Lograr reactivar la economía y reducir la cesantía o sufrir la derrota

El presidente Kast enfrenta dos tareas de las que depende el futuro de su gobierno y, tal vez, también el de Chile: la reactivación económica del país y la reducción de la cesantía. Ambas deben concretarse antes de su último año de gobierno para hacer posible la continuidad de tres períodos de políticas liberales, condición que considera necesaria para el cumplimiento integral de su programa.

La reactivación económica y la disminución de la cesantía dependen de la puesta en marcha de inversiones nacionales y extranjeras destinadas a desarrollar proyectos que hoy permanecen estancados por la burocracia chilena. No basta con crear condiciones más propicias para la inversión privada; también es necesario que el Estado tome la iniciativa ofreciendo concesiones para el desarrollo de nuevos proyectos de gran envergadura.

En Chile existen innumerables oportunidades para impulsar un desarrollo rápido y sostenido. Por ejemplo, hay yacimientos minerales que permanecen inexplotados y que podrían licitarse para que inversionistas nacionales o extranjeros desarrollen esos proyectos. Ello permitiría generar mayores ingresos para el Estado, crear empleo, dinamizar las economías regionales y contribuir a una mayor descentralización del país.

Pero ello requiere iniciativas del presidente mucho más enérgicas que las que ha exhibido hasta ahora. Debe liderar con decisión este esfuerzo, alinear plenamente a su bancada parlamentaria en ambas cámaras y otorgar suma urgencia a las iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico y la expansión del empleo que el país necesita con urgencia.

El presidente debe tener presente que un alto nivel de desempleo constituye un terreno propicio para la conflictividad social y para que algunos sectores intenten promover episodios de violencia similares a los del estallido social, que tanto daño causó a Chile.

Asimismo, debe comprender que la reactivación económica es una condición indispensable para acelerar el crecimiento del país y que sus adversarios políticos pueden utilizar todas las herramientas parlamentarias a su alcance para dificultar o retrasar la aprobación de las iniciativas necesarias para llevar adelante ese proceso.

Como es sabido, la izquierda chilena ha promovido la idea de que las riquezas naturales del país deben ser explotadas por el Estado, en cuanto representante de todos los chilenos, y que, por ningún motivo, su explotación debe quedar en manos de inversiones privadas, sean estas nacionales o extranjeras. La idea de que esas riquezas deban permanecer inexplotadas hasta que el Estado cuente con los recursos y la tecnología necesarios para desarrollarlas carece de sentido. Chile enfrenta hoy necesidades urgentes de empleo, crecimiento y bienestar que no pueden postergarse indefinidamente en espera de un escenario futuro incierto.

Debemos ocuparnos, ante todo, de las necesidades de los chilenos de hoy. Nadie puede prever cómo será el mundo en el que vivirán las próximas generaciones ni cuáles serán los desafíos que deberán enfrentar. En cambio, las carencias actuales son concretas y exigen respuestas inmediatas.

Por ello, no resulta razonable mantener inmovilizadas riquezas que yacen en nuestro territorio mientras se espera que el Estado disponga, en algún momento, de los recursos financieros, la tecnología y la capacidad para explotarlas. Si esas riquezas pueden transformarse hoy en inversión, empleo y crecimiento, corresponde crear las condiciones para que ello ocurra en beneficio del país.

Los partidos de izquierda parecen no comprender que una riqueza enterrada no es verdadera riqueza. La prosperidad depende de poner en valor esos recursos y transformarlos en inversión, producción y empleo, no de mantenerlos inactivos. Actuar de otro modo es como el dragón de las leyendas que duerme sobre un inmenso tesoro y lo custodia únicamente para impedir que alguien más lo utilice, sin obtener de él beneficio alguno.

Recuerdo cuando el BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) de Francia realizó prospecciones satelitales desde la Décima Región hacia el sur, hasta los fiordos que anteceden a los glaciares, así como también en el interior de la Quinta Región. Ello ocurrió durante el gobierno del presidente Aylwin, y los informes finales fueron entregados al Sernageomin. Tuve el privilegio de conocer esos informes entregados a la repartición pública chilena y de observar directamente la gran cantidad de yacimientos mineros detectados en esas zonas del país. Quedé asombrado por su magnitud.

Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿qué hizo el Sernageomin con esos planos que revelaban una riqueza potencial tan significativa? Lo que se hizo fue reservar para el Estado todos los puntos donde se identificaron nuevos minerales, dejando esos recursos sin explotación a la espera de una eventual utilización futura. De este modo, han quedado en espera de que alguien los transforme en realidades productivas, en lugar de permanecer como una mera perspectiva que solo genera expectativas sin concretarse.

Estoy convencido de que el día en que Chile logre activar esas riquezas ocultas mediante inversión tanto privada como extranjera, el país podrá avanzar hacia el desarrollo, generando empleo y promoviendo polos de crecimiento descentralizados donde las personas puedan construir sus proyectos de vida y prosperar. Sin embargo, también es probable que este proceso no sea sencillo, ya que enfrentará diversos obstáculos políticos y resistencias que podrían dificultar la implementación de estas iniciativas y el cambio de enfoque respecto de modelos de desarrollo que algunos consideran ya superados por la experiencia histórica.

Téngase presente que, al activar esas riquezas, el Estado chileno se verá beneficiado por la recaudación de impuestos derivados de las nuevas producciones, así como por los royalties asociados a su explotación. Para que todo lo anterior pueda concretarse, se requiere un fortalecimiento del régimen presidencial que el país tuvo en el pasado y que, con el tiempo, ha sido desvirtuado hasta aproximarse en la práctica a un sistema de carácter parlamentario, lo que, a juicio de esta postura, puede transformarse en un obstáculo para el progreso.

Cuando se lleve a cabo la reforma política que el país demanda, estas transformaciones podrán hacerse realidad. Asimismo, se sostiene que ello debiera ocurrir dentro del actual período presidencial, antes de que el presidente Kast se acerque al término de su mandato.