La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía contra el senador Miguel Ángel Calisto ya tiene fecha. Será este viernes cuando la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revise el requerimiento, un paso indispensable para que el Ministerio Público pueda continuar con la acusación penal en contra del parlamentario por presunto fraude al fisco.
La audiencia se da luego de que la Fiscalía Regional de Aysén presentara una acusación en contra de Calisto y otras siete personas, solicitando para el senador una pena de 12 años de presidio por delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones.
¿Por qué debe revisarse un nuevo desafuero contra el senador Calisto?
Aunque el senador Calisto ya había sido desaforado anteriormente cuando ejercía como diputado, esa resolución perdió vigencia tras ser electo senador.
Al asumir un nuevo cargo de elección popular, el parlamentario adquirió un nuevo fuero constitucional, por lo que la Fiscalía debió solicitar nuevamente su desafuero para poder continuar con la persecución penal.
La revisión estará a cargo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Si el tribunal acoge la solicitud, la defensa podrá recurrir ante la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre si el senador pierde o no la inmunidad parlamentaria.
Solo si el desafuero queda firme, el proceso penal podrá seguir avanzando hacia el juicio oral.
La investigación
La causa apunta a un presunto mecanismo de desvío de recursos públicos entre 2018 y 2022, cuando Miguel Ángel Calisto era diputado.
Según la Fiscalía, el parlamentario habría actuado junto a su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y Carla Graf para obtener recursos desde el Congreso mediante asesorías parlamentarias que, de acuerdo con la investigación, nunca se realizaron.
El Ministerio Público sostiene que Graf fue contratada como asesora parlamentaria, pero que en la práctica era una “funcionaria fantasma”. Los pagos efectuados por la Cámara de Diputadas y Diputados por esas asesorías habrían sido transferidos, en parte, a Calisto y a Cárcamo para beneficio personal.
Por estos hechos, la Fiscalía afirma que el perjuicio fiscal supera los $100 millones y presentó una acusación por delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones.
Calisto, sin embargo, ha rechazado esa tesis. En su declaración ante el Ministerio Público aseguró que Carla Graf sí cumplía funciones de asesoría, aunque no integraba el equipo habitual de su oficina parlamentaria.
La resolución que adopte este viernes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt marcará el próximo hito del caso y definirá si la acusación del Ministerio Público puede seguir su curso o si la discusión se traslada a la Corte Suprema.
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