Los cuadernos contables y los 41 balazos que sepultaron a la facción del Tren de Aragua en Valparaíso

Ante sus vecinos de Viña del Mar y Limache, se presentaban como pacíficos repartidores de delivery y esforzadas manicuristas que intentaban ganarse la vida. Sin embargo, detrás de esa fachada de cotidianidad urbana, se escondían “Los Piratas”: una de las células más implacables del Tren de Aragua en la Región de Valparaíso.

Documentos judiciales exclusivos a los que accedió Radio Bío Bío revelan que la banda no solo monopolizaba el mercado de la droga mediante el cobro extorsivo de “causas”, sino que resguardaba su imperio con libretas contables secretas, un arsenal de armas con números borrados y un brazo armado que no dudaba en ejecutar venganzas de hasta 41 balazos.

Investigación

De acuerdo a los antecedentes judiciales de la causa, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio contra los 11 integrantes de “Los Piratas”, una facción del Tren de Aragua que operaba desde mayo de 2022 en Viña del Mar, Villa Alemana y Limache. La indagatoria, liderada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la PDI, permitió descifrar una orgánica rígidamente jerarquizada.

Según los datos, en la cúspide se posicionaba Carlos Luis Padilla, alias “Toro”, quien habría dirigido las operaciones simulando ser un repartidor de delivery. En la práctica, Padilla administraba las ganancias del tráfico de drogas, controlaba el armamento y fiscalizaba los flujos monetarios mediante un cuaderno contable con glosas de “Debe” y “Me dio”, rindiendo cuentas a jefaturas internacionales apodadas “Vladimir” o “Ruso”.

Debajo de su mando operaba su pareja, Aracne Santos Pérez, sindicada como la encargada del lavado de activos a través de cuentas bancarias que intentaba justificar bajo el oficio de manicurista. El control territorial de la Plaza Vergara de Viña del Mar recaía en Katherine Castillo Salas, alias “Kata”, quien en su rol de jefa de plaza supervisaba de forma directa a los vendedores y soldados barriales que ejecutaban las transacciones urbanas.

Modus operandi

La documentación revela que “Los Piratas” contaban con un mecanismo de control coercitivo para monopolizar el comercio de sustancias como ketamina, cocaína base y cannabis sativa. Para permitir que microtraficantes independientes ejercieran la actividad en sus zonas de influencia, la red implementó el cobro obligatorio de una “causa”, un impuesto extorsivo que debían pagar periódicamente para recibir la autorización de la cúpula.

Asimismo, los antecedentes exponen que el líder de la banda realizaba vigilancias rutinarias y consecutivas a los domicilios de acopio y a sus subordinados utilizando un automóvil Nissan Versa. Estas inspecciones no correspondían a visitas casuales, sino a una función de fiscalización destinada a supervisar el stock de las drogas, recaudar los montos acumulados y mantener la disciplina interna de la célula mediante amenazas y amedrentamientos.

Los crímenes de sangre

El brazo armado de la agrupación, compuesto por los sicarios Juan José Farías Vásquez (“Chencho”), Renzo Espinoza López (“Chuky”) y José Alexander Colina Figueredo (“Arcángel”), ejecutaba las represalias violentas de la organización. Entre los episodios delictivos ratificados por el tribunal destaca el homicidio de Alejandro Barrera, perpetrado el 19 de noviembre de 2023 en Viña del Mar, quien recibiría al menos 10 impactos de bala calibre .45 mientras dormía al interior de un “ruco”.

A este hecho se suma un secuestro con homicidio calificado ocurrido el 13 de julio de 2024. En dicha oportunidad, los miembros de la red criminal sacaron a la fuerza a una víctima de identidad desconocida desde su domicilio, la subieron a un automóvil y la trasladaron a un sector apartado donde la acribillaron propinándole al menos 41 disparos. La detención de la banda se concretaría el 29 de agosto de 2024, tras allanamientos masivos que permitieron incautar un arsenal con pistolas Sig Sauer, cargadores Glock y un arma Bersa Thunder con su número de serie borrado que “Arcángel” intentó arrojar por una ventana en una caja de zapatos.

Respecto al éxito del proceso judicial, el fiscal del Equipo ECOH a cargo de la investigación criminal destacó ayer la relevancia del dictamen obtenido ante el tribunal: “Este es un juicio largo, de más de un mes de duración, donde se logró la condena de los 11 acusados por todos los delitos acusados por la Fiscalía. Es una organización criminal que operaba en la zona de Viña del Mar, Limache y Villa Alemana, que cometía delitos de tráfico de drogas, homicidios calificados, secuestro con homicidio, tenencia de armas de fuego y lavado de activos”, relevó el persecutor, agregando que “se solicitaron respecto de los principales líderes penas de presidio perpetuo y penas que suman más de 150 años de presidio en total”.

Las penas solicitadas

Dado que la audiencia de lectura de sentencia se desarrollará el próximo 22 de julio de 2026, las sanciones definitivas aún deben ser ratificadas por los magistrados. Sin embargo, las penas solicitadas por el Ministerio Público arriesgan con desmantelar definitivamente el futuro de los involucrados. Para el líder Carlos Luis Padilla, la Fiscalía exigiría una condena global de 65 años de presidio por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos.

En el caso de Aracne Santos, se pedirían 20 años de presidio, mientras que para la jefa de plaza, Katherine Castillo, la solicitud alcanzaría los 30 años de presidio. Las sanciones más severas recaerían sobre el brazo armado: para José Alexander Colina (“Arcángel”), el ente persecutor requeriría la pena de presidio perpetuo calificado por el secuestro con homicidio, sumado a otros 33 años por delitos de armas y narcotráfico; en tanto, para Juan José Farías (“Chencho”), se solicitaría la pena de presidio perpetuo simple junto a 23 años adicionales de cárcel.

Valoración del Gobierno

Tras conocerse la decisión del tribunal de la Región de Valparaíso, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, valoró positivamente la resolución manifestando: “Este veredicto condenatorio representa un golpe muy relevante contra el crimen organizado y una señal clara de que las instituciones del Estado están dando resultados cuando trabajan de manera coordinada. Gracias a una investigación rigurosa y sostenida de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su equipo ECOH, y de la Policía de Investigaciones, fue posible desarticular una célula del Tren de Aragua que operaba en la Región de Valparaíso y acreditar su participación en delitos de extrema gravedad”.

Finalmente, la representante gubernamental recalcó la postura del Ejecutivo frente al fenómeno delictual: “Como Ministerio de Seguridad Pública seguiremos colaborando activamente con el Ministerio Público y las policías para perseguir a las organizaciones criminales, desarticular sus estructuras y llevar ante la justicia a quienes amenazan la seguridad de nuestro país. Nuestra convicción es clara: el crimen organizado se combate con más Estado, más coordinación y más capacidades investigativas”.