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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía acusó al senador Miguel Ángel Calisto y a otras siete personas por delitos de fraude al Fisco y subvenciones, llevando el caso a un pronto juicio oral. Se investiga un presunto esquema para obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias ficticias.

La Fiscalía dio un nuevo paso en la investigación que persigue al senador Miguel Ángel Calisto. Este viernes, el Ministerio Público presentó acusación en su contra y la de otras siete personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, dejando la causa ad portas del juicio oral.

El parlamentario independiente —quien integra el comité de Evópoli en el Senado— figura entre los acusados por fraude al Fisco en una causa que se arrastra desde hace varios años y que apunta a un presunto mecanismo para obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que, según la investigación, nunca se realizaron.

12 años de presidio mayor en su grado medio es la pena solicitada en particular contra Calisto, por el monto de lo defraudado y la reiteración de delitos.

Presentan acusación contra senador Miguel Ángel Calisto y otros imputados

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, sostuvo que el Ministerio Público reunió una extensa batería de antecedentes para sustentar la acusación.

“La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”, señaló.

La Fiscalía precisó que, respecto de los principales imputados —entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto Águila, además de Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo—, la acusación contempla delitos que tienen asignadas penas de crimen.

De acuerdo con el persecutor, ello se explica por el carácter reiterado de los hechos investigados y por el monto involucrado, que supera los $100 millones de pesos.

Esquema sistemático de defraudación

La investigación sostiene que entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado, se habría concertado con Cárcamo y Graf para obtener recursos desde el Congreso mediante un mecanismo defraudatorio que terminó causando un perjuicio fiscal de al menos $103.664.697.

Según la tesis del Ministerio Público, los servicios contratados y posteriormente rendidos ante el Congreso eran “meramente ficticios”.

“Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”, afirmó el fiscal Libedinsky.

La Fiscalía sostiene además que parte de esos recursos, correspondientes a honorarios pagados por el Congreso a Graf, habrían sido transferidos posteriormente al entonces diputado Calisto y a Cárcamo para beneficio personal.

“En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, resumió el fiscal regional.

Junto con la presentación de la acusación, la Fiscalía pidió nuevamente el desafuero para Calisto:

“Paralelamente a la presentación de la acusación, se ha requerido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique la declaración de desafuero del referido Senador, para que dicho Ilustrísimo Tribunal resuelva que existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación”.

Cautelares

El caso ya había tenido avances importantes durante este año. En mayo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó el arraigo nacional del senador y le prohibió comunicarse con Cárcamo y Graf mientras continúa la investigación.

En esa audiencia de reformalización, la Fiscalía ajustó además el perjuicio económico atribuido a la maniobra, elevándolo desde los $103 millones iniciales hasta los $105.554.697.

A ello se sumó la decisión del Ministerio Público de agrupar otras investigaciones vinculadas a presuntos fraudes al Fisco asociados a proyectos específicos, en una segunda arista que involucra más de $32 millones adicionales.

Con la presentación de la acusación, la causa entra ahora en su fase final antes del juicio oral, instancia en la que la Fiscalía buscará acreditar la existencia del supuesto esquema de desvío de recursos públicos y la participación de cada uno de los acusados.

BioBioChile intentó obtener una declaración del senador Miguel Ángel Calisto, cuyo euipo señaló que el parlamentario no se referirá al tema.