En enero de 2025, Víctor Provoste Torres –ex subdirector operativo de Gendarmería– dio una dura entrevista a Radio Bío Bío, en la que criticó el actuar del director de la época y afirmó que uno de las razones principales por su salida era la falta de objetividad que rodeaban los sumarios administrativos dentro de la institución, y la poca acción por solucionarlo.
A noviembre de 2024, los sumarios abiertos alcanzaban los 3.869 y uno de ellos incluso permanecía abierto desde 2012, pese a que el procedimiento no debería exceder los seis meses. La publicación generó diversas reacciones de autoridades, que criticaron la situación y exigieron respuestas al Ministerio de Justicia. El organismo, a su vez, afirmó estar trabajando para cerrar las investigaciones.
Sin embargo, de acuerdo con información entregada por Gendarmería a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, desde entonces el número no ha hecho más que aumentar.
A julio de 2026 había 5.393 sumarios abiertos, un 39,4% más que en 2024, en un universo de alrededor de 20.000 funcionarios en la institución, por lo que los sumarios equivaldrían a alrededor de un 27% de la dotación. Entre ellos, los más antiguos datan de 2020. Asimismo, los datos indican que, de aquellos abiertos desde enero de ese año, 6.166 ya han concluido.
Otro dato grave es que de las 431 investigaciones por denuncias de carácter delictual, 365 no registran medida disciplinaria alguna, por lo que los funcionarios podrían estar delinquiendo dentro de las cárceles.
De acuerdo con conocedores del tema, hay dos razones detrás de estos sumarios interminables. La primera –y la más inocente– es la falta de diligencia por parte de los fiscales y una insuficiente fiscalización de la institución.
Pero también existe una explicación más grave. Tal como han señalado distintas fuentes reservadas y como afirmó Provoste, habría sumarios que se utilizan como una forma de amedrentar, perjudicar o presionar a funcionarios, en un uso corrupto de las herramientas que entrega la institucionalidad precisamente para enfrentar irregularidades.
En octubre de 2025, Rubén Pérez Riquelme asumió la dirección de Gendarmería, centrando su discurso en el combate a la corrupción dentro de la institución. En febrero de este año, en una entrevista con Radio ADN, el director confirmó que efectivamente los sumarios habían aumentado, aunque vinculó ese incremento con una mayor detección de situaciones de corrupción al interior de los penales.
Los sumarios a 2026
Las normas que regulan los sumarios administrativos fijan plazos y etapas precisas para su tramitación.
De acuerdo con la ley, para desarrollar la investigación sumarial el fiscal tiene un plazo de hasta 60 días hábiles. Transcurrido ese tiempo, puede proponer el sobreseimiento o formular cargos. Posteriormente, el inculpado puede presentar descargos y solicitar la rendición de pruebas, para que finalmente el fiscal emita un dictamen que es elevado al jefe de servicio. Este último puede absolver, sancionar o bien ordenar nuevas diligencias.
De acuerdo con la Ley N°19.880, el procedimiento administrativo no debería exceder los seis meses desde su inicio hasta la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Sin embargo, en la práctica estos plazos raramente se cumplen y existen investigaciones que se extienden durante años dentro de las instituciones estatales. A la fecha, en Gendarmería, más de 4.400 sumarios han superado aquel plazo máximo.
De los sumarios “vencidos”, casi un 43% sigue en etapa de indagatoria, es decir, aún se encuentran bajo investigación de un fiscal. Distribuído por año, en esa etapa aún se encuentran 116 que fueron abiertos el 2020; 139 del 2021; 148 del 2022; 201 del 2023; 339 del 2024 y 947 del 2025; además de otros 18 que abrieron en enero de este año.
La fase que concentra la segunda mayor cantidad de casos es la resolutoria, que corresponde al momento en que la autoridad superior del servicio examina el informe del fiscal para aprobar, modificar o rechazar la medida disciplinaria. De todos los sumarios aún sin concluir, 1.466 se encuentran a la espera del análisis del jefe de servicio.
Los motivos para abrir un sumario son múltiples, aunque la gran mayoría corresponde a “irregularidades administrativas”, categoría que puede abarcar un amplio abanico de incumplimientos menos graves.
Más preocupante resulta la cantidad de sumarios abiertos desde enero de 2020 por causas como agresiones (358), “fugas, motín o incendio” (94) y hechos de carácter delictual (431), categoría que muchas veces hace referencia al contrabando y tráfico al interior de los penales.
Este último punto es especialmente grave, ya que existen investigaciones de carácter delictual que llevan años en curso, y gran parte de estos sumarios no se registra medida disciplinaria alguna. Es decir, habría funcionarios que podrían continuar desempeñando sus funciones con normalidad a pesar de estar siendo investigados por cometer delitos dentro de las cárceles.
De hecho, de los más de 5.000 sumarios abiertos, un 78% no registra medida disciplinaria aún. Entre aquellos que se encuentran en sus fases finales, en más de 350 se propone el sobreseimiento –unos pocos por prescripción– y en más de 150, una multa.
La medida más grave es la destitución, que figura en 302 de los sumarios pendientes. De acuerdo con las cifras entregadas por Gendarmería, sumadas las investigaciones que ya han concluido, las destituciones derivadas de sumarios abiertos entre 2020 y 2026 alcanzan las 523.
En cuanto a su distribución territorial, la mayor cantidad de investigaciones se concentra en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso, La Araucanía y el Maule. Por unidad, la Dirección Nacional lidera la cantidad de investigaciones, seguida por las cárceles de Valparaíso, Arica y Santiago 1.
¿Corrupción?
El objetivo de un sumario administrativo es justamente investigar hechos irregulares y determinar si un funcionario público tiene responsabilidad por faltas a sus deberes y obligaciones. Pero, según han acusado diversas fuentes reservadas a Radio Bío Bío, dentro de Gendarmería estos procedimientos también habrían sido utilizados con otros fines.
Según relatan funcionarios, en algunas ocasiones la apertura de investigaciones se utiliza para amenazar o presionar a los gendarmes, a través de sumarios que pueden derivar en una disminución de sus remuneraciones, suspensiones que pueden extenderse durante años e incluso en la destitución de la institución.
Las mismas fuentes acusan que, en ocasiones, el fiscal asignado a un caso no actuaría de manera independiente y sería presionado por sus superiores para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. También hablan de fiscales elegidos a dedo para priorizar determinados resultados.
Funcionarios suspendidos acusan que conflictos internos y enemistades –muchas veces provenientes de rivalidades entre gremios– han sido determinantes para llegar a esa condición, más que la comisión de una irregularidad. Esto ocurriría, sobre todo, con aquellos gendarmes que tienen mayor poder dentro de la institución. Dejar dormir estos sumarios sería, precisamente, una manera de mantener ese dominio sobre determinados funcionarios.
De hecho, la tercera razón por la que más se han abierto sumarios corresponde justamente a denuncias presentadas por funcionarios.
Según explican funcionarios de la institución, cuando estos sumarios se abren sin que exista una causa real, generalmente terminan siendo sobreseídos. El problema es que ese desenlace puede tardar años y, durante ese periodo, implicar medidas disciplinarias. De los 6.167 sumarios concluidos –abiertos entre enero de 2020 y julio de 2026–, casi 3.000 fueron sobreseídos, antecedente que podría aportar a esta tesis.
La problemática, sin embargo, no es exclusiva de Gendarmería. Funcionarios de distintas instituciones públicas han llamado la atención sobre el uso de sumarios administrativos como una forma de persecución, convirtiéndolo en un problema todavía pendiente de resolver a nivel nacional.
Consultados por Radio Bío Bío, desde Gendarmería negaron responder consultas directas sobre los datos, informando que por el tenor de la temática, cualquier solicitud debía ser ingresada a través del Portal de Transparencia, justamente la vía por la que se obtuvieron los datos.
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