Una salida para las familias endeudadas

En Chile hay una crisis silenciosa. Más de cuatro millones de personas mantienen deudas morosas. Casi un millón de personas destina más del 50% de su sueldo a pagar deudas. Muchas viven esta situación en silencio, con angustia y hasta con vergüenza. Cuando el endeudamiento es de esta magnitud, estamos frente a un problema social. Este es el tema que estamos poniendo sobre la mesa, antes que nos estalle en la cara.

La deuda no solo es un problema financiero de las familias. Entra a la casa, altera el sueño, genera angustia, provoca discusiones familiares y convierte cualquier imprevisto, como una enfermedad, en un drama. Perder el empleo cuando las cuotas se comen buena parte del sueldo puede significar el derrumbe completo de una familia.

Los números son alarmantes. Al primer trimestre de 2026, 4.011.868 personas registraban deudas morosas, uno de cada cuatro adultos del país. El 73% llevaba más de un año en esa situación y la mora promedio alcanzaba los $2,51 millones. En el grupo más pobre, la mora equivale a cinco sueldos. Es matemáticamente impagable con su ingreso. Los grupos C3, D y E concentran más del 80% de la morosidad.

¿Por qué pasa esto? Porque cuando una persona se atrasa, la deuda crece como bola de nieve. Se le suman intereses moratorios, gastos de cobranza y el hostigamiento de las llamadas. Cada acreedor cobra por su lado. Alguien puede repactar con un banco y seguir igual de ahogado porque tiene otras cinco deudas intactas. El sistema termina exigiéndole más al que ya no da para más

Esto se grafica bien con el dato de la CMF, que señala que el 14,1% de los deudores del sistema financiero (cerca de un millón de personas) destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de sus obligaciones. Gente que después de pagar las cuotas quedan sin margen para vivir. Muchos de ellos ni siquiera están morosos.

La Ley 20.720 ya tiene un Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora. El problema es que llega a muy pocas. En todo 2025 se iniciaron apenas 12.333 procedimientos. Una gota en el océano. La ley obliga a esperar a estar hundido para pedir ayuda.

Pero cuando se usa, funciona. La enorme mayoría termina en renegociación. Lo que falla son las barreras de entrada y la falta de reglas que protejan la capacidad de pago.

Junto a la senadora Daniella Cicardini estamos impulsando una Agenda de Protección a las Familias Endeudadas. No se trata de promesas imposibles, ni de que el Estado pague las deudas privadas. Se trata de establecer reglas justas para que las personas puedan respirar, ordenar sus compromisos y volver a ponerse de pie. La agenda tendrá tres ejes.

Primero, un Plan de Rescate para las Familias Endeudadas. Nos inspiramos en experiencias internacionales que ya funcionan, como la del Reino Unido aplica desde 2021 en el llamado “Breathing Space”: un respiro legal de 60 días en que se congelan los intereses y se frenan las cobranzas para que la persona ordene sus cuentas con asesoría.

Eso mismo proponemos. Un respiro de 60 días, en el que se suspendan las cobranzas y los intereses. y en que, si a alguien lo están ejecutando en tribunales, ese juicio se frene mientras negocia. Y algo clave: que puedan acogerse no solo quienes ya están morosos, sino también quienes, estando al día, entregan más de la mitad de su sueldo a las deudas y cambia su situación financiera. Porque a esa persona hay que ayudarla antes de que caiga, no después. Ese período permitirá que la persona reúna sus obligaciones, ordene su situación y presente una propuesta de pago a sus acreedores.

La idea es llegar a una sola cuota mensual que no supere el 30% de los ingresos. Pagar lo que de verdad se puede, con un plazo que tenga fecha de término, y que lo que quede pendiente se condone al cumplir. Del 50% que ahoga al 30% que deja respirar, y con una salida a la vista. No estamos inventando un aparato estatal nuevo. Estamos arreglando una herramienta que ya existe, que es gratis y que funciona, para que llegue antes y a más gente. Lo hacemos con una modificación a la ley de insolvencia.

Segundo, impulsaremos nuevamente los proyectos Chao Dicom y Chao Histórico, ya aprobados por la Cámara y esperando su turno en el Senado. Chao Dicom saca de circulación ciertos registros públicos de morosidades hasta una fecha definida. Chao Histórico consagra el derecho al olvido financiero: que antecedentes viejos no se sigan usando para castigar a una persona para siempre.

Ninguno de los dos borra ni condona una deuda. Lo que hacen es impedir que una deuda se convierta en una condena de por vida. Y esto es de sentido común: una deuda que ya ni siquiera se puede cobrar, porque su acción prescribió, no puede perseguir a alguien por décadas. Hasta quien comete un delito puede borrar ciertos antecedentes penales con el tiempo. Un deudor, no. Una persona que cayó, se ordenó y volvió a cumplir no puede quedar marcada para siempre.

Tercero, insistiremos en la educación financiera para las nuevas generaciones. En 2023 presentamos un proyecto para que en los colegios se enseñe sobre ahorro, créditos, tasas de interés, contratos y derechos del consumidor. A los estudiantes les enseñamos muchas cosas, pero no a leer un contrato de crédito, ni a calcular lo que de verdad cuesta una compra, ni qué significa pagar intereses sobre intereses. Después los soltamos solos frente a la letra chica y esperamos que no se equivoquen. Así no puede ser.

La senadora Daniella Cicardini, además, presentará indicaciones durante la discusión particular de la Ley de los Superricos del gobierno, para incorporar medidas de alivio para las familias endeudadas. Que la gente recupere parte de su ingreso disponible no solo le da tranquilidad. También reactiva el consumo, el comercio, el barrio, la economía nacional.

Las personas quieren pagar. Lo que no aguantan más son los intereses sobre intereses, la cobranza abusiva y las cuotas que no caben en el sueldo.

No proponemos que el Estado pague las deudas de la gente. Proponemos algo más básico y justo. Que pagar una deuda no signifique dejar de vivir.