Un tribunal de Indonesia condenó a 19 integrantes de una red dedicada al tráfico de bebés que eran enviados a Singapur mediante falsas adopciones, pero existe incertidumbre sobre qué sucederá con los casi 20 niños que hoy se encuentran en brazos de padres adoptivos.
Uno de los casos más emblemáticos fue recogido por BBC Mundo. Se trata de David y Ally, una pareja singapurense que, tras varios intentos fallidos por tener hijos, adoptó a un bebé indonesio llamado Marcus creyendo que todo el proceso era legítimo.
Bebés adoptados ilegalmente en Indonesia
La pareja pagó decenas de miles de dólares, una suma que, según les dijeron, cubriría los honorarios de la agencia, los gastos legales, los gastos del niño y una “cantidad simbólica” para los padres biológicos.
Pero su sueño de formar familia se derrumbó años después, cuando las autoridades les informaron que el menor podría haber sido víctima de trata de personas.
Resulta que una mujer indonesia llamada Lie Siu Luan, que figura entre los acusados, admitió haber proporcionado bebés en adopción a al menos cuatro contactos de Singapur por unos US$13.000 (12.1 millones de pesos chilenos) por cada bebé.
Según la investigación, los intermediarios rastrearon las redes sociales en busca de padres interesados en dar a sus bebés en adopción. Una vez adquiridos, fueron llevados a una casa donde quedaron al cuidado de niñeras contratadas y falsificaron los certificados de nacimiento y documentos de adopción.
Ahora, David y Ally afirman que la posibilidad de que Marcus hubiera sido víctima de trata de personas nunca se les pasó por la cabeza y argumentan que la responsabilidad recae en el gobierno de Singapur.
Pero, ¿qué pasará con Marcus y los demás bebés? Mientras activistas en Indonesia sostienen que deberían regresar con sus familias biológicas, especialistas en infancia advierten que separarlos de los únicos padres que conocen podría provocar graves consecuencias emocionales y psicológicas.
Por ahora, ni Indonesia ni Singapur han definido qué ocurrirá con estos menores. Ambos gobiernos aseguran que colaboran en la investigación y que cualquier decisión priorizará el interés superior del niño.