Más allá del SAE y Escuelas Protegidas: ¿Cuál es el relato en educación?

Durante casi dos décadas, la discusión educacional chilena ha girado en torno a los instrumentos: financiamiento, copago, selección, gratuidad, desmunicipalización, Sistema de Admisión Escolar (SAE), Carrera Docente, burocracia o convivencia escolar. Es cierto, cada uno de esos debates ha sido importante. El problema es que, poco a poco y casi sin darnos cuenta, dejamos de razonar sobre algo mucho más fundamental: ¿Para qué queremos la escuela? ¿De qué nos sirve? ¿En empleo de qué objetivos?

Digamos que todo pacto político supone una determinada idea sobre los fines de la institución que pretende reformar, rediseñar, reactualizar, etc. Sin embargo, en educación pareciera que hemos invertido el orden lógico. Dicho en simple, primero discutimos los medios y sólo después —si es que lo hacemos— los propósitos que estos mecanismos buscan realizar.

Para ilustrar el punto, sirvamonos de una presentación de Carlos Peña frente a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, hace no mucho tiempo. Ahí el rector de la Universidad Diego Portales recordaba que la literatura en sociología y filosofía de la educación ha identificado hace décadas, desde una mirada normativa, al menos cinco grandes fines que persigue la escuela.

El primero es el esfuerzo por transmitir una cultura común y los valores que permiten la vida en sociedad. En segundo lugar, se trata de modelar a ciudadanos capaces de sostener una democracia liberal como la nuestra (léase, como ejemplo, la asignatura educación cívica). Luego, en tercer orden, la escuela se ocupa —cómo no— de desarrollar el capital humano mediante conocimientos y habilidades. La cuarta función busca igualar oportunidades para que el origen social pese menos en la trayectoria vital y que, en cambio, esta sea fruto del mérito. Finalmente, se desea reconocer el derecho de las familias a escoger proyectos educativos coherentes con sus propias convicciones y formas de vida.

En síntesis, la educación tiene como función encargarse de la transmisión cultural, la política cívica, el capital humano, la justicia social y la libertad. Así las cosas, toda sociedad democrática aspira, en alguna medida, a alcanzar esos cinco objetivos.

Ahora bien, Peña es claro que el cómo abordarlas no es una cuestión simple. No se trata de elegir una y descartar las demás. No obstante, tampoco es honesto sostener que todas pueden abordarse con la misma fuerza, al mismo tiempo, puesto que su mera coexistencia produce tensiones imposibles de ignorar. Siendo honestos, fortalecer la diversidad de proyectos educativos puede exigir renunciar a cierta homogeneidad cultural; privilegiar exclusivamente los aprendizajes medibles puede desplazar la formación cívica; enfatizar la igualdad de acceso puede limitar la autonomía de los establecimientos. Entonces —redondea su elocución el rector—, gobernar supone precisamente priorizar funciones y, a su vez, hacerlas explícitas en el debate público.

Vista desde esta perspectiva, la agenda educacional del ministerio que lidera actualmente María Paz Arzola comienza a insinuar una determinada orientación.

La reforma al SAE y el proyecto para facilitar la apertura de nuevos colegios parecen reforzar el pluralismo y la libertad de enseñanza. La aprobación de Escuelas Protegidas y el discurso sobre la recuperación de la autoridad docente buscan establecer condiciones básicas para que la escuela pueda cumplir su tarea formativa —que, dicho sea de paso, no es distinta del quehacer disciplinario—. El fortalecimiento de la lectura y las matemáticas, a través del programa Chile Aprende y Avanza, expresa una preocupación por el aprendizaje y el desarrollo del capital humano.

Es posible advertir un cierto hilo conductor. Sin embargo, ese hilo permanece implícito. Las iniciativas aparecen como respuestas a problemas específicos, reactivos o contingentes, más que como expresiones de un proyecto educacional explícitamente formulado. Y esa diferencia importa.

Las buenas políticas públicas no solo requieren medidas técnicamente correctas; necesitan un relato que las ordene. No para construir un eslogan, sino para ofrecer un criterio distintivo que permita resolver las inevitables tensiones que surgen —y que van a continuar surgiendo, aunque más fácil sea taparse los ojos— en educación.

¿Qué debe privilegiarse cuando la igualdad de oportunidades entra en conflicto con la diversidad de proyectos educativos? ¿Qué lugar ocupa la autoridad escolar frente a la autonomía estudiantil? ¿Cómo equilibrar la formación ciudadana con la urgencia de mejorar los aprendizajes? Ninguna de esas preguntas puede responderse únicamente desde el diseño institucional. Todas remiten, en definitiva, a los fines de la educación.

La discusión sobre el SAE, la libertad para abrir nuevos establecimientos, la autoridad docente o la reducción de la burocracia son importantes. Pero esta aproximación será inevitablemente incompleta —y posiblemente frustrada por un futuro gobierno de oposición al actual— si no va acompañada de una conversación más ambiciosa sobre el tipo de escuela que queremos construir. Dependerá del gobierno, y sólo de él, tener éxito en esta encrucijada.

Pedro San Martín Ahumada
Investigador asociado, Instituto Res Publica