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Por
Ricardo Yáñez Reveco
General Director de Carabineros (R)Patricio Santos Poblete
General de Carabineros (R)
La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, tras el robo violento del auto de su familia, nos volvió a activar el “modo automático”. El guion estatal es idéntico cada vez: declaración presidencial, condena ministerial, despliegue policial y promesas del famoso “peso de la ley”. El Estado adopta ese tono solemne justo cuando necesita ocultar que ha perdido el control.
Luego entran los parlamentarios con su conocida tradición legislativa: cada tragedia merece una reforma exprés y cada ley parece necesitar el nombre de una víctima para venderse bien. El ciclo político y mediático se cierra rápido, con una velocidad admirable.
Lo que avanza a paso de tortuga son las preguntas incómodas. Esas que no miran al patrullero ni al juez, sino al living de la casa.
Porque los adolescentes que hoy aprietan un gatillo o roban un auto, hace nada tenían diez, once o doce años. En algún momento, alguien los llevó al colegio. Alguien firmó sus comunicaciones. Alguien debió saber dónde dormían, con quién andaban y a qué hora llegaban. Alguien tuvo que notar que aparecía dinero sin explicación o que las noches se hacían demasiado largas. Si nadie lo notó, ese silencio también habla.
Hace tiempo compramos una idea cómoda: que explicar el delito por razones sociales exime de culpa al individuo, y que exigirle cuentas a la familia es una crueldad. El resultado es una paradoja absurda. Le exigimos omnisciencia al Estado, pero le perdonamos la ausencia a los padres. Esperamos que un carabinero arregle en una esquina lo que nadie fue capaz de corregir alrededor de una mesa.
Por supuesto que hay desigualdad. San Bernardo está en el grupo de mayor vulnerabilidad sociodelictual del país. El delito juvenil no brota de la nada; lo precede la deserción escolar, el abandono familiar y un sistema que detecta las alarmas pero no llega a tiempo.
Los datos son brutales. El año pasado, Carabineros alertó a los municipios sobre la vulnerabilidad de casi 80 mil niños y adolescentes para activar ayuda psicosocial. Sin embargo, el programa estatal especializado (Lazos) solo logró intervenir a unos 5 mil. Su capacidad no cubre ni el 7% de lo que la policía reporta. Los municipios cada vez deben hacer más con menos. El sistema está desbordado.
La pregunta, entonces, no es solo si el Estado llega tarde. La pregunta es si de verdad pretendemos que el Estado llegue solo.
Por lo anterior desde el Centro de Estudios y Gestión de Seguridad Municipal CEGES AChM y desde el Centro Integrado de Seguridad CIS de la UFT, entendemos que ninguna política pública, ni la policía más eficiente, ni el fiscal más implacable va a reemplazar la tarea diaria de una familia: poner límites, enseñar responsabilidad y dar un sentido de pertenencia.
Una sociedad que solo reacciona cuando ya hay un cuerpo en el suelo arriesga algo peor que la inseguridad: está aprendiendo a administrar con elegancia su propio fracaso social.
