La reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast quedará, por ahora, fuera de la discusión formal de la Comisión de Constitución del Senado.
El presidente de la instancia, el senador PPD Pedro Araya, comunicó al Ejecutivo que no se convocarán sesiones para abordar el proyecto en el corto plazo, por lo que su discusión podría postergarse hasta fines de septiembre o incluso la primera semana de octubre.
La decisión fue planteada durante la reunión que Araya sostuvo con el biministro del Interior y Seguridad y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado. De esta forma, la comisión se abocará durante las primeras dos semanas legislativas de septiembre a la votación en particular del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Luego vendrá la semana distrital y las celebraciones de Fiestas Patrias, reduciendo las posibilidades de que la reforma de seguridad sea discutida formalmente durante septiembre.
Pese a este escenario, el Ejecutivo ya habría definido que no retirará la iniciativa. La alternativa que se analiza es utilizarla como texto base para desarrollar un trabajo prelegislativo entre los integrantes de la Comisión de Constitución, sus asesores y representantes del Gobierno.
La idea es determinar qué materias tienen viabilidad para quedar consagradas a nivel constitucional y avanzar hacia un texto que reúna mayores respaldos antes de que la iniciativa sea sometida a votación.
Araya propone trabajo prelegislativo por reforma de seguridad
El presidente de la Comisión de Constitución planteó directamente al Gobierno la posibilidad de retirar la propuesta y comenzar una negociación con la oposición, aunque manifestó su disposición a que la instancia que encabeza participe de un trabajo técnico previo.
“El llamado al gobierno es a retirar este proyecto y sentarse a la mesa con la oposición, generar un texto. Estamos disponibles a que la Comisión de Constitución pueda realizar un trabajo prelegislativo a fin de abordar cuáles son los bordes que puede tener una reforma constitucional en materia de seguridad pública”, sostuvo Araya.
De acuerdo con lo planteado, el trabajo previo permitiría determinar qué elementos de la propuesta pueden efectivamente ser materia de una reforma constitucional.
Por ahora, dos materias aparecen como las principales candidatas a permanecer en el proyecto: consagrar la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública en la Constitución y modificaciones al régimen penitenciario.
Sin embargo, incluso la primera de estas propuestas requeriría una discusión técnica respecto de su ubicación y redacción dentro de la Constitución.
El resto de los contenidos que contempla actualmente la iniciativa podría quedar fuera, aunque la definición final dependerá del trabajo que desarrollen el Ejecutivo y los senadores antes de que la comisión retome formalmente su tramitación.
Kast defiende reforma, pero admite necesidad de acuerdos
El congelamiento temporal de la discusión coincide con las últimas definiciones del presidente José Antonio Kast, quien defendió la necesidad de abordar la seguridad desde la Constitución, pero reconoció que se debe alcanzar un acuerdo sobre los contenidos.
“Nos tenemos que poner de acuerdo en qué legislación queremos, pero el objetivo es uno: recuperar la seguridad para nuestra patria”, afirmó el Mandatario.
De esta forma, el proyecto enfrenta un escenario distinto al planteado originalmente por La Moneda, con una discusión que se encamina primero hacia un proceso de negociación y revisión técnica antes de una eventual votación en el Senado.
Kaiser pone condiciones al apoyo del PNL a la reforma de seguridad
A este escenario se suman las condiciones planteadas por el Partido Nacional Libertario (PNL), que busca introducir cambios sustantivos a la iniciativa.
El líder de la colectividad, Johannes Kaiser, planteó cuatro propuestas: consagrar expresamente la supremacía de la Constitución por sobre tratados, sentencias o resoluciones de organismos extranjeros; incorporar al fiscal nacional y a los fiscales regionales entre las autoridades susceptibles de acusación constitucional; elevar a rango constitucional restricciones para migrantes en situación irregular respecto del acceso a determinados derechos y beneficios financiados por el Estado; y restablecer los quórums para reformas constitucionales y leyes interpretativas, así como para la aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas constitucionales.
Kaiser también condicionó el respaldo de su partido a la generación de indultos generales para los efectivos desplegados durante el denominado estallido social.
Al explicar una de las propuestas, el dirigente sostuvo que buscan establecer con claridad los derechos a los que pueden acceder las personas en situación migratoria irregular.
“Vamos a presentar también, para que quede claro en tribunales, a qué derechos puede recurrir una persona que está en condición de ilegalidad en nuestro territorio y cuáles no. Queremos sumar también a los fiscales nacionales y regionales para acusar constitucionalmente”, afirmó Kaiser.
Las condiciones del PNL agregan presión sobre el contenido de la iniciativa, que ya enfrenta la necesidad de ser revisada antes de que pueda avanzar en su tramitación legislativa.
PS acusa que reforma abre un nuevo proceso constituyente
Desde la oposición, en tanto, cuestionaron que el debate pueda extenderse hacia materias que, a su juicio, no están directamente relacionadas con el combate al crimen organizado.
El jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara, Raúl Leiva, sostuvo que la propuesta impulsada por el PNL está habilitando una suerte de tercer proceso constituyente en donde cada partido lanza sus ideas de qué debería reformarse en la Carta Magna.
“El Partido Nacional Libertario insiste en modificar la base dogmática de la Constitución. Ha sido una reforma inadecuada que debe ser rechazada para no abrir un nuevo proceso constituyente e incorporar normas que nada dicen relación con la persecución del crimen organizado”, afirmó Leiva.
Así, mientras el Ejecutivo mantiene su decisión de no retirar la reforma, la Comisión de Constitución del Senado optó por postergar su discusión formal y abrir espacio a un trabajo prelegislativo.
El escenario deja en suspenso el contenido definitivo de la iniciativa, que podría experimentar cambios sustantivos antes de ser sometida a votación en la Cámara Alta.
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