La cadena nacional del presidente José Antonio Kast, en la que presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), generó críticas transversales desde la oposición. Diputados de diversos partidos cuestionaron la ausencia de medidas clave para desarticular las finanzas del crimen organizado, la falta de prevención y la omisión del control de armas; aunque algunos parlamentarios valoraron iniciativas puntuales como el decomiso sin condena y el fortalecimiento de las policías.
En conversación con La Radio, la diputada Tatiana Urrutia (RD) señaló que estarán atentos a conocer el contenido de los proyectos que anunció el Presidente. Urrutia manifestó que “a priori, preocupa que, si realmente se busca cambiar la forma de enfrentar al crimen organizado, no se haya mencionado una sola medida sobre control de armas, fortalecimiento del control portuario, persecución de la ruta del dinero o combate a la corrupción”.
En esa línea, la parlamentaria advirtió que “sin golpear el corazón financiero y logístico del crimen organizado, los anuncios pueden generar expectativas que no den resultados”, y ofreció la disposición de su sector para legislar bien.
Mientras que la jefa de bancada del Partido Comunista, diputada Daniela Serrano, cuestionó el enfoque del discurso presidencial. Serrano afirmó que “hemos escuchado en cadena nacional a un Presidente de la República que celebra su mal llamado proyecto de reconstrucción nacional, pero lo que no dice es que este mal llamado proyecto de reconstrucción nacional destruye las arcas fiscales y favorece a los más ricos de nuestro país”.
La diputada agregó que la iniciativa “destruye el financiamiento a los municipios de Chile” y que alcaldes y alcaldesas no fueron escuchados por el Gobierno.
Serrano sostuvo que “todos los chilenos y chilenas van a terminar pagando, a través de sus impuestos generales, una compensación más alta para las comunas más ricas de nuestro país”, mientras que en las comunas más pobres la compensación es una “migaja”.
La legisladora del PC añadió que no han escuchado una voluntad del Presidente ni de sus diputados de seguir la ruta del crimen organizado ni de levantar el secreto bancario. “Todo lo contrario”, enfatizó, y criticó que el Gobierno favorezca negocios ilícitos como cobrar impuestos a las casas de apuesta. “Este gobierno no está preocupado de la seguridad de los chilenos y chilenas, sino que está más preocupado hoy día de hacerle el favor a los más poderosos, a los más ricos y a los amigos de este gobierno“, declaró.
Crítica a la omisión del secreto bancario
En tanto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD), miembro de la Comisión de Seguridad, cuestionó que la megarreforma en seguridad no contemple el levantamiento del secreto bancario, medida que consideró una de las herramientas más eficaces contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos.
Araya sostuvo que resulta incomprensible omitir un instrumento usado ampliamente a nivel internacional para desarticular estructuras financieras. “¿Qué clase de mega reforma de seguridad no contempla lo más importante, levantamiento del secreto bancario? ¿Por qué le tienen tanto miedo al levantamiento del secreto bancario?“, preguntó.
El parlamentario reconoció que han propuesto muchos proyectos y algunos son buenos, pero afirmó que “sin el levantamiento del secreto bancario nunca van a poder combatir efectivamente al narcotráfico, al crimen organizado“.
Del mismo modo, Araya pidió al Presidente que considere el levantamiento del secreto bancario, le ponga urgencia y “de una vez por todas, terminen con el miedo y el terror que le tienen al levantamiento del secreto bancario”. Concluyó que perseguir el patrimonio y los flujos financieros es fundamental para debilitar la capacidad operativa del crimen.
Diputado Mulet valora decomiso sin condena
El diputado Jaime Mulet (FRVS) manifestó su agradecimiento porque el Presidente acogió su propuesta de decomiso sin condena, presentada en un proyecto de ley hace bastante tiempo. Mulet declaró que “he escuchado con atención la propuesta para combatir el crimen organizado y la delincuencia en nuestro país por parte del presidente Kast. Y en primer lugar quiero agradecer que haya acogido mi propuesta, que está presentada en un proyecto de ley hace bastante tiempo, de decomiso sin condena, para perseguir rápidamente los bienes de los delincuentes y venderlos, enajenarlos, obviamente, y destruir la naturaleza económica que incentiva la comisión de delitos”.
Asimismo, explicó que lleva muchos años tras esa propuesta legislativa que presentó en el gobierno anterior y que no fue patrocinada. Mulet agregó que comparte en buena parte la propuesta del Presidente y que, como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tienen toda la voluntad para avanzar rápidamente en esta propuesta, que le parece “una propuesta seria, importante y que puede ayudar efectivamente a combatir la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país”.
Por su parte, el diputado Patricio Pinilla (DC), de la Comisión de Seguridad, señaló que por fin el Gobierno tiene un plan de seguridad de carácter global, que era su principal promesa de campaña.
Sin embargo, echó de menos una integralidad del plan, puesto que “no hay ninguna palabra referida a la prevención ni nada tampoco a la reinserción. Sin prevención ni reinserción, cualquier acción punitiva del Estado será insuficiente“. Pinilla también criticó que se ponga mucho énfasis en la persecución del delito callejero pero no en aquellos que se inician “detrás de un escritorio o en el seno del directorio de una empresa”.
DC pide integralidad, escucha y reconoce aportes previos
Pinilla pidió al Gobierno que levante el secreto bancario de manera administrativa ante movimientos sospechosos y que dé urgencia al proyecto de registro de vándalos de cuello y corbata, que apunta a personas condenadas por delitos financieros. También consideró que hay muy poco respecto de infraestructura policial, ya que las policías no tienen vehículos adecuados ni elementos para enfrentar la delincuencia, y existe un gran déficit de infraestructura.
El diputado DC espera que este plan global pueda discutirse en el Congreso de manera pausada, escuchando a todos los interesados y expertos, porque “en derecho penal se requiere escuchar a todas quienes puedan ser un aporte”.
Pinilla señaló que si los indicadores de delincuencia vienen a la baja, hay que reconocer que vienen así desde el año 2024, producto también de lo realizado por el gobierno anterior. “La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no es tarea de un gobierno, es tarea del Estado”, enfatizó, y añadió que no sirven las consignas ni los discursos, sino que se requiere complementariedad, acción, integralidad, diálogo y voluntad política.
Respaldo condicionado a megarreforma de seguridad
La diputada Carolina Tello (FA), a través de su cuenta de X, cuestionó las palabras del Presidente sobre la reconstrucción.
Tello indicó que “Kast señala que han puesto todos los recursos a disposición para apoyar a las familias para la reconstrucción, mientras que la realidad en Coquimbo es todo lo contrario: vecinas y vecinos abandonados y sin ningún apoyo por parte de este Gobierno frente al temporal que han debido enfrentar”. La parlamentaria calificó la cadena nacional como “totalmente desconectada de la realidad”.
El diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), integrante de la Comisión de Seguridad, recordó que su sector dio un respaldo al Gobierno porque fue claro en querer recuperar la seguridad, y que habían críticas porque existían ideas sueltas pero no un plan.
Por lo tanto, Valenzuela afirmó que “hoy podemos decir que recién vemos un paquete de medidas concretas sobre el cual discutir y legislar”. Sin embargo, advirtió que esto no puede quedarse en una buena puesta en escena y que revisarán proyecto por proyecto.
Valenzuela mencionó que hay iniciativas que les parecen un avance, como ampliar el plazo de flagrancia, fortalecer las facultades autónomas de las policías, endurecer el combate al crimen organizado con persecución patrimonial y decomiso de bienes, sancionar el reclutamiento de menores por bandas criminales, reforzar el control migratorio y avanzar en una persecución penal más eficaz.
El diputado del PDG concluyó que, si estas medidas respetan el Estado de derecho y realmente ayudan a devolver la tranquilidad a las familias, contarán con su disposición para avanzar.
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