Este martes se discute en el Congreso el proyecto que busca modificar la Ley N°19.327 (de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional) con el objetivo de que los organizadores de este tipo de espectáculos internalicen y mitiguen las externalidades negativas que sus eventos generan en el espacio público y en las comunidades locales, tales como delitos, incivilidades, ruidos y deterioro del entorno.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de resolver dichas situaciones, las cuales impactan en el orden y seguridad pública, en la internalización de los costos y en la exclusión de la comunidad misma.
De acuerdo con la propuesta, “las entidades realizadoras de dichos eventos, hasta ahora, no han internalizado los problemas que ocasionan en el espacio público y en la comunidad local. Tal como se ha indicado, existen externalidades negativas que no son soportadas por quienes organizan dichos espectáculos, debiendo serlo. Esto, desde que son asumidos por las personas comunes y corrientes y los municipios del sector en el que se realiza el evento. Por mencionar algunos: el deterioro de los antejardines de los inmuebles, el colapso del servicio de transporte, la contaminación acústica y la comisión de delitos, entre tantos otros.
¿En qué consiste el proyecto que endurece exigencias en el fútbol profesional?
El proyecto de ley tiene como objetivo reforzar e introducir nuevas obligaciones a los realizadores de espectáculos de fútbol profesional, en el ámbito de las medidas preventivas que deben adoptar para mitigar los efectos que genera la realización del evento en la comunidad local y en las inmediaciones del sector.
De esta forma, se busca:
• Incorporar la mención sobre la exigencia de adoptar medidas que mitiguen el impacto que genera la realización del evento en la comunidad local.
• Crear obligaciones para los organizadores de espectáculos de futbol profesional, a fin de que adopten medidas para mitigar los efectos negativos que la realización del espectáculo pueda generar en la comunidad local.
• Establecer un cobro de derechos municipales por el uso de los bienes nacionales de uso público.
• Sancionar el incumplimiento de las nuevas obligaciones como infracciones gravísimas.
En síntesis, este proyecto busca reforzar y establecer nuevas obligaciones para los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, exigiéndoles que se hagan responsables de lo que ocurre en el entorno cuando se llevan a cabo dichos eventos, como ruidos molestos, daños al espacio público y delitos en las inmediaciones.
Derechos municipales e inclusión de la comunidad
Uno de los puntos importantes de este proyecto tiene que ver con el pago de derechos municipales, donde se indica que, tratándose de eventos cuya organización dependa de organizaciones con fines de lucro y cuyo aforo sea superior a 10.000 asistentes, el organizador deberá pagar dichos derechos.
Estos corresponden por concepto de recuperación del espacio público debido a las externalidades negativas del encuentro deportivo, y por el resguardo de las inmediaciones del lugar donde este se lleve a cabo.
Señalar que los montos deberán destinarse a la limpieza, reparación, vigilancia y/o recuperación del espacio público que se vería afectado, y el pago se realizará dentro de los 5 días siguientes a la autorización del evento.
Por otro lado, también se destaca la inclusión de la comunidad. Respecto a eso, la iniciativa busca que los organizadores de espectáculos de fútbol profesional deban “considerar aportes, observaciones y comentarios de las organizaciones territoriales comunitarias con domicilio en las inmediaciones del lugar donde se realizará el espectáculo deportivo, con el objeto de actualizar el plan de seguridad presentado a la Delegación, y presentar medidas adicionales”.
Para ello, los organizadores deberán tomar las siguientes medidas:
• Informar, con al menos 15 días de anticipación, a la municipalidad y a las personas domiciliadas en las inmediaciones del recinto o lugar en donde se realizará el evento, y la cantidad estimada de asistentes.
• Habilitar canales de consulta y recepción de observaciones, de acceso físico o digital, mediante los cuales las personas y organizaciones del entorno puedan presentar sugerencias, consultas o reclamos antes y después del evento.
• Participar en las instancias de coordinación territorial que convoquen los órganos competentes de la Administración del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.
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