Manuel Guerra ante fiscalía: admite amistad con Hermosilla y desconoce "instrucciones" de Chadwick

—A diferencia de Luis Hermosilla, con Andrés Chadwick no tengo ni tuve una relación de amistad (…) Jamás le solicité instrucciones ni intervino en mis decisiones procesales.

Manuel Guerra Fuenzalida, exfiscal regional metropolitano Oriente, declaró por segunda vez ante el Ministerio Público. Lo hizo la mañana del pasado 7 de julio, en el marco de la causa en su contra por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos que lidera el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. A Guerra se le investiga por haber favorecido y haber entregado información sensible a figuras de la derecha mientras ocupaba su cargo, uno de los más codiciados del organismo persecutor.

En su alocución de seis carillas —a la que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, el abogado volvió a insistir en su inocencia, aunque en algunos pasajes contradijo lo que él mismo planteó durante su primera declaración.

—Descarto que los fiscales Sepúlveda o Ramírez me hayan entregado información —afirmó, en relación a la investigación contra el entonces alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por delitos de corrupción.

“Relación de amistad”

Como cuestiones preliminares, el fiscal Anatole Larrabeiti le consultó a Guerra sobre las circunstancias que lo llevaron a acercarse a la derecha y a la centroderecha.

—Mi acercamiento al sector político —explicó el imputado— ha sido desde una perspectiva de observador interesado en esa actividad, vinculándome con diversas autoridades en razón de mis funciones como fiscal regional. Conozco a personas como Víctor Pérez u otras, con quienes incluso tuve discrepancias públicas por su visión de la labor del Ministerio Público, a quienes ellos acusaban de actuar para la izquierda. Mi relación con personeros de ese sector, como Raúl Torrealba, nació de instancias de coordinación institucional, como la generada con los alcaldes de la zona Oriente.

—En cuanto a Luis Hermosilla, describa su relación con él —le solicitó Larrabeiti.

—Mi relación con Luis Hermosilla era de amistad, forjada a lo largo del tiempo por intereses comunes, especialmente en el ámbito político. Era frecuente que nos reuniéramos a almorzar o tomar café. Debo precisar que gran parte de nuestras conversaciones por WhatsApp eran de índole personal y privada, y no guardan relación con los hechos investigados.

—¿Requirió la intervención de Luis Hermosilla para algún objetivo o finalidad?

—Nunca busqué un provecho económico o material en mi relación con él. Las gestiones que pudimos conversar, como la solicitud de una reunión con el Presidente Piñera, tenían objetivos netamente institucionales, como asegurar la continuidad de los equipos policiales durante el verano de 2020 ante el estallido social.

“ultra privada”

Guerra se refiere a una cita que gestionó el propio Luis Hermosilla. En enero de ese año, Guerra le consultó al entonces asesor de Interior si existía la “posibilidad cierta” de reunirse con el Jefe de Estado,

“Me interesa hablar con él (…) Servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros”, acotó Guerra. “Obviamente no en La Moneda y en forma ultra privada o secreta”, complementó (vea esos chats aquí).

La reunión se concretó ese mismo día en el domicilio particular de Andrés Chadwick Piñera, en Vitacura. Pese a los intercambios, Chadwick, en su declaración ante fiscalía, negó ese encuentro.

—En relación con Andrés Chadwick, refiérase a su vínculo con él —le solicitó el fiscal durante la diligencia de comienzos de este mes.

—A diferencia de Luis Hermosilla, con Andrés Chadwick no tengo ni tuve una relación de amistad. Es una persona conocida con quien tuve una buena relación profesional. Lo conocí más profundamente cuando él asumió como decano en la Universidad San Sebastián. Jamás le solicité instrucciones ni intervino en mis decisiones procesales —retrucó el abogado, actualmente en prisión preventiva en Capitán Yáber.

—¿Sostuvo alguna reunión con autoridades del Gobierno?

—Sí, me reuní a solas con el Presidente Piñera el 9 de enero de 2020 en la casa de Andrés Chadwick. El objetivo fue plantearle la necesidad de mantener los equipos policiales durante el verano para las investigaciones del estallido y criticar la visión del gobierno sobre la supuesta intervención extranjera.

Piñera e “información privilegiada”

Guerra, en su calidad de fiscal regional Oriente, le correspondió intervenir en más de una causa ligada al propio Piñera, sus cercanos y a figuras de la derecha. Sin ir más lejos, en el caso Penta dejó libre de polvo y paja al hoy senador Iván Moreira y a Santiago Valdés, administrador electoral y hombre de confianza del fallecido exmandatario.

Los investigadores le consultaron al imputado si existieron comunicaciones respecto de estos últimos dos con Chadwick y Hermosilla.

—Sí, existieron comunicaciones donde comenté estados de la causa —replicó Guerra—, pero jamás entregué antecedentes reservados de la investigación. Mi intención era simplemente comentar sobre decisiones que, en muchos casos, ya eran públicas o estaban por serlo.

La misma consulta le hicieron respecto del caso Exalmar/Dominga, donde Piñera fue sobreseído a petición de Guerra.

—Solo existe un chat de fecha 27 de julio de 2017 donde menciono a Hermosilla la audiencia de sobreseimiento de Piñera. No hubo ninguna otra comunicación sobre este caso que pudiera interpretarse como una relación espuria.

El caso Exalmar se destapó luego de que el entonces diputado Hugo Gutiérrez, presentara una querella contra el entonces Mandatario, por los delitos de uso de información privilegiada, negociación incompatible y uso de información reservada. Esto, en relación con su inversión en la empresa pesquera peruana Exalmar a través de un holding que agrupa a las sociedades que eran propiedad Sebastián Piñera, Bancard International Investments Inc., durante el período en que se desempeñaba como Presidente de la República.

En simple, el libelo apuntaba a que el entonces Jefe de Estado habría adquirido acciones en Exalmar mientras Chile y Perú mantenían un litigio territorial ante la Corte Internacional de Justicia, lo que le habría otorgado acceso a información confidencial. Luego, tras un reportaje de Radio Bío Bío, la causa se amplió, puesto que se descubrió que Piñera, siendo Presidente, habría realizado gestiones a favor de la Minera Dominga.

—Expláyese sobre la tramitación de Exalmar, ¿Contó con equipo? —le consultaron a Guerra

—Me reasigné la causa personalmente para evitar filtraciones y trabajé directamente con la PDI. No trabajé con otros fiscales, aunque conté con el apoyo puntual de la abogada asesora Valentina Spencer en la preparación de la audiencia.

El caso, en primera instancia, había caído en manos de los entonces fiscales de Alta Complejidad Oriente, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo. Gajardo cree que las razones detrás de la reasignación de la causa, según se desprende de su declaración ante fiscalía, apuntaban más bien a favorecer a Piñera.

—Respecto del caso Exalmar, puedo decir que me fue asignado el año 2016, en la cual se inició la investigación, la cual era compleja y que además afectaba al ex presidente Sebastián Piñera, naturalmente tenía que ser asumida por la Fiscalía de Alta Complejidad. A pesar de ello, el fiscal regional Manuel Guerra, decidió llevar esa investigación sin la participación de ningún otro Fiscal, lo cual es raro y de escasa ocurrencia. Los resultados están a la vista. Realizó una investigación superficial que por la mala calidad que tuvo, debió ser reabierta años después.

Ayuda al Tronco Torrealba

La indagatoria contra Guerra también incluye una querella en su contra presentada por la Municipalidad de Vitacura. La investigación sostiene que el imputado, antes y después de su renuncia al Ministerio Público, comunicó y divulgó antecedentes reservados de la causa por corrupción en contra del entonces alcalde, Raúl Torrealba —conocido como El Tronco—, a Luis Hermosilla.

“Hola Lucho. Lo de Torrealba se ve complejo, creo que si avanzan se pondrá más difícil para él”, le escribió Guerra, para luego detallar paso a paso la confesión de Antonia Larraín, brazo derecho del entonces jefe comunal. “La declaración es lapidaria”, complementó Guerra.

En la comunicación, el imputado le hizo saber a Hermosilla que la investigación la lideraba el fiscal Carlos Ramírez, a quien describió como alguien que era “cercano” a él y “serio y de bajo perfil”.

En su primera declaración ante la fiscalía, publicada por Ciper, Guerra apuntó a que la información se la había entregado el persecutor Felipe Sepúlveda y dejó fuera a Ramírez.

“En términos muy generales, me indicó [Felipe Sepúlveda] que efectivamente existía una causa, y que provenía de una denuncia de la Municipalidad de Vitacura”, afirmó.

En el testimonio que entregó este mes, Guerra se desdijo.

—¿Cómo recabó información sobre el estado de la causa de Torrealba?

—La información la obtuve de fuentes ligadas al propio Raúl Torrealba, con quien mantuve contacto tras salir del Ministerio Público, y de lo que ya circulaba profusamente en la prensa y en el municipio. Descarto que los fiscales Sepúlveda o Ramírez me hayan entregado información —aseveró.

Guerra aterrizó, inmediatamente después de su salida de la fiscalía, en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), entidad financiada justamente con dineros provenientes de la casa edilicia que presidía El Tronco. La Contraloría más tarde objetaría su contratación por existir un posible conflicto de interés.

Aterrizaje en la USS

La búsqueda de nuevos horizontes laborales antes y después de su renuncia al Ministerio Público ocupan varias páginas de whatsApps que fueron intercambiados entre Guerra y Hermosilla.

Al persecutor le interesaba, por ejemplo, ser designado por Piñera en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

—¿Tuvo alguna relevancia Luis Hermosilla o Andrés Chadwick en la vacancia del CDE? —le consultaron los investigadores

—No. Solo le pregunté a Hermosilla si sabía quién ocuparía el cupo de María Eugenia Manaud por mera curiosidad profesional, comentando incluso que yo no tendría posibilidades por haber investigado al Presidente.

También le pidió a Hermosilla y Chadwick formar parte de su estudio jurídico.

—Mi intención era integrarme a un espacio físico para ejercer la profesión de forma independiente, pagando un arriendo o “comunidad de techo”, no como empleado de ellos —lanzó.

—Exprese la justificación de quién dio o determinó que no podría integrar la comunidad.

—Luis Hermosilla finalmente me comunicó que no tenía espacio físico disponible en su oficina para recibirme.

Donde Guerra sí logró conseguir trabajo fue en la Universidad San Sebastián, institución con amplias redes en la derecha.

—¿Con quién sostuvo conversaciones para gestionar su ingreso?

—Directamente con el presidente de la junta directiva, Luis Cordero Barrera, en marzo de 2021. Él fue quien tomó la decisión de contratarme para fortalecer el cuerpo académico con experiencia práctica.

—Refiérase a la forma de determinación de su sueldo.

—El sueldo fue ofrecido por Luis Cordero; yo percibía aproximadamente 4,8 millones de pesos líquidos por 22,5 horas semanales, lo cual era menos de lo que ganaba como fiscal regional.

Respecto de por qué renunció al Ministerio Público, Guerra espetó:

—Me sentía aburrido, cansado y con una profunda desesperanza por la falta de liderazgo del fiscal nacional Jorge Abbott y el abandono en que sentía a la Fiscalía Oriente. Sentía que mi ciclo de 19 años en la institución había terminado.

Pacto con fiscalía

Tal como reveló esta Unidad de Investigación el sábado recién pasado, el Ministerio Público, el CDE y Manuel Guerra alistan un acuerdo para otorgar un procedimiento abreviado a Guerra.

Si bien aún restan detalles para sellar el acuerdo, lo cierto es que los tribunales ya fijaron una audiencia para el 7 de octubre de este año para discutir la posibilidad de dar una salida judicial anticipada al exfiscal.

La idea del Ministerio Público, afirman quienes conocen al dedillo la indagatoria, es que Guerra pueda ser condenado por todos los delitos por los que fue formalizado. Es decir, como autor de los delitos consumados y reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.