Enviando corrección, espere un momento...
La Inteligencia Artificial (IA) se ha transformado en una herramienta tecnológica de gran valor estratégico para empresas de cualquier sector y tamaño.
Hoy, con el 71% de las corporaciones usando activamente IA generativa en sus procesos de negocio, nos enfrentamos a una realidad ineludible: esta tecnología se ha transformado en un vector crítico de riesgo operacional, reputacional y, de forma cada vez más apremiante, regulatorio.
Hoy en día, en la llamada “era algorítmica”, los desafíos de la ciberseguridad se han expandido considerablemente, abarcando también la gobernanza y control de modelos que son capaces de tomar decisiones de forma autónoma, que gestionan volúmenes masivos de datos potencialmente confidenciales y que operan bajo el riesgo del Shadow AI, es decir, el uso informal y carente de autorización de aplicaciones de IA en el entorno corporativo.
A nivel global, la situación ya encendió alarmas: el 13% de las compañías ya reportó brechas de seguridad vinculadas a la IA y el análisis forense de estos casos deja en evidencia una clara desatención corporativa, revelando que el 97% de las firmas vulneradas no contaba con políticas de acceso a sus modelos y el 63% operaba sin ningún tipo de gobernanza algorítmica. El impacto financiero de ignorar los riesgos de la IA es contundente: el costo promedio por cada brecha asociada a la IA alcanza los US$ 670.000.
Actualmente, los directorios enfrentan un escenario donde la urgencia de establecer controles ya no es una opción de buenas prácticas; es un requisito legal ineludible.
En Chile, el marco regulatorio cambió las reglas de juego mediante dos pilares: la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663), que exige a los Operadores de Importancia Vital (OIV) y empresas de interés particular mantener estándares estrictos de gestión de riesgos y reportar incidentes en plazos muy acotados. Y la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719), que endurece drásticamente las sanciones por el tratamiento indebido de datos, un punto crítico si consideramos que muchos modelos de IA se alimentan con información sensible, que debería estar correctamente anonimizada.
A nivel internacional, el estándar ya quedó fijado por la norma ISO/IEC 42001:2023, el primer marco mundial para implementar un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA) auditable. Además, las multinacionales miran con preocupación el reglamento europeo (EU AI Act), cuyas multas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual de la compañía infractora.
Frente a este escenario, la solución no radica en la parálisis o en prohibir la tecnología —lo que frenaría la capacidad competitiva—, sino en estructurar una gobernanza auditable y modular.
Las organizaciones deben abordar este desafío implementando un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA) integral, que contemple un relevamiento detallado de los algoritmos junto con la ejecución de evaluaciones de impacto (AI System Impact Assessment). Además, es indispensable evaluar los riesgos asociados a terceros mediante el análisis de la seguridad de los proveedores y considerar programas de capacitación especializada dirigidos a toda la organización, desde los equipos de desarrollo hasta los miembros del directorio.
Durante el año pasado, Chile enfrentó una alarmante cifra de 8,8 billones de intentos de ciberataque. A esta situación se suma que, hoy en día, el 16% de las brechas de datos son perpetradas por ciberdelincuentes que emplean Inteligencia Artificial para potenciar y optimizar sus ofensivas.
Ante un panorama digital cada vez más hostil, resulta indispensable adoptar cuanto antes una Gobernanza de IA. Esta medida nos permitirá supervisar de manera activa los algoritmos, previniendo que la carencia de control ponga en peligro la estabilidad reputacional y financiera de las organizaciones.
Constanza Alarcón
Especialista en Ciberseguridad y Gobernanza de IA
