La propuesta de reforma constitucional de seguridad pública presentada por el Gobierno ha dado mucho que hablar durante los últimos días, especialmente debido a la creación de un nuevo Estado de excepción constitucional. De hecho, el Gobierno finalmente optó por bajar la urgencia legislativa del proyecto, luego de las críticas que ha recibido la iniciativa tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo.
En resumen, lo que plantea el mensaje presidencial es crear una nueva figura que se activaría ante amenazas graves a la seguridad pública, con duración máxima de 120 días, prorrogables por otros 120 más sin necesidad de autorización del Congreso. Permitiría además una serie de restricciones, como suspender libertades individuales y la colaboración de fuerzas armadas con fuerzas de seguridad. Puedes leer más al respecto en este artículo:
No obstante, el proyecto de reforma constitucional (Boletín 18597-07) propone también otras modificaciones fundamentales adicionales a la creación de este nuevo estado de excepción. Revísalas a continuación.
¿Qué otras medidas incluye la reforma de seguridad?
En primer lugar, tenemos la incorporación de la seguridad pública como deber estatal. Para ello, se modifica el artículo 1.° de la Constitución para explicitar la “seguridad pública” dentro del deber del Estado de resguardar la seguridad nacional, facilitando así su exigibilidad.
Se contempla también la creación de regímenes penitenciarios diferenciados, lo que faculta a Gendarmería de Chile para aplicar regímenes penitenciarios especiales y diferenciados a los condenados por crimen organizado y terrorismo.
Estos regímenes incluirán restricciones en las comunicaciones, visitas, traslados y beneficios carcelarios, con el fin de evitar que los internos continúen dirigiendo o coordinando actividades ilícitas desde prisión.
Otro punto son las inhabilitaciones severas para los condenados. Esto significa:
– Inhabilitación perpetua para ejercer cargos o funciones públicas (sean o no de elección popular) para quienes sean condenados por delitos de crimen organizado.
– Inhabilitación por 15 años para acceder a penas sustitutivas a la privación de libertad y a beneficios penitenciarios.
– Inhabilitación por 15 años para recibir prestaciones financiadas con recursos públicos vinculadas a la salud, educación, trabajo y seguridad social. Quienes ya reciban dichos beneficios al momento de ser condenados los perderán de inmediato.
El proyecto también propone una modificación del artículo 19, n.º 3, para que se establezca un registro de organizaciones criminales. Su inclusión tendrá efectos directos en la determinación de la responsabilidad penal de sus miembros, aunque se aclara expresamente que esto no eximirá al Ministerio Público de probar la participación individual de cada imputado.
En línea con lo anterior, se introduce una nueva atribución en el artículo 32 de la carta fundamental para que el Presidente de la República pueda declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. Para que dicha declaración presidencial tenga validez, se requiere la aprobación del Senado por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
El Senado deberá pronunciarse en un plazo máximo de 5 días en sesión secreta y con acceso a los mismos antecedentes reservados que tuvo a la vista el presidente.
La iniciativa lleva las firmas del presidente José Antonio Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
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