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Organizaciones de derechos humanos llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus cuestionamientos al Gobierno de José Antonio Kast, acusando retrocesos en políticas de memoria, reparación e institucionalidad estatal. La audiencia, fijada para agosto en Washington, también contará con la participación de la ANEF, que expondrá reparos por desvinculaciones y cambios que afectan a funcionarios públicos.
El debate por el rumbo de las políticas de derechos humanos en Chile llegará hasta Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para agosto una audiencia donde organizaciones chilenas expondrán sus cuestionamientos a una serie de medidas administrativas del gobierno de José Antonio Kast que, según denuncian, han debilitado instituciones, programas y políticas de memoria, reparación y protección social. Una instancia donde también participará la ANEF para abordar desvinculaciones y afectaciones a funcionarios públicos.
La instancia fue solicitada por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38, espacio de memorias, la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
La audiencia se realizará el 5 de agosto, en la sede de la CIDH en Washington.
Decisiones en DDHH del gobierno de Kast llegan a la CIDH
De acuerdo a un documento visto por BioBioChile, enviado a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, uno de los principales puntos que plantearán las organizaciones es lo que califican como un “vaciamiento institucional” de áreas vinculadas a derechos humanos dentro del Estado.
Entre las medidas que cuestionan, mencionan la disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, cambios en equipos del Servicio Nacional de Migraciones y desvinculaciones en áreas relacionadas con el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, del Ministerio de Justicia. Todo, desde la llegada del gobierno de Kast.
Según las agrupaciones, estas decisiones afectarían a equipos técnicos que durante años han trabajado en materias de verdad, justicia y reparación.
“En esta audiencia daremos cuenta del desmantelamiento del Estado en programas y políticas, afectando a derechos sociales, culturales y ambientales de toda la sociedad, así como una afectación y debilitamiento de las instituciones de derechos humanos del Estado. Este debilitamiento no es aislado, sino que forma parte de un patrón que tiene por finalidad que no exista contrapeso al ejercicio del poder”, señaló Paulina Zamorano, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
“Este patrón de debilitamiento no solo lo observamos en las instituciones de derechos humanos del Estado, sino también como una ofensiva en general, a instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, agregó.
Presupuesto, programas sociales y principio de no retroceso
Otro de los temas que llegará a la CIDH será la revisión presupuestaria para 2027.
Las organizaciones cuestionan los lineamientos entregados por el Ministerio de Hacienda para evaluar programas públicos, entre ellos el Programa de Derechos Humanos y el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS).
A su juicio, eventuales recortes o cierres podrían afectar la atención a víctimas de la dictadura, el acompañamiento judicial a familiares y la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda.
También apuntan a otros 142 programas estatales que fueron incluidos en procesos de revisión.
“Indultos pasivos”
Las organizaciones también expondrán ante la CIDH lo que denominan “indultos pasivos” en el gobierno de Kast.
Con ese concepto se refieren a un supuesto cambio de criterio del Estado frente a solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas por condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Según plantean, en algunos casos los abogados del Estado habrían dejado de oponerse a solicitudes de libertad u otras modalidades de cumplimiento de penas.
La controversia se intensificó luego de que BioBioChile diera a conocer un correo interno del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en el que la directora del organismo, Constanza Garrido, señaló haber recibido instrucciones para no apelar ni intervenir en determinadas causas en etapa de cumplimiento. El antecedente tensionó la versión del ministro Fernando Rabat, quien negó haber impartido una orden de ese tipo, y reforzó las críticas de funcionarios del área, que acusan un cambio de criterio en la actuación del programa.
Las agrupaciones sostienen que esto podría afectar el deber del Estado de garantizar justicia efectiva para las víctimas.
Más de 80 organizaciones piden intervención de la CIDH
Paralelamente a la audiencia, más de 80 organizaciones enviaron una carta a la CIDH solicitando que el organismo requiera información oficial al Estado chileno.
La petición busca que el Gobierno explique las razones detrás de los cambios administrativos, las decisiones presupuestarias y las modificaciones en políticas relacionadas con derechos humanos.
La solicitud se basa en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite a la CIDH pedir información a los Estados sobre medidas adoptadas en esta materia.
A la audiencia también asistirá la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que presentará sus propios cuestionamientos ante el organismo internacional. El gremio abordará la situación de los trabajadores públicos y denunciará lo que considera vulneraciones a sus derechos laborales producto de desvinculaciones y cambios al interior del Estado.
Así, la audiencia reunirá dos reclamos distintos: por un lado, las organizaciones de derechos humanos que alertan sobre posibles retrocesos en memoria, reparación y justicia transicional; y por otro, los funcionarios públicos que cuestionan las consecuencias laborales de la reorganización estatal.
