Los diputados Roberto Arroyo (independiente) y Catalina del Real (Partido Republicano) presentaron un proyecto de ley que busca establecer nuevas exigencias para barberías, peluquerías y establecimientos afines.
La iniciativa propone que los titulares de patentes comerciales deban acreditar los antecedentes penales y la regularidad migratoria del personal que atiende directamente al público.
El proyecto busca modificar el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, para condicionar el otorgamiento y renovación de las patentes comerciales al cumplimiento de estos requisitos.
En concreto, los titulares de los locales deberán mantener documentación vigente de quienes trabajan en el establecimiento, incluyendo certificados de antecedentes y, en el caso de personas extranjeras, permisos de residencia o autorizaciones para trabajar vigentes.
Según explicaron los parlamentarios, la propuesta surge ante la preocupación por el eventual uso de determinados rubros comerciales como fachada para actividades ilícitas.
En ese contexto, apuntaron a advertencias realizadas desde la Cámara Nacional de Comercio sobre la posible presencia del crimen organizado en distintos negocios, entre ellos barberías, ópticas y centros de estética.
Proyecto contempla registro de trabajadores y caducidad de patentes
El diputado Roberto Arroyo sostuvo que la iniciativa “no busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia“.
“Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público”, agregó.
Por su parte, la diputada Catalina del Real afirmó que los municipios requieren mayores herramientas para fiscalizar establecimientos comerciales.
“Los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos”, señaló.
La propuesta también establece que los titulares de las patentes deberán mantener un registro actualizado de las personas que atienden en el local, el que tendrá que estar disponible para la fiscalización municipal.
Además, contempla la caducidad de la patente comercial cuando se permita trabajar a personas que no cumplan con los requisitos establecidos o cuando el establecimiento no cuente con el registro correspondiente.
Los legisladores señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la fiscalización municipal sin afectar a quienes desarrollan estas actividades de manera formal y cumpliendo con la normativa.
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