El derecho a permanecer en el territorio

Cada verano los incendios forestales obligan a cientos de familias a abandonar sus hogares. Cada invierno las inundaciones vuelven a repetir escenas similares. Cambia la emergencia, pero las imágenes son las mismas: personas evacuadas, animales rescatados, caminos interrumpidos y comunidades que, de un momento a otro, deben dejar el lugar donde construyeron su vida.

Con el paso de los días las noticias cambian. La emergencia desaparece de los titulares. Sin embargo, para muchas familias el problema recién comienza.

En Chile seguimos entendiendo estos hechos como eventos aislados. Hablamos de incendios, de inundaciones o de temporales, pero pocas veces observamos el fenómeno que los une: el desplazamiento forzado provocado por un territorio que pierde su capacidad para proteger a quienes lo habitan.

El desplazamiento no consiste solamente en abandonar una vivienda. Significa interrumpir proyectos de vida, perder fuentes de trabajo, debilitar las redes comunitarias y alterar la identidad de barrios, localidades y comunidades rurales. En algunos casos el retorno ocurre semanas después; en otros, tarda años o simplemente nunca sucede. Pero existe un segundo desplazamiento que recibe aún menos atención.

Los incendios destruyen hábitats, las inundaciones modifican ecosistemas y la fragmentación del paisaje obliga a numerosas especies a desplazarse o desaparecen las condiciones que permitían su supervivencia. Cuando un humedal deja de absorber el exceso de agua, cuando un bosque pierde continuidad o cuando una cuenca se degrada, no solo pierde la naturaleza. También aumenta la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de esos ecosistemas.

Por eso, el desplazamiento climático debe entenderse como un problema socioambiental. No afecta únicamente a las personas ni únicamente a la biodiversidad. Afecta la relación entre ambos. Cuando un territorio deja de sostener la vida, expulsa tanto a las comunidades humanas como a las especies que lo habitan.

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado continúa concentrándose principalmente en la emergencia y la reconstrucción. Esa respuesta es indispensable, pero resulta insuficiente. No podemos seguir construyendo un país donde cada verano y cada invierno volvamos a reconstruir los mismos territorios.

La adaptación al cambio climático debe transformarse en una política pública permanente, con un fuerte enfoque territorial. Eso implica fortalecer la planificación regional, actualizar los planes reguladores incorporando escenarios climáticos futuros, proteger la infraestructura natural que reduce riesgos y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y municipios para actuar antes de que ocurra la emergencia.

Hoy muchas decisiones dependen de la declaración de una zona de emergencia o de un estado de catástrofe para acceder a recursos extraordinarios. Sin embargo, las comunidades conocen desde hace años dónde se inundan los ríos, qué quebradas presentan mayor riesgo o qué sectores son especialmente vulnerables a los incendios. Esperar la declaración de una emergencia para actuar significa aceptar que la prevención sigue siendo secundaria frente a la reconstrucción.

Si creemos en una verdadera descentralización, también debemos avanzar hacia una descentralización de la adaptación climática. Los gobiernos regionales y los municipios necesitan mayores atribuciones, recursos estables y capacidad de decisión para reducir riesgos antes de que estos se transformen en desastres. La resiliencia territorial no puede depender exclusivamente de decisiones tomadas desde el nivel central cuando la emergencia ya está instalada.

El cambio climático nos obliga a ampliar la discusión sobre el desarrollo. No basta con reconstruir infraestructura. Debemos asegurar que las personas puedan seguir viviendo con seguridad en sus territorios y que los ecosistemas conserven la capacidad de protegerlas.

Quizás ha llegado el momento de incorporar un nuevo principio en nuestras políticas públicas: el derecho a permanecer en el territorio. Porque un país resiliente no se mide únicamente por la rapidez con que responde a una emergencia, sino por su capacidad para evitar que las personas y la naturaleza tengan que abandonar el lugar donde pertenecen.