que ellos no quieren verse involucrados en temas de seguridad pública y de hecho el involucramiento que tienen hoy día por algunos estados de excepción constitucional que existen en la frontera norte y en el sur para ellos no es un no es muy grato y ellos invocan buenas razones”, expresó.

Hasta el otro año

Por último, mientras en Chile el gobierno de Kast ha propuesto una reforma constitucional para hacer frente al crimen organizado, en Perú la presidenta Keiko Fujimori, además de continuar con el Plan Escudo ya mencionado, señaló esta semana que recién en 2027 podrían comenzar a verse algunos resultados de su gestión.