El proyecto que crea el Registro Único de Actos Vandálicos e Incivilidades quedó listo para ser votado en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, luego de concluir su ronda de audiencias con expertos e instituciones. Mientras desde la oposición sostienen que ninguna de las exposiciones respaldó la iniciativa, insisten en la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), acusando que el proyecto configura un doble castigo.
La Comisión de Seguridad Ciudadana celebró este miércoles su última jornada de audiencias antes de iniciar la votación en general del proyecto impulsado por el Gobierno. Durante su tramitación fueron escuchadas más de una veintena de instituciones y especialistas para analizar los alcances de la propuesta.
Expertos cuestionan efectos del registro
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, advirtió que una de las sanciones contempladas por el proyecto —la pérdida del acceso a la gratuidad— podría generar efectos contrarios a los que busca la iniciativa.
“La medida, en nuestra opinión, puede generar una exclusión económica, deserción y debilitamiento de la reinserción, produciendo incluso efectos contrarios a aquellos que se buscan”, señaló.
Corrales agregó que esa sanción no tendría el mismo impacto para quienes pueden financiar sus estudios superiores, lo que, a su juicio, introduce una diferencia en la aplicación práctica de la medida.
En la misma línea, la oficial de Protección de la Infancia de Unicef Chile, Candy Fabio, sostuvo que la incorporación de una persona al registro podría generar efectos indirectos en niños, niñas y adolescentes de su entorno familiar. Además, aseguró que no existen antecedentes de una legislación similar.
“No hay registro de este tipo que involucre a niños, niñas o adolescentes; de hecho, no hemos encontrado registros tampoco de adultos. Sobre todo considerando que lo que existe es contar con una edad mínima respecto de los adolescentes que cometen delitos, con privaciones de libertad respecto de delitos graves”, afirmó.
Por su parte, el académico del Departamento de Estudios Públicos de la Universidad de Santiago, Diego Hernández, marcó diferencias entre esta iniciativa y la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo anunciada por el Ejecutivo, de la cual el registro no forma parte.
“El registro de vándalos va por cuerda separada. Esto está asociado a organizaciones criminales y el registro de vándalos es más bien una sanción social en la participación de ciertas acciones o conductas”, explicó.
Oposición insiste en acudir al TC
Tras el cierre de las audiencias, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, aseguró que ninguno de los 21 invitados respaldó el proyecto y reiteró que existen reparos de constitucionalidad que podrían derivar en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
“De los 21 invitados no hay ninguno que haya estado de acuerdo con el proyecto. Este es un proyecto que adolece de graves fallas de constitucionalidad, lo hemos dicho, pero además no hay ninguno de los 21 invitados de los distintos sectores políticos que haya dicho que este es un buen proyecto”, sostuvo.
Con las exposiciones concluidas, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá votar en general el proyecto en su próxima sesión. En paralelo, desde la oposición mantienen la advertencia de recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que la iniciativa establece una sanción adicional para personas que ya han sido condenadas por la justicia, configurando un eventual doble castigo. El escenario recuerda la controversia generada por otros proyectos que también terminaron siendo revisados por el TC.
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