La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca fortalecer la prevención del lavado de activos, incorporando nuevas empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La iniciativa, impulsada por la bancada del Partido Republicano, fue ingresada hace más de dos años y apunta a reforzar el control sobre la cadena logística portuaria para enfrentar el comercio informal y eventuales redes vinculadas al crimen organizado.
El proyecto sostiene que la UAF requiere un mayor flujo de información para detectar operaciones ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con el ingreso y distribución de mercancías a través de puertos y servicios de transporte.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior y diputada de Demócratas, Joanna Pérez, afirmó que el rol de Aduanas es clave para abordar las problemáticas que denuncian los municipios respecto al comercio informal.
“Esto es un servicio clave contra el crimen organizado y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes en las calles, y que es de manera ilegal o irregular, también ingresan por la Aduana. Creo que ahí hay un tema no menor, porque el servicio tiene desafíos enormes”, señaló.
La norma incorpora como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a empresas logísticas y de transporte, entre ellas compañías de carga aérea, marítima y terrestre, además de firmas dedicadas al transporte internacional.
De esta forma, el sistema de control portuario quedará integrado al esquema preventivo contra el lavado de activos, sumándose a las obligaciones que actualmente ya cumplen bancos, corredoras, notarías, casas de cambio y otras entidades financieras.
Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, manifestó su respaldo al objetivo del proyecto y recordó que los agentes aduaneros que fiscalizan cargas operan como “ministros de fe” en las operaciones de comercio exterior.
“Hoy están contemplados los agentes de Aduana, que son los representantes y ministros de fe de una operación de comercio exterior, y que además tienen una delegación de facultades públicas”, explicó.
La iniciativa también establece que las entidades deberán designar un encargado para mantener la relación con la UAF y precisa que ninguna norma de secreto o reserva podrá impedir el cumplimiento de estas obligaciones.
Asimismo, se establece que la información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal, con el objetivo de incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
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