Presidente, el Estado de Derecho no es una metáfora

Hay campañas políticas que prometen crecimiento económico. Otras prometen seguridad. Y después está la campaña de José Kast, que prometía algo todavía más ambicioso: un gobierno donde la probidad sería sagrada, el Estado de Derecho sería intocable y nadie estaría por sobre la ley.

Era una especie de catecismo republicano. Se acabarían los pitutos. Las instituciones volverían a ser respetadas. En resumen, parecía que por fin la Constitución dejaría de ser un libro para adornar bibliotecas y volvería a ser el manual de instrucciones de quienes gobiernan.

Hasta que apareció el caso de la exministra Trinidad Steinert. Y, curiosamente, la Constitución volvió a guardarse en el estante.

La Contraloría General de la República fue categórica. Determinó que la entonces ministra actuó fuera de las atribuciones que la ley le confería al requerir información específica a la Policía de Investigaciones y que, además, debió haberse abstenido de intervenir por existir una relación previa con los funcionarios involucrados.

Traducido al castellano simple: cuando la ley decía “hasta aquí”, la autoridad decidió avanzar un poco más allá.

No lo dijo un dirigente político. No lo dijo la oposición. Lo dijo precisamente el órgano constitucional encargado de controlar la legalidad de los actos de la Administración. Y aquí comienza la mejor parte de la historia.

Porque mientras la Contraloría estudiaba los antecedentes, el presidente José Antonio Kast decidió transformarse en el principal abogado defensor de su ministra. La blindó una y otra vez. Aseguró que había actuado correctamente. Que todo estaba conforme a derecho.

Como si repetir una frase alcanzara para modificar el contenido de las leyes. Y cuando el dictamen ya era público, apareció el Ministro del Interior para insistir en exactamente lo mismo: aquí no había nada que ver.

Es curioso. En Chile tenemos Constitución, leyes, tribunales y Contraloría. Pero, al parecer, ahora también existe una nueva fuente del Derecho: la conferencia de prensa del presidente y sus ministros, quienes generan su propio ordenamiento juridico e incluso peor, muchas veces, se contraponen entre ellos.

El problema es que la Constitución dice otra cosa. Los artículos 6° y 7° establecen un principio tan antiguo como la República: las autoridades solo pueden hacer aquello que la Constitución y las leyes les permiten. Ni un centímetro más. Ese es el principio de juridicidad. No es un consejo; es la base del Estado de Derecho.

El artículo 8° agrega otro estándar igualmente exigente: el ejercicio de las funciones públicas obliga a observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal. Ese mandato encuentra su desarrollo en la Ley Nº 18.575, que exige actuar con probidad administrativa, imparcialidad y, especialmente, abstenerse cuando existen circunstancias que puedan comprometer la objetividad de una decisión.

Precisamente esos fueron los principios que la Contraloría estimó comprometidos en este caso.

Pero aquí aparece la gran ironía. Durante años José Kast recorrió Chile explicando que la probidad era intransable. Que el Estado de Derecho era el límite del poder. Que nadie estaría por sobre la ley. Y tenía razón.

El problema fue que esas convicciones parecían tener una letra chica. Porque cuando la observación alcanzó a una ministra de su propio gobierno, la respuesta no fue exigir responsabilidades. Fue salir a justificar. Defender. Blindar. Relativizar.

Es decir, la ley era intransable… salvo cuando resultaba políticamente incómoda.

Qué curioso concepto de igualdad ante la ley Es como ese vecino que exige silencio absoluto después de las diez de la noche… hasta que el cumpleaños es en su propia casa.

La autoridad moral funciona exactamente igual. No basta con hablar de probidad cuando se está en campaña. No basta con citar el Estado de Derecho cuando sirve para criticar al adversario. La verdadera prueba comienza cuando las mismas reglas alcanzan a quienes comparten la mesa del Consejo de Ministros. Porque ahí desaparecen los discursos y aparecen las convicciones.

La Contraloría hizo su trabajo. Aplicó el derecho. El Gobierno defendió a sus ministros. Los que pierden son los chilenos y el Estado de Derecho.

Y los chilenos pudieron comprobar que existe una enorme diferencia entre un gobierno que prometía construir una República donde nadie estaría sobre la ley y otro que, cuando la ley llamó a la puerta de La Moneda, prefirió preguntar primero si venía con credencial de amigo. Porque la probidad nunca murió en el dictamen de la Contraloría. La probidad murió mucho antes, el día en que el Gobierno decidió que era más importante proteger a una autoridad que proteger el principio que prometió defender frente a todo Chile.

Presidente, la Constitución no es una metáfora y usted juró respetarla.