Después de que la Fiscalía Regional de Antofagasta determinara no perseverar en la investigación del denominado caso Convenios, en la arista que involucraba a Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi, este último acusó una “operación política” que buscó “herir” al Gobierno de Gabriel Boric y al Frente Amplio.
Mediante una declaración pública, el exjefe de asesores del Segundo Piso expresó que “la resolución es categórica: no existían antecedentes para formalizar cargo alguno“. Por ello, sostuvo que “lo que corresponde decir con todas sus letras es que la justicia terminó refrendando exactamente lo que sostuvimos desde el primer día”.
“La causa en nuestra contra nunca tuvo fundamento. Fue una operación política. Se originó en una ampliación de querella presentada por dos diputados del Partido Republicano, destinada a vincularnos con procesos de investigación sobre eventuales hechos de corrupción”, acusó.
“El objetivo no era esclarecer hechos ni la búsqueda de la verdad, sino dañar políticamente. La decisión de la Fiscalía derrumba esa operación y deja en evidencia su verdadera naturaleza”, agregó.
Crispi acusa operación política para dañar a gobierno de Boric
De esa forma, Crispi sostuvo que el fin último de la querella en su contra era el desprestigio, señalando que “quienes sufrimos este ataque sistemático somos parte de un proyecto político, y por eso fuimos elegidos como blanco”.
“Lo que se buscó, atacándonos a nosotros, fue herir al Gobierno del presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio. Ese es el trasfondo que no puede perderse de vista“, subrayó.
“No puedo dejar de señalar algo que muchas veces queda invisibilizado: esto tuvo un costo personal, profesional y familiar para todos quienes fuimos injustamente involucrados y afectados por esta causa. No solo significó millones de pesos para el Estado de Chile en una investigación sin sustento; significó años bajo sospecha pública, con nuestras familias y nuestras trayectorias expuestas, sobre la base de acusaciones que hoy el propio Ministerio Público declara sin fundamento“, agregó.
Así, el también exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que “vale la pena preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar cierta forma de hacer política, y a cuántas personas está dispuesta a dañar en el camino”.
“Como dirigente político, y por el rol que me tocó cumplir, no puedo dejar pasar este momento sin una reflexión. La integridad de los poderes del Estado y, muy especialmente, la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial no puede quedar a merced de operaciones políticas”, afirmó.
De esa forma, planteó que “es urgente discutir los límites de la facultad de diputados y diputadas para impulsar causas penales sin antecedente alguno, convirtiendo la persecución judicial en un arma de la disputa política“, concluyendo que espera “que episodios como este no se repitan”.
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