¿Qué pasaría si Chile redujera a la mitad sus 2.256 concejales?

Más de $30 mil millones al año. Ese es el costo que puede alcanzar la dieta de los 2.256 concejales distribuidos entre las 345 municipalidades del país. La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto gastamos, sino qué obtenemos a cambio.

¿Cuál es el retorno efectivo de la inversión? De los más de 30 mil millones de pesos anuales que gasta el Fisco en las dietas edilicias, ¿qué tan efectivo ha sido este gasto para la comunidad?

¿Tenemos municipios mejor fiscalizados? ¿Se detectan oportunamente irregularidades? ¿Ha mejorado el control sobre el uso de los recursos públicos? ¿Puede la ciudadanía identificar concretamente los resultados de la función fiscalizadora de sus concejales?

Sería desproporcionado decir que todos los concejales cumplen deficientemente su función, como también sostener que todos la desempeñan de manera ejemplar. También sería ingenuo creer que, como ocurre con cualquier cargo político, el armisticio frente a la tentación de la ganancia electoral fácil y de responder, como falsa señal de lealtad, a las cúpulas partidistas por sobre la probidad sea inquebrantable.

Pero la culpa del fenómeno político no debe recaer del todo en quien está investido del cargo. Quizá la responsabilidad esté en el propio diseño: se pensó en conseguir un híbrido que fuera un excelente representante político y, a su vez, un ejemplar y eficaz fiscalizador de la administración comunal.

La combinación parece prometedora, pero en la práctica se asemeja al burdégano, que difícilmente reúne por igual las mejores capacidades del caballo y de la burra. En nuestro caso, la cabeza del equino representa con fuerza la dimensión política del concejal; el resto del cuerpo carga con una responsabilidad fiscalizadora sin que el sistema le entregue las capacidades técnicas.

Entonces, ¿por qué no analizar la creación de una División Nacional de Fiscalización Municipal de la CGR, con autonomía operativa y dotación exclusiva?

En la actualidad, la CGR está compuesta por poco más de 2.000 funcionarios, de los cuales 500 tienen un rol fiscalizador. O sea, si comparamos la totalidad de concejales a nivel nacional con la de fiscalizadores de la Contraloría en todo el país, tenemos el triste resultado de 4,5 concejales por cada fiscalizador de Contraloría. La comparación no implica que ambos cargos sean equivalentes, pero permite dimensionar la paradoja.

Si se reduce la dotación edilicia en un 50% para liberar 15 mil millones de pesos, cada municipalidad, de acuerdo con su tamaño, contaría con 3, 4 o 5 concejales. El concejo no desaparece. Sigue existiendo representación democrática, aprobación presupuestaria, discusión del PLADECO, decisiones comunales y control político del alcalde.

Con los recursos liberados, se podría financiar del orden de 250 a 300 auditores, abogados, contadores, ingenieros y especialistas financieros, exclusivamente destinados a fiscalizar municipios; es decir, entre un 50% y un 60% más de la dotación actual de fiscalizadores de la CGR, aunque esos nuevos funcionarios estarían exclusivamente dedicados al mundo municipal.

Bajo un ejercicio presupuestario referencial, los 15 mil millones de pesos liberados permitirían la contratación de 280 fiscalizadores más. Podríamos estimar que, por ejemplo, en la Región Metropolitana habría 42 nuevos fiscalizadores exclusivamente destinados a 52 municipios. Algunos podrían concentrarse permanentemente en municipios grandes y complejos, Santiago, Maipú, Puente Alto, Las Condes, La Florida, etc., mientras otros podrían cubrir grupos de municipalidades pequeñas.

Y bien, cualquiera podría rebatir o preguntar: ¿entonces las direcciones de control interno de las municipalidades no hacen su trabajo? Insisto, no me gusta el absolutismo de las cosas. Pero consideremos este dato interesante que proviene de la CGR:

Dentro de los municipios había 1.470 funcionarios dedicados a labores de control interno. Sin embargo, la distribución es tremendamente desigual: 81 municipios tenían una sola persona desempeñando labores de control y otros 63 tenían apenas dos. Es decir, 144 de las 345 municipalidades —más del 40%— tenían dos o menos funcionarios de control.

Chile no necesariamente necesita 2.256 políticos locales fiscalizando. Quizás necesitamos menos políticos y más fiscalizadores.