Cada cierto tiempo, un caso de alta connotación pública vuelve a recordarnos que la libre competencia no es un concepto reservado para abogados o economistas. Es un principio que tiene efectos concretos sobre las personas, las empresas y el funcionamiento de las instituciones.
Cuando la competencia opera correctamente, impulsa la innovación, mejora la calidad de los servicios, genera mejores condiciones para los clientes y abre espacio para que nuevos actores puedan desarrollarse. Cuando se debilita, todos esos beneficios también se ponen en riesgo.
Por esa razón, la colusión constituye una de las conductas más graves que puede afectar a un mercado. No solo porque altera precios o condiciones comerciales, sino porque elimina el principal incentivo para que las empresas mejoren constantemente sus propuestas de valor: la necesidad de competir. Cuando los actores dejan de disputarse a los clientes, quienes terminan perjudicados son los consumidores, las organizaciones y, muchas veces, el propio Estado.
En esa línea, el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Pluxee y Edenred vuelve a poner este debate sobre la mesa. Será la institucionalidad la encargada de determinar los hechos y las eventuales responsabilidades, como corresponde en un Estado de Derecho. Sin embargo, más allá del desenlace judicial, este caso ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de fortalecer mercados donde competir sea realmente posible.
Promover la libre competencia no consiste únicamente en sancionar conductas anticompetitivas cuando estas ocurren. También implica favorecer entornos donde nuevos actores puedan desafiar a quienes llevan más tiempo en una industria, donde las empresas ganen clientes por mérito propio y donde la innovación sea el principal factor de diferenciación.
Esa reflexión cobra aún más relevancia cuando se trata de programas públicos como Junaeb. Durante años, solo dos actores cumplieron las condiciones establecidas en las bases de licitación para participar en ese mercado, una realidad que invita a seguir reflexionando sobre cómo fortalecer entornos cada vez más abiertos, dinámicos y competitivos, especialmente cuando están en juego recursos públicos y beneficios destinados a miles de personas.
Como empresa que ha construido su crecimiento compitiendo en este mercado, creemos que la mejor política pública es aquella que fomenta la competencia leal, la innovación y la igualdad de oportunidades. Los mercados funcionan mejor cuando las empresas se esfuerzan por ofrecer más valor, no cuando dejan de competir.
Esa es, probablemente, la principal lección que deja este debate. Porque la libre competencia no busca proteger a determinadas empresas, sino al proceso competitivo. Y cuando ese proceso funciona, ganan las personas, las instituciones y el país.
Patricio Dueñas
CEO y fundador de amiPASS
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